B - EL MODELO POLITICO
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odo régimen político no solamente debe tratar de fortalecer sus bases
sociales de apoyo, sino que también debe producir cambios en su aparato
institucional dirigido a aumentar el grado de congruencia entre ese aparato
institucional y el proyecto político de turno.
Por otra parte modernizar el Estado es fortalecer la capacidad de
gobernabilidad de la sociedad.
En el orden político la situación a lo largo del siglo XIX fue bastante
irregular, los partidos como tales no existían, eran más bien facciones,
movimientos donde en su mayoría predominaba lo emocional sobre lo racional.
Esta situación en un gran porcentaje fue el motivo de las revueltas que sufrió
nuestro país en ese lapso.
Parecen renacer después del militarismo nuevos impulsos, que apuntan a
una organización más estable, debido a la necesidad de competir en las
contiendas electorales.
Es en este ambiente que los partidos tradicionales realizan su campaña
por la reorganización, desechando los intentos de nuevos y pequeños partidos.
¿Por qué esto? Porque son ellos los que se reparten los elementos populares
que constituyen la base de nuestra nacionalidad.
Se debía tener un equilibrio entre lo pasional y lo racional, el país
requería una organización política interna regular, cuyas ventajas no
tardarían en ser palpables. Ese esfuerzo debía estar por encima de todos los
partidos, esperándose concluyera con su regeneración moral y política.
Federico Acosta y Lara veía al Partido Colorado como un factor poderoso en la socialización
uruguaya, la cual está estrechamente ligada a la vitalidad de la República.[1] Creemos
que no sólo el Partido Colorado cumplía esa función, es importante el papel
que juego el Partido Nacional en la campaña.
La lucha armada debía de dejarse de lado como medio de llegar al poder,
para ello era fundamental regular las instituciones, la libertad y la legalidad
del sufragio, sobre la cual reposarían todos los derechos, sociales y
políticos.
No sólo el sufragio debe de estar presente, a éste lo deben de acompañar
tanto el derecho de reunión como el de libertad de palabra para, juntos, hacer
que el pueblo sea efectivamente soberano.
1 - La Coparticipación
Otra constante de nuestra historia política, no sólo del pasado sino del
presente, es el acuerdo de los partidos, siendo en aquellos momentos tan solo
soluciones transitorias, y de corto aliento.
Esta actitud la conocemos con el nombre de coparticipación, medida
por la cual se incorpora de una manera "ilegal" a la oposición al gobierno.
Determinando que cada partido asumía una óptica del concepto de
gobierno, el país tenía aún muy frescos los días del militarismo, por lo cual
se asumía que los gobiernos no debían nacer de la imposición más o menos velada
del gobernante de turno.
La doctrina de la política de coparticipación o nacional fue un invento
feliz ideado con el fin de combatir la influencia de los partidos
tradicionales.
Los partidos de oposición se vieron fraccionados por disensiones internas
y divididos en bandos que se disputaban la benevolencia de los gobiernos y
compartían las responsabilidades de sus actos alternativamente.
El partido gobernante se ve imposibilitado de llevar adelante sus ideas,
y la oposición pasa a la categoría de partidos auxiliares de los que gobiernan.
El gobierno de partido se concebía en aquellos pueblos, en los cuales
está consagrado por hábitos corrientes, el cambio, la rotación pacífica de los
partidos en el poder. Hasta ahora la
rotación en nuestro país había sido a través de la violencia.
La coparticipación se impuso como
una necesidad en la administración de
Cuestas, compromiso contraído no sólo por él
sino también por varios integrantes de los partidos políticos. El
acuerdo entre los partidos a veces
constituye una necesidad, como lo fue
en 1897, como medio de afianzar la paz y el gobierno.
El gobierno de partido, legalmente ejercido, es una garantía para
el derecho de todos los ciudadanos, obteniendo
cada uno sus posiciones políticas por los medios legales del sufragio popular,
y el gobernante que surja de unas cámaras esencialmente libres, no se tendrá
que sujetar a otro compromiso que el de respetar las instituciones de su
partido que son los intérpretes de las ideas que representa y que deben
caracterizar su acción efectiva en la
dirección de los asuntos comunes.
La guerra civil será entonces imposible porque los derechos de los
partidos políticos se definirán en las urnas electorales con la eficiencia
decisiva del voto popular.
Previo a ello era necesario que todos los ciudadanos se inscribieran en
el Registro Cívico, campaña que todos
los partidos y la prensa impulsaban, incluido hasta el propio Partido
Constitucional.
El 4 de abril de 1900 El Siglo
publica el informe político de la Comisión del Partido Constitucional: "Si la vida es malicia, como dice un libro
que contiene sabias enseñanzas, la vida democrática es malicia en perenne,
perpetua actividad, desde que es el pueblo gobernándose a sí mismo por medio de
mandatarios temporales, amovibles, dentro de los términos fijados por la
Constitución y las leyes.
Es de la delegación de la soberanía nacional que
surgen los tres altos poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, o sea, el que expresa la voluntad nacional, la acción o ejecución
soberana, y la aplicación de la ley a los intereses o derechos en conflicto. Y
es del acierto, del patriotismo con que se procede a la designación, a la
elección de los delegados del pueblo, que depende el tener gobernantes
morales, ilustrados, progresistas o mandones arbitrarios, retardatarios y
rapaces...
El ejercicio del sufragio libre, que es el derecho
nacional de la democracia es pues, al mismo tiempo, el más alto anhelo del
ciudadano. Deber cívico, cuya falta no tiene sanción penal positiva, pero que
cae bajo la sanción moral de la opinión, que siempre ha juzgado malos ciudadanos
a los que indiferentes a la vida pública, a sus nobles agitaciones, a sus
ambiciones generosas, a sus luchas, peligros y sacrificios, se encierran en un
egoísmo inexcusable.
La ciudadanía es función activa y social y debe ejercerse
siempre que causas gravísimas, como la
violencia con armas superiores o el fraude oficial imprudente e impune, hagan
forzosa la abstención y la protesta cívica.
Pero la ciudadanía tiene formas legales para poder
ejercitarse en las urnas y una de ellas es la inscripción en los Registros
Cívicos".[2]
Los partidos se constituyen en dos fuerzas de acción, con posiciones y
escenarios perfectamente circunscriptos y definidos: "El Partido del Poder entra a ejercer el gobierno del Estado. El
Partido fuera del Poder, hace la censura, la oposición. En buena política
-estas dos fuerzas así empleadas- aseguran la paz pública y cada una en su
esfera de movimiento tendiente a hacer práctico y regular el juego complejo de
las instituciones".[3]
2 - El Viraje
Podrá parecer que Batlle cae en una gran contradicción atacando, ahora
que es presidente de la República, la coparticipación, cuando aceptó en el
período de Cuestas la conformación de listas mixtas para el Consejo de Estado,
y por otro lado su elección para la
presidencia del Senado contó con el
respaldo de todos los partidos.
La decisión de ruptura está dada en 1901, cuando se elige a Juan Carlos
Blanco presidente del Senado. Batlle entonces deja de lado la coparticipación
al ver que el compromiso de años anteriores estaba roto, quedando libre y sin obligación para
respetarlo.
Ese año registró un importante cambio en la situación política, la que
desde las columnas de El Día se hace
más punzante al continuar la prédica de la política de partido: "¿Para qué existen los partidos sino para
hacer política?
La inacción de una de las dos grandes agrupaciones políticas
ante el avance continuo de la otra, no era la tranquilidad, o era en todo caso
la que precede a las tormentas.
El Partido Colorado, hasta hace poco confió en la
prolongación de la tregua que con el Nacional
pactó en 1898.
Su comisión directiva, previa una exploración extraoficial, propuso la
renovación del acuerdo para las elecciones senatoriales; la Asamblea Nacional
de la Florida rechazó la propuesta.
O en este país dos y dos son cuatro, o eso fue sencillamente,
por parte de los nacionalistas, adoptar resueltamente la política de partido".[4]
En este debate también participará Julio
María Sosa: "...La política
nacional ha sido practicada por el Partido Colorado, como un medio de dar
intervención en la gestión de la cosa pública, a los adversarios, desde que
éstos no se hallaban en el caso de luchar para obtener ventajas por sí
mismos... El acuerdo de los partidos es cierto que a veces constituye una
necesidad, y tal fue en 1897, como medio de afianzar la paz y la tranquilidad
de la República. Pero es indudable también que si intereses generales de un
momento histórico exigen la realización de acuerdos partidarios, no es menos
indudable que ellos deben caducar cuando la anormalidad de las circunstancias
desaparece y el orden regular se renueva...
En cambio, el Gobierno de Partido, lealmente ejercido,
es una garantía para el derecho de todos los ciudadanos. Cada uno obtendrá sus
posiciones políticas por los medios legales del sufragio popular, y el
gobernante que surja de unas cámaras esencialmente libres, no se tendrá que
sujetar a otro compromiso que el de respetar las instituciones y las leyes, y
se rodeará de los hombres de su partido que son los interpretes de las ideas
que representa y que deben caracterizar su acción efectiva en la dirección de
los asuntos comunes. La guerra civil será entonces imposible porque los
derechos de los partidos políticos se definirán en las urnas electorales con la
eficiencia del voto popular".[5]
Cada vez más se afirma la necesidad del gobierno de partido, como una
forma de poder controlar más la administración de la cosa pública, de esa
manera los errores le corresponderán a uno solo y se tendrá plena certeza a la
hora de exigir responsabilidades. "El
jefe del estado debe velar por el cumplimiento de la Constitución, obligar a
sus ministros a que hagan administración de honradez y garantías; propender a
que haya libertad de sufragio y que el partido político que en la lucha
electoral haya conseguido mayoría, para formar la Asamblea legislativa y electora
de Presidente de la República, pueda libremente elegir a uno de sus miembros
para jefe de la Nación.
