6 - ¿El Estado Batllista es un Estado de
Bienestar?
l proceso secular de extensión del derecho de participación política,
junto con el similar incremento del carácter mediatizado e indirecto de las
formas de ejercicio del citado derecho, ha sido uno de los dos desarrollos
estructurales acumulados por el proceso histórico de la democracia que tuvo
lugar en una dimensión sustantiva, no social: después de que fuese cada vez más
numerosas las "categorías del pueblo" admitidas en la ciudadanía
activa a través del primero de los procesos citados, el segundo de ellos consistió
en someter a la voluntad política general aspectos cada vez mayores de la
sociedad civil, particularmente los referentes a cuestiones de carácter
productivo y distributivo.
Uno de los supuestos subyacentes a la ampliación de la democracia a las
esferas económica, distributiva y educativa, sostenía que el derecho a
participar en asuntos no sólo propiamente políticos, sino también económicos a
través de los programas sociales y económicos del Estado, ayudaría a mejorar
los rendimientos del proceso político promocionando las cualidades racionales,
el sentimiento de seguridad material, la libertad frente a miedos y ansiedades
y la confianza de los ciudadanos en sí mismos. Se pensó que esta segunda
ampliación de la democracia seguiría una lógica estrictamente análoga al
proceso anteriormente discutido, es decir, la lógica de ampliar "más democracia" con el propósito de
crear "mejores ciudadanos".
Desgraciadamente, sin embargo, no existe ninguna evidencia concluyente de que
una mayor participación "per se",
active un nuevo renacimiento del desarrollo humano, ni de que ellos conduzcan
a resultados políticos consistentes y deseables.
De hecho, en el curso del desarrollo del estado de bienestar las
políticas distributivas dejaron cada vez más de ser medios para un fin -la
cualificación de todos los ciudadanos para la ciudadanía responsable- para
terminar convirtiéndose en un objeto apreciado por sí mismo. El estado de
bienestar y sus políticas de seguridad y redistribución social pueden llegar
incluso a entrar en conflicto con el ideal democrático de la razón si el
esquema de la redistribución de ingreso se desconecta del principio universalista
de promoción del bien común y se deja guiar en su lugar por estrategias de
grupos que pretenden apropiarse de porciones del producto nacional bruto a
expensas de los demás. Aún más, las instituciones del estado de bienestar han
sido con razón criticadas por su tendencia a fomentar actitudes de dependencia
y de clientelismo entre los ciudadanos.
La hipótesis, sumamente optimista, de que una mayor participación de los
ciudadanos comporta una mayor calidad moral y cognitiva en sus capacidades
decisorias podría ser criticada desde el argumento opuesto: el de que la
participación -y las oportunidades de apropiación colectiva de los valores
materiales que ésta implica- puede corromper de hecho a los ciudadanos en la
medida en que apela a su egoísmo. De este supuesto fuertemente pesimista se
seguiría una conclusión opuesta: sólo la evidencia de que los ciudadanos son
responsables comportaría y justificaría un aumento de su participación.
Tanto en el caso de una distribución más igualitaria del derecho legal a
la participación política como en el de una distribución más igualitaria de los
derechos y recursos económicos, la pregunta que debe hacerse es si, una mayor
igualdad entre los individuos provocará el
desarrollo de sus capacidades morales y racionales y -en caso
afirmativo- en virtud de qué mecanismos causales. También debe preguntarse si
con ello, a la larga, se logrará una mejora de los resultados en la toma
colectiva de decisiones. El hecho de plantearse esta pregunta no niega, por
supuesto, la justificabilidad de las políticas sociales y económicas de tipo
igualitario desde fundamentos tales como la abolición de la miseria y la
pobreza, distintos a los de la teoría democrática en sentido estricto. Pero,
desde el punto de vista de la teoría democrática, la cuestión de por qué -y
bajo qué condiciones- la igualdad de los individuos puede concebirse como premisa
necesaria de la racionalidad colectiva, merece una cuidadosa y seria
consideración. ¿Cómo podemos ser a la vez iguales y excelentes?
En la segunda década del siglo XX, se toma una serie de medidas por
parte del gobierno creando un estado asistencial, providente y anticipador de
demandas.
En un país ganadero como era el Uruguay de aquellos años, había que
crear las bases para una economía urbana.
El proceso de construcción nacional alentado por la élite dirigente
desde fines de 1870, llegó a su fin con la formación de un Estado capaz de
controlar efectivamente todo su territorio, y contando con el monopolio
legítimo de la coerción física dentro de los límites nacionales.
Es a partir del año 1911 que el Estado va aumentando su capacidad de
ampliación de las funciones burocráticas, ensancha su estructura de servicios y
producción al mismo tiempo que se sientan las bases para la consolidación de un
régimen político democrático, y adopta pautas de representación ciudadana
progresivamente universales.