Esto es lo que hace todos los países civilizados del
mundo y es lo que yo creo que constituye la verdadera democracia.
Además un partido que asume la dirección del gobierno,
carga con todas las responsabilidades de sus actos; ¿y cómo puede
responsabilizarse un partido por una administración si su adversario colabora
en ella? Si los errores de esa administración son cometidos por el colaborador,
¿puede éste o nadie responsabilizar al partido dominante?
Yo creo que hay conveniencia en la existencia de los
partidos, se necesita que todo partido que gobierne tenga oposición para
estimularlo.
El jefe del Estado debe ser el juez ante esos partidos".[6]
Se llega a una solución, cambiándose los términos, Martín C. Martínez en los hechos establece: "Coalición sería siempre, y no gobierno de un
solo partido, la que vendría a gobernar el país, y por eso ya se ve que tales
coaliciones no pueden, ser ningún hecho
extraordinario -ni ellas ni el pacto que los establezca y prefije sus condiciones- para que se las anatematice por
unos como subversivas de todo principio de buen gobierno, y por otros como
subversivas de los principios institucionales.
Nada más frecuente en la política contemporánea que la
existencia de gobiernos de coalición o concentración, como los llaman los
franceses. ¿No tenemos hoy el ejemplo de esta gran república, el de Chile, en
la América del Sur, gobernados por coaliciones, poco estables a fe? No gobiernan
allí ministerios en que figuran hombres afiliados a distintos partidos, mucho
más divididos por sus doctrinas que los blancos y los colorados, conformes en
cuanto problema económico, social o político hay que resolver y siendo
separados por tradiciones históricas?
Se exagera mucho la universalidad del gobierno de
partido, -aun en el supuesto de que no lo sea el gobierno de una coalición como
la que se ha apoyado el señor Cuestas...
En los demás países, que no se contentan con un par de
grandes partidos sólidamente organizados, donde existen muchos partidos o
matices de éstos, como en Francia en Chile, aun en los Estados Unidos, la
necesidad del gobierno imponen el buscar alianzas, el hacerse concesiones
recíprocas para triunfar, para hacer prevalecer tal propósito en las
elecciones, en el seno del parlamento, en la administración misma; y entonces se forman y perduran más o menos los
gobiernos de coalición de partidos, y es frecuente que a una coalición suceda
otra y otra".[7]
Es a principios de 1902 cuando Batlle deja ver cómo debe de ser la
relación de los partidos: "Las
naciones que han llegado a una altura mayor en el perfeccionamiento de sus
instituciones y en la práctica de ellas,
no han unificado así sus fuerzas. Las han agrupado y dividido, principalmente,
entre dos partidos contrarios, correspondientes a las dos tendencias, opuestas
pero armónicas, al orden y al progreso, que informan toda actividad política, y
de la oposición y el choque permanente de estos partidos, de la exposición de
sus ideas, de su crítica, de los esfuerzos hechos en pro y en contra de esas
ideas, resulta una síntesis superior, la dirección política nacional. Y
todavía esas mismas colectividades se subdividen en fracciones originadas por
modalidades distintas que se esfuerzan por prevalecer, que determinan otra
lucha secundaria.
La tesis de que la marcha de los partidos debe ajustarse
a una serie de acuerdos es perfectamente subversiva y entraña grave peligro
para la paz. Declara, en efecto, la inutilidad de nuestras leyes para regir las
relaciones de esas colectividades y afirma que no hay más leyes para ellas que
las de los acuerdos".[8]
Prácticamente Batlle está adelantando muchos de los acontecimientos que se
avecinaban en el país, por un lado el rompimiento o mejor dicho el alejamiento
de la política de acuerdo, como se venía manejando hasta ese momento, y por el
otro la fraccionalización que vivirán los partidos tradicionales a partir de
la década del 10.
Para terminar este planteo recomendamos leer nuevamente el punto 3 de
Batlle en el poder del Capítulo 1, donde están sus puntos de vista, en la
entrevista realizada por el órgano de prensa argentino.
Como sabemos tuvo que enfrentar a los pocos meses de asumir como
presidente un primer levantamiento de Saravia. El Día y el Presidente se mantendrán en su postura. "El pacto de Setiembre no contiene sobre las
jefaturas sino este artículo:
El Poder Ejecutivo, en libre uso de sus facultades
constitucionales, declara que el nombramiento de jefes políticos, a que se
procederá una vez aprobado este pacto, recaerá en ciudadanos que por su
significación y demás cualidades personales, ofrezcan a todos las más serias y
eficaces garantías".[9] Esto
es la letra, en la cual el Ejecutivo no queda atado para nombrar a jefes
políticos de tal o cual color, pero recordemos que en dicho acuerdo está la
parte oral donde se establecía la
cantidad de jefaturas para los nacionalistas.
Desde el propio partido nacionalista se da la crítica, (Agustín de
Vedia), que tales pactos sólo podrían tener una existencia transitoria.
LAMINA Nº 6
Nota gráfica de Carolus
PROGRAMA DE PRINCIPIOS
-¿Y esos carteles?
-Son los
ideales de nuestro partido.
Ayer
luchamos por aquel, hoy luchamos por este.
-Y eso
que su partido es de principios...
¡que si
fuera personal!...
EL DIA. Marzo, 9
de 1910.
En 1904 con la muerte del caudillo Aparicio
Saravia también muere una conducción política, aquella que prácticamente
dominó en el siglo XIX. El nuevo siglo abre nuevos caminos de entendimiento, o
mejor dicho se comienza a procesar una evolución que era anhelada por muchos
sectores del país.
Creemos que la población compartía el espíritu con el cual comienza a
transitar el Uruguay a partir de esa fecha: "...1º Ejercicio pleno de la ley; 2º unidad completa del Poder
Ejecutivo; 3º unidad absoluta del poder militar.
Al hablar de ejercicio pleno de la ley queremos que
ésta rija en toda su extensión sin que pueda estar limitada por convenio
alguno. Es bien sabido que las conveniencias políticas hicieron que muchos
pretendieran dar a los pactos de La Cruz y de Nico Pérez interpretación absurda
y abusiva, a decir verdad, no había criterio fijo alguno, pues éste variaba
según las circunstancias. Estábamos cansados, en efecto, de oír el espíritu del
pacto cada vez que la justicia administrativa o civil era requerida tratándose
de afiliados a la idolatría saravista...
Hemos hablado también de la unidad completa del Poder
Ejecutivo como condición indispensable para la estabilidad de la paz. Sobre
este punto no hay necesidad de mucha insistencia... El Ejecutivo es único por
prescripción constitucional; lo es también por esencia. Dividirlo arbitrariamente
equivale quebrantar de una manera sustancial los fines para que ha sido
instituido, a estorbarlo y a inutilizarlo. En una palabra: no puede haber paz
posible si no se establece desde luego la supresión completa de los feudos
departamentales, si no se reivindica para el presidente de la República
atribuciones exclusivas de nombrar a los jefes políticos y los demás
funcionarios auxiliares del poder que representa.
Precisamente, la feudalización administrativa ha traído
a su vez la feudalización de la justicia a que hemos venido refiriendo. La
ausencia de gobierno, del poder encargado de ejecutar las leyes, en ciertos
departamentos...
Al hablar de la unidad absoluta del poder militar,
expresamos sintéticamente una idea clarísima y que tampoco necesita mayor
desarrollo. Queremos significar que debe necesariamente suprimirse, para poder
considerarnos en estado de paz, toda organización y todo elemento de guerra que
no esté al servicio incondicional del gobierno legítimo del país; que no puede
haber un soldado que no sea defensor de las instituciones, ni un arma que no
sea para garantirlas...".[10]
La experiencia de la coparticipación ha quedado en el pasado, ¿cuál es
la nueva forma de gobierno que se pretende establecer? ¿Es el Gobierno de
Partido?
Sí, esta forma permitiría a cada partido poder llevar adelante sus ideas,
su programa, sin verse atado a ningún compromiso político, de compartir cargos
y de bajar el perfil de su programa. De esta forma también queda bien delineado
quién juega el rol de oposición, siendo su misión de control y fiscal del
gobierno.
Pero como ya lo había establecido Andrés
Lamas, la diferencia entre blancos y colorados no la encontramos en las
ideas, sino en el color. Este pensamiento está claro para el siglo pasado, pero
ahora se empieza a notar conductas políticas diferentes y hasta antagónicas
(Batlle - Herrera).
El gobierno ya no se ganará por las armas, sino en luchas electorales,
lo que implica al partido de gobierno no cometer errores durante su gestión,
porque luego podrá ser "castigado" en momentos de la elección y
volvería al llano. Es durante las primeras décadas donde se irá perfeccionando
ese sistema que pretende dar las mayores garantías al elector y a los partidos
del acto eleccionario, siendo su punto máximo el llegar al voto secreto.
"El gobierno de
coparticipación ha sido, pues, largamente experimentado en nuestro país y sólo
ha servido para darnos gobiernos tiránicos e inmorales o para desorganizar el
país en forma tal que resultara un mito el principio de autoridad, sin el cual
no hay forma posible de gobierno. Su descrédito debería estar a estas horas
para siempre consagrado. Todos los hombres de pensamiento, todos los que se
preocupan de nuestro porvenir institucional, debieran saber de memoria y
proclamar que el sistema de la coparticipación gubernamental es un camino
inseguro, que no conduce a nada... ¿Cuál es ese camino? El único verdaderamente
conocido, el único verdaderamente trillado, en todos los países del mundo,
donde quiera que se ha hecho o se ha intentado hacer gobierno: el gobierno de
partido.
Si hay algo sobre lo que ha podido hacerse una experiencia
tan larga como universal es en materia de gobierno, desde que hay gobiernos
donde quiera que aparezca un país medianamente organizado. Pues bien: invitamos
a los partidarios del gobierno de coparticipación a que recurran a esa larga
experiencia universal en busca de antecedentes. Encontrarán todas las formas
imaginables de gobierno, pero difícilmente, por no decir nunca, encontrarán el
gobierno de todos los partidos de un país. Acudan, si lo desean, a los pueblos
mejor organizados, donde la vida institucional ha echado el cimiento más
inconmovible y donde rigen los principios más avanzados. Se encontrarán
invariablemente con gobiernos que gobiernan con hombres de su partido, que
excluyen sistemáticamente a sus adversarios de toda gestión política, llegando
algunos hasta excluirlos de toda gestión administrativa.
Ciertos gobiernos parlamentarios, por su propia variabilidad,
son los más a propósito para iluminar una consulta. Cuando fracasa un gabinete
conservador en Italia o en España, por ejemplo, no se remienda con hombres de
otro partido, sino que se completa con hombres del mismo o se renueva
totalmente con los otros. Los conservadores suelen ser sustituidos por los liberales
y éstos por aquéllos, pero unos y otros al asumir el gobierno se cuidan muy
mucho de buscar entre sus colaboradores a los que comparten sus ideas políticas".[11]
3 - Camino al Colegiado
La democracia es una fórmula institucional que requiere una madurez
política que el Uruguay no tenía en 1830, dominada en aquellos tiempos por el
caudillismo, verdadero sistema de gobierno al que obedecían los pueblos americanos.
Reclamar una democracia es tener un estilo de vida que permita el
desarrollo integral de todos y cada uno de sus ciudadanos, en el grado y medida
de sus capacidades. Vivir en democracia significa dar oportunidad igual a
todos, para que cada uno la utilice y realice lo suyo sin excluir el concepto
de que los que tienen más puedan ayudar al resto.
El 8 de mayo de 1903 dieron comienzo los trabajos del Congreso
Revisionista de la Constitución, presidido por el Dr. Pedro Figari, con la asistencia del Presidente de la República
José Batlle y Ordóñez, Ministros de Estado, Parlamentarios y dirigentes políticos
representativos de todos los partidos y tendencias de opinión pública.
El diputado nacionalista por Rivera Dr.
Martín Aguirre, fue quien planteó el establecimiento de un Poder Ejecutivo
Colegiado en el Uruguay. En el año 1903, diez años antes que Batlle publicara
los "Apuntes", Martín Aguirre establecía el 18 de
mayo: "Hablo de la conveniencia de
un Ejecutivo colegiado, compuesto por seis ayudantes ejecutivos nombrados por
el sistema del voto incompleto. De esa manera se legalizaba la actual situación
política y se da una amplia satisfacción al deseo unánime de establecer sobre
bases amplias el actual régimen de coparticipación de los
partidos en el gobierno".[12]
Regularizar la situación, implicaba llevar a la letra las bases de la
coparticipación de la Paz de Abril y del Pacto de la Cruz.
El nuevo siglo arremeterá con fuerza para lograr la reforma
constitucional, pero deberá pasar, antes de concretarse, por muchas pruebas.
"Dos problemas principales
abarca la cuestión relativa a la reforma constitucional que está actualmente a
estudio de la Asamblea. El uno es más general y de suma importancia: si la
reforma es realmente oportuna, o si de veras nuestro Código Fundamental es
susceptible de ser modificado ventajosamente, y si esas modificaciones pueden
influir en la cura de los males políticos que nos aquejan y que suelen
agobiarnos; el otro, es accesorio pero no menos importante: si los trámites
propuestos para llegar a la reforma están exactamente encuadrados al derecho, a
la justicia, y a las mismas reglas que el pueblo, por delegación que hizo de su
soberanía en los constituyentes del año 30, se fijó para poder modificar
válidamente su Constitución".[13]
Eran tiempos para la reforma, que no sólo la pedían los sectores
políticos sino que también contaba con el respaldo popular.
La candidatura de Batlle para reemplazar a Williman se manejaba desde mucho tiempo antes de llegar el momento
electoral; informado aquél de la situación le envía la carta que ya hemos visto
en el Capítulo 2, al señor Antonio María
Rodríguez, presidente de la Convención Colorada, que remarcaba la
intransigencia contra la política de coparticipación donde advertía que no la
aceptaba de ninguna manera.
Las repercusiones fueron inmediatas, El Siglo expresaba: "La impresión que producen las
manifestaciones del señor Batlle y Ordóñez que nos trasmitió nuestro corresponsal
en París y publicamos el domingo, es altamente halagüeña para el patriotismo.
Ese anticipo a su programa tiene derecho al calificativo de auspicioso en el
sentido que dan a la palabreja sus muchos adoradores... Batlle hablará,
decíamos en artículos anteriores, y tenemos fundados motivos para creer que lo
hará en forma capaz de satisfacer las aspiraciones nacionales...
Calla todavía sobre la cuestión religiosa y es parco
en palabras respecto de la cuestión política. La orientación del gobierno,
dice, ha de ser principista y liberal. El problema religioso no se aclara con
esto... Más claro es lo que sigue:
dentro de tal orientación y en cuanto es conciliable con ella se impone ampliar
las bases de la política. Tal declaración no es otra cosa que la síntesis de
ciertos artículos de la prensa batllista: ésta ha dicho y repetido hasta el
cansancio en los últimos tiempos que la política de partido no impide la
cooperación de todos los buenos ciudadanos en el gobierno, desempeñando altos
cargos administrativos y aún políticos. "La Democracia" se levantó indignada sosteniendo que eso no
es política de partido...
La reforma constitucional, teniendo por objetivo principal
moderar el autoritarismo presidencial, constituye una grande y bien inspirada
idea. Todos los centros constitucionales de autoridad, todas las entidades
colectivas, todas las energías individuales se atrofian hoy en el país por la
prepotencia del Ejecutivo...
El señor Batlle y Ordóñez lo ha comprendido y comprendido
la necesidad perentoria de reaccionar contra ese régimen por lo cual sostiene
la conveniencia de dar mayor extensión a la influencia de la Asamblea y mayor
vigor a la institución ministerial.
La representación proporcional es, para nosotros, de
todo lo que ha dicho el señor Batlle y Ordóñez, lo de más trascendental
importancia...".[14]
Mientras tanto La Razón
expresaba: "...En política afirma su
vieja tendencia a no dar participación
en el gobierno a los partidos, sin que ello importe negar el derecho de todos
los ciudadanos a formar parte de la administración pública. Es consecuente en
esto con las ideas que sostuvo firmemente durante su anterior gobierno ...
rechaza la política de coparticipación para evitar que se menoscabe la unidad
de acción en el Poder Ejecutivo, habrá quien considere más patriótica una mayor
amplitud de ideas en el sentido de que el gobierno eminentemente nacional prime
siempre sobre el gobierno de exclusividad partidaria. El mismo señor Batlle no
es, sin embargo, completamente ajeno a esos deseos de tolerancia y de
coparticipación, pues en el propio programa habla, con profunda fe, de dos
reformas de importancia para el más completo triunfo de las libertades
públicas: de la representación proporcional y de la influencia directa del
Cuerpo Legislativo sobre el poder administrador...".[15]
Uno de los motivos de reforma constitucional está basado en la figura
del Presidente de la República, ya que éste prácticamente centra en él todo el
poder que le da la Constitución de 1830. "El Presidente de la República, sin apartarse de las exactas
prescripciones constitucionales, puede ser tan absoluto como el más absoluto de
los soberanos. Para ello tiene en sus manos una suma ilimitada de poderes que
lo convierten en dueño de los destinos nacionales. Los demás agentes
ejecutivos -los ministros entre ellos- no tienen función directa y deben
reducirse a cumplir las órdenes por él dictadas. Y no sólo sobre este poder se
señala su prepotencia sino aun sobre los demás poderes del Estado. La simple
lectura de los artículos que a ello consagra nuestra Constitución, es
suficientemente demostrativa de la verdad del aserto que formulamos... Los
gobernantes no son siempre, por desgracia hombres que llegan al poder con sanas
intenciones, a realizar programas de ideas bien inspiradas, o, muchas veces no
tienen la capacidad que requiere un cargo de aquella naturaleza. Los hay, y no
en menor número, quienes luchan hasta conquistar la primera magistratura para
la realización de sus intereses particulares, para satisfacer ambiciones de
mando o por simple prurito de vanidad. Llegado al poder uno de estos hombres,
ya hay sentencia dictada para la felicidad del país...
El mal estaría, no anulado por completo, pero sí notablemente
reducido, si el P. E. se compusiera de una comisión de varias personas. Si una
mala elección, siempre posible, introduce en ese Consejo un miembro de condiciones
y acción poco recomendables, está fuera de duda que el peligro no tiene ya la
seguridad, ni siquiera la posibilidad del primer caso. Su acción se halla de
tal modo
limitada y vigilada, que es
muy probable no altere la dirección de
la acción conjunta de todo el Comité".[16]
Es por todos sabida la influencia del modelo suizo en Batlle, pero no
solo él fue el impresionado. Alberto
Guani Ministro en Austria y Suiza, establecía sus ideas en un reportaje
realizado por El Día: "Mis ideas, señor redactor, no son
improvisadas, ni nuevas. Después de haber vivido un tiempo en Suiza, aquella
admirable democracia europea ha ejercido, a ese respecto, una influencia
decisiva e irresistible sobre mi espíritu...
En el mes de Setiembre de 1911 escribía yo a El Día,
desde Berna, una correspondencia en la cual puede leerse lo siguiente:
"todos los suizos saben que la Nación tiene a su frente un gobierno digno
que conduce y guía por la senda de la mayor prosperidad las actividades laboriosas
y fecundas de sus conciudadanos; pero una gran mayoría de estos ignoran el
nombre de las personas que rigen los destinos patrios y no le importa ni le
interesa saberlo". Enseguida agregaba: "Yo encuentro que el secreto
de la unidad y de la felicidad popular reside, en gran parte, en esta manera
impersonal de concebir la fuerza y el Gobierno del Estado: arrancad de la
escena turbulenta en que han agitado las pasiones uruguayas el
personalismo feroz que ha invadido en
nuestras costumbres y habréis logrado disipar una nube sombría que se ha
opuesto siempre a las más puras soluciones de la solidaridad y de la concordia
cívicas".
La institución del gobierno colegiado está basada, a
mi entender, en uno de esos grandes principios naturales del derecho político
que deben constituir las aspiraciones supremas de todos los pueblos: el de la
igualdad humana...
...El gobierno de una República delegado
exclusivamente en un solo hombre, por un plazo de tiempo más o menos largo,
atribuye de por sí al ciudadano que lo ejerce una enorme representación y una
superioridad. Consideradas las cosas normalmente, en una república de sistema
presidencial unipersonal el "Jefe de la Nación" se convierte, por
obra y gracia de su cargo majestuoso en algo así como en una personalidad
providencial, augusta, casi olímpica; es en resumen de cuentas, un monarca
transitorio, que, por procedimientos diversos se dan los pueblos
republicanos...
Soy partidario en cambio:
1º de la forma colegiada de gobierno y de su
renovación total conjuntamente con la renovación del Parlamento
2º de la supresión dentro de los límites impuestos por
las necesidades ejecutivas y representativas del Gobierno, de la hegemonía
autocrítica conferida a la institución del Presidente de la República, mediante
la duración cortísima de sus funciones (un año, por ejemplo) y prohibiendo su
reelección inmediatamente
3º del equilibrio armónico y del control recíproco del
Parlamento y del Ejecutivo
4º de la sumisión al fallo popular mediante el
"referéndum" de ciertos conflictos graves que puedan surgir entre
uno y otro poder.
Uno de los puntos esenciales de la reforma reside en
mi juicio en las relaciones de dependencia que deben existir entre la Asamblea
y la Junta de Gobierno. Entendiendo que el Poder Ejecutivo es también
colegislador y lo será más aún, sin duda, cuando él se ejerza por un cuerpo
colegiado no puede dársele de ninguna manera la última palabra en los casos de
conflicto o discrepancia legal...".[17]
Para Batlle la reforma no fue una cuestión en la que se apoyara para
buscar una mejora personal, por el contrario, fue un mecanismo concebido para
procurar el beneficio de todos los
sectores. Llegó a ella después de un largo proceso, donde analizó cuál régimen
se adaptaba mejor a nuestro país: "...mientras
mi candidatura se afianzaba, paseaba yo por Francia y Suiza en donde estudiaba
de cerca los mil aspectos de una vida política democrática, y entonces
comparaba las formas políticas de los estados europeos con la arcaica y vetusta
constitución de mi país. Recordaba yo que por nuestra constitución de 1830
estábamos constantemente expuestos a que la suerte deparara un presidente de
malas intenciones, y con la suma de las facultades realmente extraordinarias
que le otorga nuestra carta fundamental, se llevara todo por delante, arrasara
con las instituciones y sumiera al país en la más negra de las dictaduras.
¿Para qué ir a la presidencia?, me preguntaba constantemente. ¿Para continuar
acaso siendo uno de los presidentes de siempre? La presidencia iba a ser para
mí realmente una incomodidad, luego quería que esa incomodidad fuera compensada
por una obra proficua. Pensé, entonces, que lo mejor que podía hacer era librar
al país de los peligros con que le amenazaba constantemente nuestra
constitución, con su sistema de poder ejecutivo unipersonal. Pensé primero en
el régimen del gobierno parlamentario, que considero democrático por todo
sentido y que obliga constantemente a la lucha de ideas; pero ese régimen tiene
graves inconvenientes para ser implementado en nuestro país. Por de pronto, el
régimen del gobierno parlamentario necesita
una cámara grande, es decir, bastante numerosa, porque bien es sabido
que en los países de gobierno parlamentario no se puede gobernar sino con una
gran mayoría, que asegure al gobierno cierta estabilidad. La administración
pública, la aplicación de la ley, el cuidado de los múltiples intereses del
Estado exigen, necesariamente, una estabilidad más o menos prolongada. Los
intereses del Estado y la administración pública sufren inevitablemente, se
desmedran y se rebajan con los continuos cambios en el gobierno parlamentario,
la mayoría de los cuales son provocados por bloques parlamentarios unidos
transitoriamente por intereses generalmente efímeros. Si una pequeña mayoría es
la que gobierna, tiene necesariamente que gobernar contentando a las minorías,
que unidas pueden formar mayoría. Ahora bien, cuando la cámara la componen 600
o 700 diputados se puede tener una mayoría respetable, se puede tener 100 o más
diputados de mayoría y entonces sí se puede gobernar no contentando a todos.
¿Pero cómo sostener en nuestro país, con una población pequeña, una cámara
numerosa? Nuestro parlamento no puede tener sino un número pequeño de
representantes y la mayoría sería insignificante ante la unión de las fuerzas
contrarias. El gobierno cambiaría constantemente, y le aseguro que a los tres
gabinetes que cayeran ya no tendríamos hombres para gobernar el país. En cambio
con el régimen del ejecutivo colegiado iría, realmente, una mayor opinión más
estable en el gobierno y por lo tanto
con más tiempo para gobernar. Y la fracción política que triunfase tendría que
ir con un programa que sostener y realizar. Y ese gobierno que habría sido
elevado por la mayor opinión del país, tendría interés en mantener su
política...".[18]
Batlle expondrá en la Convención Nacional del Partido los fundamentos
del porqué del Colegiado: "...es la
obra de mi ya prolongada experiencia política, de mis ideales republicanos y de
mi amor al bien.
No encontraréis en él una sola palabra que esté inspirada
en un interés personal; no encontraréis una sola que haya sido escrita sin
tener en vista las más altas y justas aspiraciones públicas.
Tampoco es una obra inspirada en conveniencias partidarias.
No concibo una conveniencia partidaria opuesta a las de la Nación. No nos
congregamos y formamos un Partido para gestionar o conservar ventajas para
nosotros. Lo formamos para luchar ardorosamente por el bien de la República,
para satisfacernos en la tarea de su consecución y para sacrificarlo a él
mismo, a su fin, si necesario fuese.
La reforma... Mi empeño capital al proyectarla tendió
a eliminar de nuestros códigos las leyes que confieren a un solo hombre los
medios de ejercer la totalidad del poder público y tendió a confiarla a un
número muy considerable de ciudadanos y, en definitiva, al país mismo...
A ese fin propende la institución del Gobierno Colegiado.
Ninguna plaza queda en él para el mando personal exclusivo, ni para el
interés, el encono, la obcecación o el error individual adueñado del poder, por
alto que esté colocado el personaje o grande que sea su prestigio; ninguna
para las resoluciones inconsultas; y en cambio, todas las puertas están
abiertas para el desinterés, el altruismo, la reflexión, la ilustración de
todas las cuestiones, la deliberación, el patriotismo, que serán siempre
acogidos con honor en una asamblea compuesta de los nueve ciudadanos más
prestigiosos de la República".[19]
El órgano colegiado propuesto por Batlle estaría compuesto por nueve
miembros, constituyendo la "Junta de
Gobierno de la República", que tendrían una duración en el cargo de nueve
años y serían elegidos directamente por
el pueblo. Para la primera instancia de su aplicación proponía el voto por una
lista única de nueve candidatos por cada partido; el primero de ellos tendría
una duración de nueve años y los integrantes siguientes su mando sería
decreciente a razón de un año. Es decir que el último de la lista ejercería
por un año y cada año habría elección para sustituir al consejero saliente.
Por su parte los nacionalistas también elaboraban su proyecto de reforma
constitucional: "...En ese proyecto
desaparece la irresponsabilidad ministerial, facultando al Poder Legislativo
para negar su confianza a los ministros, quienes en tal caso tendrán que
renunciar a sus carteras. De ese modo se contrarresta el exceso del poder de la
Presidencia, posible en la actualidad por esa irresponsabilidad de los
ministros, y por las reducidas atribuciones que éstos tienen, que hace sean
apenas... Para evitar que las Cámaras abusen de esa facultad, en el proyecto se
especifica que para dar un voto de censura a uno o más ministros, se requiere
la adhesión de las tres quintas partes de los diputados".[20]
Más allá de todas las críticas que se le han hecho y puedan seguir
haciéndosele a esta propuesta, la idea del Colegiado determinaba la necesidad de poseer partidos
dinámicos y organizados por el simple hecho y necesidad de concurrir a
elecciones nacionales anuales. De no cumplir este procedimiento era probable su
desaparición.
El Poder Ejecutivo no se vería debilitado con respecto a la Constitución
del 30, quien perdía era el Parlamento. Otro de los problemas que sin duda a
Batlle le preocupaba era la sucesión en el cargo presidencial.
El establecimiento de un Colegiado se transformaba en un precioso y
eficaz instrumento político para Batlle, que le permitiría mantener las riendas
del proceso político sin necesidad de estar ocupando el cargo de Presidente.
Desde mucho tiempo atrás y por diversas y aun opuestas razones, todas
las fuerzas políticas del país deseaban reformar la Constitución de 1830.
En una palabra se podría sintetizar el anhelo del partido opositor:
coparticipación. La muerte de Aparicio Saravia había encumbrado a Batlle en el dominio del Estado
y el liderazgo de su partido, en tanto el nacionalismo oscilaba dubitativamente
entre volver al camino de la revolución u optar por salidas políticas, hoy
diríamos institucionales.
Batlle propone la reforma de la Constitución. Todos querían dicha
reforma. ¿Cómo? Ese era el problema.
Batlle había practicado una política de partido y nadie creía que
estuviera dispuesto a entregar el poder sin luchar duramente.
La Constituyente se reunió a partir del 27 de octubre de 1916 y se puso
a trabajar en la reforma. El batllismo se dispuso a boicotear a la Convención
no asistiendo a sus sesiones.
El Presidente Viera anuncio su
famoso "alto" y cambió el
ministerio, lo que no fue suficiente y la tensión política creció. La
propaganda lanzada por la prensa era variada, por ejemplo:
"PUEBLO: Si el colegiado
triunfa, quedará suspendido el derecho de propiedad sobre la tierra y destruida
la organización de la familia. Votad contra el colegialismo".[21]
El propio Presidente de la República se manifiesta en este debate:
"Las avanzadas leyes económicas y
sociales sancionadas durante los últimos períodos legislativos, han alarmado a
muchos correligionarios, y son ellos los que nos han negado su concurso en las
elecciones del treinta. Bien, señores: no avancemos más en materia de
legislación económica y social; conciliemos el capital con el obrero. Hemos
marchado bastante a prisa; hagamos un alto en la jornada. No patrocinemos
nuevas leyes de esa índole, y aún paralicemos aquellas que están en
tramitación en el Cuerpo Legislativo, o por lo menos, si se sancionan, que sea
con el acuerdo de las partes directamente interesadas".[22]
Mientras tanto Batlle hizo ofrecer al nacionalismo una transacción en
cuanto a la organización del Poder
Ejecutivo que implicaba la coparticipación; las garantías electorales de la
inscripción obligatoria; el voto secreto y la representación proporcional; la
autonomía de los municipios y, sobre todo, la eliminación de la "amenaza" de su tercera Presidencia.
Agitando el fantasma de su tercera candidatura Batlle consiguió que se
echara a andar el pacto para la que se formó una comisión de ocho delegados
(Pacto de los 8), a la que concurrieron por el Partido Nacional Martín C. Martínez, Carlos Berro, Leonel
Aguirre y Alejandro Gallinal, y por el batllismo Domingo Arena, Ricardo Areco,
Juan A. Buero y Baltasar Brum.
Sin duda esto refleja la situación del momento: "El grave mal de nuestra política consiste en
que gira el debate político sobre los hombres, y no sobre las ideas. Se
discuten personalidades y no principios. Se trata de puestos representativos,
más que de teoría... Las candidaturas son la mayor preocupación de los
partidos, e inacabable causa de discordia".[23]
De este pacto surgió la nueva Constitución de 1919. Desde el punto de
vista político-institucional la nueva constitución poseía la innovación de
introducir la división en dos órganos de gobierno, el Presidente de la
República y el Consejo Nacional de Administración, que en teoría eran de igual
jerarquía.
Dicha fórmula fue realizada en oposición al fuerte presidencialismo que
poseía la Constitución de 1830.
Refiriéndose al papel de la minoría en el Consejo Nacional de
Administración (3 miembros en 9) expresa el doctor Martín C. Martínez que
podría ser: "...análogo al de las
mismas minorías en el Cuerpo Legislativo, de fiscalización más que de
colaboración".[24]
Para el doctor Juan Andrés Ramírez:
"Cabe agregar, todavía, una ventaja
de orden práctico, que asegura la condición proclamada ya por Aristóteles como
rasgos esenciales de la vida democrática y desconocida, sin embargo, en
nuestro país. Medio siglo de posesión del poder había llegado a formar en el
partido gubernista la idea de que lo poseía en propiedad, por obra de
prescripción inatacable. Además, concentrando la suma de la autoridad pública
en un solo hombre, y jugándose, por lo tanto, a esa sola carta el dominio
absoluto sobre la República, no era posible que pasara este dominio, tranquilo
y pacífico, al partido del llano. Perder
la elección significaba perderlo todo, y perderlo, según todas las
probabilidades, sin más esperanza de recuperarlo que por medio de la violencia.
Hoy el poder no está concentrado en ninguna parte. Todos los partidos saben que
tendrán en él la parte a que su caudal les da derecho. Saben que lo perdido en
una elección puede ser recuperado en la siguiente, y que ya no hay ni habrá
partido ni ciudadanos extranjeros en el seno de la patria".[25]
Esto pasa por la incorporación de la representación proporcional
integral, que junto al voto secreto y a la inscripción obligatoria en el
Registro Cívico, constituyen las garantías del sufragio (art. 9).
En realidad esto es a medias dado que la representación proporcional en
el Ejecutivo era para dos partidos,
"...las dos terceras partes de la
representación a la lista más votada, y la tercera restante a la del otro
partido que le siga en el número de sufragio obtenidos..." (art. 82).
En el Senado tampoco era aplicable, éste sería compuesto por "...tantos miembros cuanto sean los
Departamentos..." (art. 24).
Si se aplicaba en la Cámara de Diputados y en los gobiernos y
administraciones locales (art. 130) y "...todas
las corporaciones de carácter electivo que se designara para intervenir en las
cuestiones del sufragio..." (art. 9 inciso 4º).
Todavía puede haber quien plantee si el pacto no significó el
desconocimiento de la voluntad popular expresada el 30 de julio de 1916, si no
sería desconocer una de las tradiciones más enraizadas en el estilo político
del país: el pacto interpartidario como superador de los conflictos políticos y
hacedor de constituciones.
Los pactos políticos en nuestra Historia pueden haber sido negativos o
positivos para el país, pueden, también haber sido mal o bien considerados por
la opinión pública, lo que nadie puede negar es lo necesario que han sido para
superar las crisis económico-políticas.
CUADRO Nº 7
CONSTITUCION 1830-1919-PROYECTO DE BATLLE
ART.
|
CONSTITUCION DE
1830
|
CONSTITUCION
DE
1919
|
PROYECTO DE
BATLLE
|
5
|
La religión del Estado es la Católica Apostólica Romana.
|
Todos los cultos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene
religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica, el dominio de todos los
templos que hayan sido total o parcialmente, construidos del Erario Nacional,
exceptuando sólo las capillas destinadas a servicio de asilo, hospitales,
cárceles u otros establecimientos
públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuesto a Los templos
consagrados actualmente al culto de las diversas religiones.
|
Las religiones que hay en el país y las que en él se establezcan en lo
sucesivo deberán ajustarse a las leyes de la República y no serán objeto de
tratamiento especial.
|
13
|
El Estado Oriental del Uruguay adopta para su gobierno la forma representativa
republicana.
|
(14) La República Oriental del Uruguay adoptará para su gobierno la
forma democrática representativa.
|
|
28
|
Su elección (Senador) será indirecta, en la forma y tiempo que
designará la Ley.
|
(27) Su elección será indirecta, en la forma y tiempo que designará la
ley.
|
(25) Esta será directa en la
forma que determina la ley, a mayoría absoluta o relativa de sufragios; y se dará los votos a la vez por los dos
ciudadanos que se quiera elegir.
|
72
|
El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por una sola persona,
bajo la denominación del Presidente de la República.
|
(70) El Poder Ejecutivo es delegado al Presidente de la República y al
Consejo Nacional de Administración.
|
El Poder Ejecutivo será desempeñado por una junta de nueve personas,
que se denominará Junta Nacional de Gobierno.
|
73
|
El Presidente será electo en sesión permanente, por la Asamblea
General, el día primero de Marzo, por votación nacional, a pluralidad
absoluta de sufragios, expresados en balotas firmadas, que leerá públicamente
el Secretario, excepto la primera elección de Presidente permanente, que se
verificará tan luego como se hallen
reunidas las dos terceras partes de Los miembros de ambas Cámaras.
|
(71) El Presidente de la República será elegido directamente por el
pueblo, a mayoría simple de votantes, mediante el sistema del doble voto
simultáneo y con las garantías que para el sufragio establece la Sección II,
considerándose la República como una sola circunscripción.
La elección de Presidente de la República se efectuará el último
domingo del mes de noviembre.
|
Dos de los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por la
Asamblea General y los restantes por todos los ciudadanos inscriptos en el
Registro Cívico Nacional; los primeros
lo serán por seis años y los segundos por siete, salvo las excepciones hechas
por este Código.
|
76
|
El Presidente electo, antes de entrar a desempeñar el cargo, presentará en manos del Presidente del
Senado, y a presencia de las dos Cámaras reunidas, el siguiente juramento:
“Yo (N.) Juro por Dios N.S. y estos Santos Evangelios, que desempeñaré
debidamente el cargo de Presidente que se me confía; que protegeré la
religión del Estado, conservaré la integridad e independencia de la
República, observaré y haré observar fielmente la Constitución”.
|
(74) Antes de entrar en el ejercicio de su cargo, el Presidente de la
República, el 1 de marzo siguiente a la elección, hará ante el Presidente
del Senado y en presencia de ambas Cámaras y el Consejo, la siguiente
declaración: “Yo (N.), me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el
cargo que se me ha confiado y guardar y defender la Constitución de la
República”.
|
|
(100) Los diversos servicios que constituyen el dominio industrial del
Estado, la instrucción superior, secundaria y primaria, la asistencia y la higiene
pública serán administrados por Consejos autónomos. Salvo que sus leyes los
declaren electivos, los miembros de estos Consejos serán designados por el
Consejo Nacional. A éste incumbe también destituir a los miembros de los
Consejos especiales con venia del Senado, ser juez de las potestades que
originen las elecciones de los miembros electivos, apreciar las rendiciones
de cuentas, disponer las acciones competentes en caso de responsabilidad en
los recursos administrativos según las leyes.
|
(100) Los diversos servicios que constituyen el dominio industrial del
Estado, la instrucción superior y secundaría y primaria, serán administrados
por Consejos autónomos. Salvo que no los declaren electivos, los miembros de
estos Consejos serán designados por el Consejo Nacional y destituidos por el
mismo, en ambos casos con la venia, otorgada por voto secreto por el Senado.
Al Consejo Nacional le incumbe también ser Juez de las protestas que originen
las elecciones de los miembros electivos; disponer las acciones competentes
en casos de responsabilidad y entender en los recursos administrativos.
Los Entes Autónomos que con rentas propias atendieren íntegramente sus
servicios tendrán la facultad de nombrar y destituir sus empleados; el
Consejo Nacional aprobará sus presupuestos, sin poder aumentar los sueldos, y
apreciará sus rendiciones de cuentas.
|
||
118
|
Habrá en el pueblo cabeza de cada Departamento un agente del Poder
Ejecutivo, con el título de Jefe Político y al que corresponderá todo lo
gubernativo de él; y en los demás pueblos subalternos, Tenientes sujetos a
aquél.
|
(130) El gobierno y administración locales serán ejercidos por una
Asamblea Representativa y por uno o más Consejos de Administración autónomos,
elegidos popularmente con las garantías que para el sufragio establece la
Sección II, y cuyo número será fijado por la ley.
|
(133) El gobierno y la administración de cada departamento será
ejercido por una asamblea representativa, una junta departamental de gobierno
y un jefe de policía.
|
Sin duda alguna los partidos políticos han llevado adelante un papel
importante en la legitimación del sistema político y del Estado. Recordemos lo
establecido por Weber referente a los
tres motivos de legitimidad que él
alude: dentro de la legitimación carismática y tradicional, nuestros partidos
han delineado la legitimidad del sistema político uruguayo.
La participación social de la población no se circunscribe nada más que
a lo político, como tampoco solamente a lo electoral, pero esta intervención de
la ciudadanía en los actos electorales
es el indicador nada despreciable de la intervención de la población en la toma
de decisiones.
Otros mecanismos que se fueron sumando al modelo político son: el
mejoramiento de la representación proporcional, la aplicación del voto secreto
y el referéndum como instrumento para aquellas instancias donde no se ponen de
acuerdo los poderes.
Por su parte Oscar Bruschera
establece: "La Constitución de 1917
fue, pues, un resumen en la cumbre. Expresaba una forma de vida esperanzada y
optimista; era el reflejo de una ideología acaso anacrónica en su reflejo
americano, que se nutría de fe en el proceso indefinido, de misticismo en la
virtual mágica de la norma, de ilusoria confianza en el entendimiento pacífico
de las clases sociales, en la omnipresencia intuitiva del Estado,
intervencionista, en la eficacia educadora de las prácticas de la democracia política".[26]
El 1º de Marzo de 1919, cuando entra a regir la nueva Constitución, El Día establecía: "Pocas horas más, y la nación uruguaya, en su
mayoría de edad, en pleno ejercicio de sus instituciones republicanas, ensayará
una forma nueva de gobierno, como consecuencia de un accidentado proceso
político. La Constitución de 1830, que impusieran nuestros ascendientes en
nombre de la libertad de las naciones de América proclamada muchos años antes,
será sustituida por otra que, sin estar libre de defectos, constituye un gran
paso hacia formas permanentes, definitivas. Sólo el cambio fundamental en uno
de los tres poderes del Estado, el poder Ejecutivo, sería suficiente para que
las generaciones venideras señalen este 1º de Marzo de 1919 como una fecha que defina
y caracterice una época...
Todos los problemas políticos que surjan en la era a
iniciarse, no podrán ser resueltos, pues, sin tener en cuenta la acción
democrática que dimane de las entidades populares. Organizadas éstas,
sabiamente dirigidas, han de constituir, sin duda alguna, la más original
característica de la futura situación. A las nuevas prácticas administrativas,
han de agregarse las nuevas prácticas partidarias. Y si hasta la fecha la
acción de nuestro Partido ha determinado los actos gubernativos más
trascendentales, sintetizados en una legislación que es ejemplo en América,
más imperativa, más categórica ha de ser pronto, encuadrada dentro de los
principios de libertad y de justicia que ennoblecieron esa acción en todas las
épocas de nuestra vida republicana".[27]
Anteriormente hemos visto cómo los partidos políticos se dividían en su
visión de gobierno, en tanto existía el gobierno de partido y por otra parte el gobierno nacional. Esta discusión
parecía zanjada en ese siglo, pero no es así. En el Consejo Nacional de Administración se plantea nuevamente el 5 de
mayo de 1927, entre el Presidente José
Batlle y Ordóñez y los señores Consejeros nacionalistas Lussich y Herrera. El primero expresaba: "...Ministro de Hacienda que acaba de sostener que el Estado debe ser
regido en todas sus manifestaciones por el partido a que pertenece. Yo creo, en
cambio, de acuerdo con principios que en mí son orgánicos, que debemos hacer
gobierno nacional y en manera alguna gobierno de partido. Por lo tanto, si
todas las organizaciones públicas importantes, que se quieran formar lo serán
bajo la misma institución de gobierno de partido, esa razón es suficiente para
que yo, por mi parte, le niegue mi voto. Soy partidario del gobierno nacional,
y por lo tanto para mí los más aptos y los mejores no son los componentes de
un partido determinado sino que, en mis funciones de administrador, me regiré
siempre por aquel viejo precepto "Right man in the right place" (el
hombre para su puesto) ... Sería pues
absurdo que los que como yo somos partidarios del gobierno nacional, pusiéramos
en manos de quienes sostienen el Gobierno de partido a outrance, un nuevo y poderoso
mecanismo de persistencia en el Poder para la aplicación de doctrinas y
principios con los que estamos en absoluto desacuerdo. Sería fortalecer al
Gobierno de Partido frente a los principios del Gobierno Nacional. He sostenido
siempre mis ideas con absoluta sinceridad y nunca trepidaría de la elección
entre un colorado bueno y un nacionalista regular. La afirmación del señor
Presidente de que los nacionalistas hacen lo mismo, es aventurada, y si ello se
hiciera por alguna administración departamental, procedimiento que no
comparto, sería como lógica compensación al criterio exclusivista colorado que
pretende ocupar todo el país y todos los cargos ... El señor Presidente Batlle
y Ordóñez manifestó que la lucha entre los partidos no debe consistir en la
ocupación de los puestos públicos sino en la aplicación y realización de las
ideas que prestigian y que los distinguen, por la forma en que encaran y
entienden que deben resolverse los problemas vitales para el país. Sostuvo, que
cuando un partido sustenta ideas radicalmente opuestas a las de otras
agrupaciones políticas, ese partido no utiliza otros hombres en su gestión de
gobierno que aquellos que participan de su misma orientación, aun en los
puestos más modestos. Solo puede admitirse una excepción y es en el caso de que
sea necesario integrar un puesto y únicamente exista para desempeñarlo una
persona que milita en el partido de la oposición. Como las funciones públicas
deben ser bien desempeñadas y de acuerdo con la orientación del partido que
gobierna, es necesario aceptar para la provisión de los cargos públicos a las
personas que militan en sus filas, pues fuera de la excepción anteriormente
prevista, una agrupación partidaria no podría estar tranquila si no cuenta con
el concurso de sus afiliados en sus distintas gestiones relacionadas con el
Gobierno Nacional ... El Dr. Lussich interrumpió en este momento al orador,
para manifestarle que su partido combatía la burocracia excesiva creada por
los gobiernos colorados y contra la cual no ha tomado en estos últimos tiempos
ninguna resolución tendiente a disminuirla. Respondió el señor Batlle y Ordóñez
que hubiera deseado no entrar en este aspecto de la cuestión, pero ya que el
Dr. Lussich se refiere a ella, recordaba que en algunos entes autónomos es
donde existe precisamente esa burocracia excesiva, creada con fines electorales
y favorecida por el partido nacionalista para perjudicar a la agrupación a la
cual pertenece. Dijo además que durante su situación en este Consejo había
tenido oportunidad de observar que los Consejeros de la minoría estaban siempre
en acuerdo cuando se procedía a nombramiento de empleados públicos. Ante estas
afirmaciones el Dr. Lussich hizo notar que precisamente en casi todos los
nombramientos efectuados anteriormente por el Consejo, los miembros de la
bancada nacionalista se había pronunciado en favor de distintos candidatos y,
por lo que respecta al ingreso de ciudadanos de su filiación política, en
calidad de empleados, a los distintos entes autónomos, señaló las dificultades
con que había tropezado siempre esas candidaturas ... dijo el Dr. Herrera que
para él tan reprobable era el exclusivismo de su partido como de otro y que, la
consecuencia dolorosa del exclusivismo absoluto que se venía practicando, era
fatalmente deprimir el concepto de gobierno. El país es de todos sus hijos y no
ya de los colorados y los blancos sino de los socialistas, católicos o
comunistas. Todos los ciudadanos aptos, fuera el que fuese su criterio cívico,
deberán tener acceso a la Administración Pública ... El señor Consejero
Lussich manifestó que entre los partidos en que se divide la opinión del país
existen afinidades de ideas, en lo referente a la apreciación de cuestiones
sociales y económicas, siendo estas manifestaciones rebatidas por el señor
Consejero Caviglia quien expresó que las divergencias que existen son profundas
y que se han acentuado aún con respecto al proyecto en debate...".[28]
La discusión continuará en el Consejo
Nacional de Administración, a partir del proyecto del monopolio de alcoholes,
donde Batlle sostenía: "No, nosotros
hemos dicho que si se lleva a cabo el monopolio del alcohol y se constituye en
un ente autónomo con esa finalidad debe estar sujeto a los principios que rigen
los demás monopolios que tiene actualmente la República y que tan buenos
resultados han dado. Yo formo parte de una agrupación política que ha sido
excluida de todos los monopolios. Constituyendo una agrupación numerosa, no
tiene representación en el Banco de Seguro; en las Usinas Eléctricas del Estado
se encuentra en minoría o en la Administración Nacional del Puerto no tienen
ningún representante; sin embargo, sostenemos que los entes autónomos deben
constituirse de esa manera, porque no hacemos cuestiones electorales sino que
respondemos a finalidades patrióticas y luchamos por el interés del país, en
lugar de detenernos a considerar el número de miembros que pueden
correspondernos en la integración de esos organismos". El Dr. Herrera
manifestó que estaba escrito lo contrario. Dijo el señor Batlle: Está escrito
que el partido debe gobernar con sus hombres, porque el partido debe gobernar
con sus hombres, porque el partido debe tener confianza hasta en los empleados
más modestos. El partido que tiene la mayoría del país. Dr. Herrera: No la
tiene. Sr. Batlle: Entonces la tienen ustedes. Dr. Herrera. No, la tienen el
país porque en los comicios han triunfado los partidos de la oposición. Sr.
Batlle y Ordóñez: Yo pertenezco a una agrupación que ha sido siempre combatida
por el partido nacionalista unido hoy a una fracción y mañana a otra; sin
embargo, nosotros sostenemos ese principio de que los partidos deben gobernar
con sus hombres y todos tratan, el día que obtengan mayoría, de proceder en la
misma forma...".[29]
4 - Las Intendencias
Los deseos de reformar las instituciones también llegaban al ámbito del
gobierno departamental, reclamando una mayor autonomía con arreglo a las
necesidades que al país le faltaba encarar para llegar a una mejor
administración de los recursos.
Cuando fueron concebidas las Juntas
Económicas Administrativas eran otros tiempos: "Una de las cuestiones que reclaman sin duda alguna con mayor urgencia
la modificación de la carta magna, y en la que casi todas las opiniones
concuerdan, es la referente a nuestro régimen de gobierno municipal; la
autonomía del gobierno municipal es un principio universalmente aceptado de
administración, aun en los pueblos que no se rigen por el sistema de gobierno
republicano...".[30]
Hasta el propio presidente Williman
ve la necesidad de cambio: "...la
opinión del gobierno sobre el régimen actual de los municipios se hace cada vez
más desfavorable, visto que ese régimen no corresponde a las esperanzas que
sobre el desarrollo de la administración local concibe la Ley Orgánica de
Juntas sancionadas en 1903".[31]
Era evidente que las Juntas no respondían a las necesidades del
momento, y la nueva administración
iniciada por Williman anunciaba la creación de Intendencias Municipales. Había
que buscar un cambio sin violar la Constitución, donde el Intendente sería el
poder ejecutivo y los miembros de la Junta serían los que actuarían como el
Concejo Deliberante de Buenos Aires, una especie de parlamento, el cual
controlaría la marcha de la administración municipal.
En setiembre de 1907 es enviado el proyecto por el cual se crean las
Intendencias, siendo del agrado de la gran mayoría de la Asamblea. Se buscaba
ensayar un sistema de gobierno local más en armonía con las exigencias de la
vida moderna.
Para llevar adelante tal reforma se tenían presentes los acontecimientos
europeos: "...El intendente será el
encargado de concluir para siempre con la mayoría de los conflictos que ahora
se promueven y será también el encargado de dar un impulso enérgico a todas
las iniciativas benéficas para las poblaciones confiadas a su dirección.
Las Juntas Económico-Administrativas no responden a
las exigencias de la vida de las sociedades contemporáneas. Los Municipios
extienden cada vez más la esfera de sus atribuciones, y constituyen hoy en día
en los pueblos más adelantados verdaderas potencias económicas y sociales
dotadas de energías tan extraordinarias, que jamás pudieron esperarse por
quienes estudiaban y completaban su organización hace apenas veinte o treinta
años.
La causa de este extraordinario desenvolvimiento de
las funciones de las municipalidades la constituye, principalmente, lo que en
Francia se ha llamado "socialismo municipal", y en Inglaterra
"Municipal Frading", es decir la tendencia que predomina en las
instituciones de gobierno local para tomar a su cargo los servicios públicos,
con lo cual se cree favorecer a la sociedad pues se suprimen las ganancias
extraordinarias y abusivas de los comerciantes o industriales que hasta el
presente se han encargado de esos servicios. En Inglaterra las principales
municipalidades han tomado a su cargo los servicios públicos más importantes a
tal extremo que en los últimos quince años se han convertido en verdaderas
empresas comerciales e industriales. Mr. Chamberlain comparaba con razón los
modernos municipios con estos establecimientos comerciales cuyos accionistas
serían los ciudadanos que recibirían sus dividendos bajo la forma de un momento
de bienestar".[32]
Había sectores que veían la creación de las Intendencias como una forma
de influencia electoral del Poder Ejecutivo, así como una forma de
afianzamiento del Partido Colorado.
El nuevo órgano departamental deberá, "...someterse al gran principio económico de la división del trabajo o
de la especialización de las funciones a fin de que éstas se cumplan lo más
perfectamente posible. Las tareas municipales son lo bastante variadas y
complejas para que puedan ser desempeñadas, a la vez, por una sola corporación,
en su doble carácter ejecutivo y legislativo, y al haber sido ejercidas
aquéllas hasta ahora por las Juntas es
que debemos atribuir gran parte de los desaciertos de éstos en la gestión
municipal...".[33]
5 - La fragmentación de los partidos
La concreción de la reforma constitucional dejó un saldo positivo, si
miramos los elementos que se tuvieron en cuenta para la convocatoria de la
Asamblea Constituyente: voto secreto, representación proporcional y sufragio
universal masculino, dejándose de lado las limitaciones establecidas por la
Constitución de 1830.
Si bien los votos colorados eran mayoría, había que hacer la siguiente
distinción entre colegialistas (60.000) y los anticolegialistas (15.000) los
cuales se sumaban a los nacionalistas (68.000) en la oposición.
En dicha elección se confrontan dos visiones de país, por un lado el Uruguay batllista oligárquico en lo
político y popular en lo social, y por el otro el Uruguay blanco-riverista, democrático en lo político y conservador
en lo social.
En estos momentos comienza a darse la primera escisión encabezada por
Pedro Manini Ríos, constituyéndose en el grupo riverista.
Sus ideas se sintetizaban en: antietatista, anticolegialista y contraria a las
reformas sociales.
Al riverismo le siguió en mayo de 1919 el vierismo,
denominándose Radical y en el mismo año se constituye la Unión Colorada dirigida por el Dr. Augusto Turenne para apoyar la
gestión del presidente Dr. Baltasar Brum.
"La oposición de ideas,
acentuada de día en día ha quebrantado al partido Oficialista ... Esas
divergencias ... son antiguas y podría hallarse su origen en la tendencia
socialista dada por el Sr. Batlle a su partido, tendencia poco grata para
quienes por tradición, por posición social y hasta por educación, son
conservadores, dentro, naturalmente, del principismo liberal de esa agrupación
política ... El colegiado -el soviet, como podríamos denominarlo usando la
palabra puesta en boga por los bolcheviques rusos- produjo la primera escisión
partidaria (la riverista), de la actual (la batllista) ... no es más que una
continuación ... Todo esto revela que si en el oficialismo se aceptan algunas
reformas en las relaciones entre obreros y capitalistas, no se admite la raíz
socialista de esas reformas, vale decir, los principios socialistas".[34]
En 1926 se produce el alejamiento de Julio
María Sosa a causa de las discrepancias con Batlle por el deseo de ocupar
el cargo de Presidente de la República, la cual había sido ocupada
anteriormente por Baltasar Brum, Ing. José Serrato y el Dr. Juan Campisteguy, los cuales no eran
batllistas y sí lo era Sosa. El deseo de Batlle era que ningún batllista
ocupara dicho cargo y volcar todas sus fuerzas en el Consejo Nacional de Administración. A raíz de la escisión de Sosa
se crea tras de él el Partido Colorado por la Tradición, que llega a obtener alrededor de
unos 40.000 votos.
Dentro del Partido Nacional debemos remontarnos en el tiempo a 1903,
cuando es expulsado el grupo liderado por Acevedo
Díaz y a cuyos integrantes se llamó "Calepinos" (por un caballo de carrera que se llamaba así y del
cual no se sabía su origen, habiendo corrido en una ocasión la pista en sentido
contrario).
En 1921 el Dr. Herrera ocupa la Presidencia del Directorio, se puede
interpretar que el Partido Nacional a partir de ese momento adquiere las
características de una agrupación política moderna.
Una nueva escisión se dará en 1926, al alejarse el Dr. Lorenzo Carnelli conjuntamente con Ricardo Paseyro, José Otamendi y otras figuras destacadas, girando
su preocupación en torno a los problemas sociales, y siendo el propio Carnelli
autor de diferentes proyectos de ley en la materia. Fue expulsado del partido
por motivos disciplinarios, y constituyó el Radicalismo Blanco que
tenía sus contingentes entre los obreros de la capital, en Soriano y en
su departamento natal, Tacuarembó.
Su alejamiento le impidió al Partido Nacional ganar las elecciones, ya
que perdieron por 1.600 votos y él obtuvo 4.000 votos.
Las elecciones de 1925 depararon la derrota del Partido Colorado al no
poder contar con los votos del riverismo (8.000 votos), lo que permitió que
Herrera fuese el presidente del Consejo
Nacional de Administración.
Las discrepancias dentro del Partido Nacional depararon en 1928 el
surgimiento de la Agrupación Nacionalista
Demócrata Social, liderada por el Dr.
Carlos Quijano.
La mayoría blanca estaba acaudillada por el Dr. Luis Alberto de Herrera,
superando en las internas de 1920 al sector doctoral encabezado por el Dr. Lussich. Después de la derrota de
1931 se separa este último conformando el Partido Nacional
Independiente y quedando por otra parte el Partido
Nacional-Herrerista.
Nuestro sistema de partidos políticos se consolidó a partir de 1910 con
la incorporación de los pequeños partidos: el Socialista y la Unión Cívica.
En 1904, Emilio Frugoni funda
el Centro Socialista Obrero 1º de Mayo,
el cual será célula inicial de lo que más tarde se denominara Partido
Socialista, que a partir de 1905 adopta la denominación Centro Carlos Marx.
El acuerdo realizado con el batllismo en 1910 le permitió obtener dos
bancas en la Cámara de Representantes, cristalizándose el esfuerzo en la
consolidación del Partido Socialista.
Son cruciales los acontecimientos de la revolución de octubre de 1917,
la formación de la III Internacional,
las críticas de Lenin al reformismo y
a la socialdemocracia, para que en el 6º
Congreso Extraordinario celebrado en abril de 1921 en Montevideo se
produzca, por un lado la escisión de Eugenio Gómez constituyendo el Partido Comunista del Uruguay y
quedando Emilio Frugoni en el Partido Socialista.
La Unión Cívica como partido
nace en 1912 aunque sus antecedentes se remontan al siglo pasado desde la
década del 70. Su primer representante será el Dr. Joaquín Secco Illa.
CUADRO Nº 8
EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES
POLITICAS
1911 - 1928
Durante este tiempo varios fueron los sectores y los partidos que
llevaron la iniciativa de la abstención del voto. Pero un régimen de libertad,
de igualdad y de coparticipación requiere el concurso de todas las opiniones y
de todas las tendencias. "...El
sufragio es algo más. Es una verdadera función pública, entendiendo este
término en el sentido social; es un derecho que ejercemos como miembros de una
asociación y cuyo empleo tiene repercusiones en los demás componentes de esa
misma sociedad. El cargo que puede hacerse a los que se abstienen no se
concreta únicamente a sus intereses sino a los intereses del agregado social de
que forman parte y cualquier irregularidad que a este último perjudique es
imputable a la actitud de aquéllos.
...Un partido que se aleja de las urnas es un partido
que reconoce su debilidad para luchar y que descuenta desde ya su derrota.
Cuando se cree en la propia fuerza es preciso exteriorizar, pues de otro modo
hay derecho a dudar de ella. Renunciar
es declararse vencido y no deben hacer tal los partidos que pretenden tener
representación en las Asambleas electivas.
No hay motivos, ni siquiera aceptables pretextos, para
que la oposición no intervenga en los
próximos comicios en que se ha elegido la Asamblea para la reforma de nuestra
Constitución. Si constituyen un partido, si tienen un programa que presentar,
si tienen, objeciones que hacer a los programas de los demás partidos, si
quieren, en fin, tener la influencia que numéricamente pueda corresponderles,
nada más justo, nada más lógico, que luchen, pues, que las conquistas cívicas
no vienen providencialmente sino que son el resultado de la constancia y del
empeño partidarios.
La intervención de todos es una exigencia de la democracia...".[35]
CUADRO Nº 9
PARTIDOS QUE CONCURRIERON A ELECCIONES
ENTRE 1916 Y 1928
PARTIDOS Períodos de participación
Agrup. Col. Juventud Riverista 1928-34
Partido Agrario Popular 1925-31
Partido Autonomía Colorada 1917
Partido Bandera Colorada 1919
Partido Blanco 1918
Partido Blanco Radical 1925-31
Partido Coalición Colorada Nacionalista 1917
Partido Colorado 1917
Partido Colorado Batllista 1922-31
Partido Colorado Gral. Rivera 1917-34
Partido Colorado Radical 1922-31
Partido Colorado (Anticolegialista) 1916
Partido Colorado (Colegialista) 1916
Partido Comunista 1922-58
Partido Concentración Colorada 1928
Partido Demócrata (Unión Democrática) 1919
Partido Nacional 1916
Partido Por la Tradición Colorada 1928-34
Partido Reformista 1928-34
Partido Rionegrense 1917
Partido Socialista 1916-58; 66
Unión Cívica 1916-58;
84
Unión Colorada de Durazno 1925
Unión Industrial 1922
Otro mecanismo al cual podían recurrir los ciudadanos es el Referéndum: "...supone la intervención directa del pueblo
en la orientación fundamental de la vida política del Estado. En una democracia
sincera no puede desconocerse el derecho del conjunto de ciudadanos a
rectificar lo hecho por los que, en su representación, gobiernan el país. Sólo
las tiranías se alejan del pueblo, y sólo un pueblo tiranizado renunciaría a la
facultad de declarar su voluntad por los procedimientos políticos permitidos".[36]
Cerrando estas mejoras comienza a verse al voto secreto como la forma
más democrática para conservar nuestro régimen eleccionario, transformándose
en un arma que permitirá lograr la nivelación social y la libertad política
necesaria con que debe contar cualquier pueblo.
CUADRO Nº 10
INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL
DE ADMINISTRACION Y PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
1919 1919-1923
Partido Colorado: Dr.
Feliciano Viera
Baltasar Brum
Dr.
Ricardo Areco
Dr.
Domingo Arena
Sr.
Pedro Cosio
Dr.
Francisco Soca
Sr.
Santiago Rivas
Partido Nacional:
Dr. Alfredo Vásquez Acevedo
Dr.
Carlos A. Berro
Dr.
Martín C. Martínez
1920 1923-1927
Partido Colorado: Ing. José Serrato
Sr. José Batlle y
Ordóñez
Dr.
Juan Campisteguy
Dr.
Feliciano Viera
Dr.
Ricardo J. Areco
Dr.
Domingo Arena
Sr.
Pedro Cosio
Partido Nacional:
Dr. Alfonso Lamas
Dr.
Alfredo Vásquez Acevedo
Dr.
Carlos A. Berro
1925
1927-1931
Partido Nacional: Juan Campisteguy
Dr. Luis Alberto de Herrera
Dr.
Martín C. Martínez
Ing.
Carlos María Morales.
Dr.
Alfonso Lamas
Partido Colorado:
Dr. Gabriel Terra
Dr.
Atilio Narancio
Sr.
Julio María Sosa
Dr.
Federico Fleurquin
Dr.
Juan Campisteguy
1927
Partido Colorado:
Sr. José Batlle y Ordóñez
Dr.
Luis C. Caviglia
Dr.
Gabriel Terra
Sr.
Julio María Sosa
Dr.
Federico Fleurquin
Partido Nacional:
Dr. Arturo Lussich
Dr.
Luis Alberto de Herrera
Dr.
Martín C. Martínez
Ing.
Carlos María Morales
[14] La palabra de Batlle. Comentarios de El Siglo. Lo que
dicen otros colegas. El Día. Agosto, 2 de 1910.
[18] De "La Vanguardia" de Buenos Aires. Un
reportaje al Sr. Batlle y Ordóñez. El Día. Febrero, 14 de
1916.
[26] Bruschera, Oscar- Evolución institucional del Uruguay en el
siglo XX. Montevideo. 1988. pág. 8.
[28] José Batlle y Ordóñez. Documentos para el estudio de su vida y de
su obra. Serie VIII 1919-1929. Consejo Nacional de Administración
1921-1927-1929. Tomo III. Montevideo. 1989. págs. 433-435.
[29] Ídem. págs. 454-456.
[31] Ibídem.
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