Analizando en el campo teórico, algunos autores han desestimado el uso
de la denominación de "Estado de Bienestar" para el
estado social uruguayo. No solo se ha argumentado esto por la cobertura urbana
del mismo, sino también por el tipo, variedad y alcance de los dispositivos del
Estado. Rial denomina al modelo uruguayo "estado asistencial", especialmente al referirse al período
que va desde su gestación hasta los años cuarenta.
El incipiente estado social a que se hace referencia se basa en cuatro
pilares:
-la creación de la Asistencia Pública en 1910.
-la instrucción pública laica dictada por Latorre en el siglo pasado.
Permitió la creación de una enseñanza secundaria laica y se reformuló la
enseñanza universitaria, la Universidad
de Mujeres, entre otras; la expansión de la obligatoriedad de la enseñanza
a la educación media durante el segundo gobierno de Batlle, marcan el proceso
de reforma en la materia.
-las leyes y reformas del "Ejército"
concernientes al funcionamiento del mercado laboral.
-la creación de la Caja Civil
para atender el retiro de los funcionarios públicos.
José Batlle y Ordóñez al llegar al poder tiene una sola intención,
lograr establecer un "modelo de país" para afirmar la
independencia política y conseguir la independencia económica, que en 73 años
no alcanzó a tenerla. La idea está en su proceso de elaboración, que con el
tiempo se va a ir puliendo y aplicando.
En su segunda estadía en Europa, Batlle va perfilando un proyecto de
país, basado en un amplio plan de reformas en todos los órdenes, con el fin de
llevar el bienestar a todos los sectores sociales.
Para ello recurrió a:
- nacionalización
- estatización
- industrialización
- tecnificación y transformación de los estatus estratos de los sector
agropecuario
- mejoramiento de las condiciones de vida de la población
- educación
Como podemos ver hay una mediación directa entre el Estado y la
sociedad, la cual tiene lugar en el sistema de la organización y decisión
política, que lo distingue del Estado liberal burgués cuyo factor constitutivo
era la separación entre ambas esferas.
En íntima relación con ello y en su variante de Estado benefactor, el
concepto de Estado social también señala la existencia de un sistema de
seguridad con garantía y coadministración estatal, que tiende hacia la
disminución de los riesgos sociales de las masas de obreros asalariados y hacia
la garantía de un mínimo del nivel de vida.
Este concepto no sólo contiene la exigencia de organizar al Estado,
sino también, sobre la base de una interpretación democrática del Estado de
derecho que trascienda la limitación liberal, organizar democráticamente la
sociedad, esto es, el proceso de reproducción económica de la sociedad para
concretar con ello una auténtica igualdad de oportunidades en la
codeterminación de todas las cuestiones fundamentales de la sociedad.
Grupo de obreras uruguayas
La intención del movimiento obrero de responder a la
"cuestión social" mediante
la realización de un orden social y económico de constitución democrática, con
la ayuda de un poder público democratizado, produjo violentas reacciones
políticas e ideológicas por parte de las clases dominantes y del poder público
que las representaba. Esta situación no corresponde a nuestro país, debido que
el estado buscó los caminos para superar la "cuestión obrera".
El Uruguay ha sido considerado por mucho tiempo una de las pocas
democracias reales de la región, naciendo esta en 1918 y teniendo dos
interrupciones en 1933 y 1973.
Paralelamente a la democracia se desarrolla un temprano estado de bienestar
como consecuencia de la acción del Partido Colorado, más precisamente por la
élite batllista, siendo ambos procesos posibles por un crecimiento económico
orientado hacia afuera.
Este proceso no significó la ruptura con la República del siglo pasado,
sus elementos más fuertes fueron la tradición presidencialista y los partidos
tradicionales.
Recordemos la preocupación de Batlle y de Arena por solucionar la "cuestión obrera" mediante la
realización de un orden social y económico democrático, que causó violentas
reacciones de los sectores conservadores. Pero el Estado seguía su camino,
seguro en su intervención en la sociedad, involucrándose en los conflictos
sociales de la misma, actuando como árbitro. De esta forma la separación de
Estado y sociedad, del siglo pasado, fue perdiendo terreno para llegar a un
grado de estatización.
Cuando hablamos de Estado social[1]
incluimos no sólo los aspectos del bienestar, aunque éste es uno de sus
componentes capitales. Es decir, el Welfare State se refiere a un
aspecto de la acción del Estado, no exclusivamente de nuestro tiempo, puesto
que el Estado de la época del absolutismo tardío fue también calificado como
Estado de bienestar, mientras que el Estado social se refiere a los aspectos
totales de una configuración estatal.
La idea de Estado social se remonta a 1850 con Lorenz von Stein, quien establecía que había llegado el fin de las
revoluciones políticas para dar comienzo a las revoluciones y reformas
sociales. Las formas políticas del futuro serán o bien la democracia social,
caracterizada desde el punto de vista administrativo, por su orientación hacia
la neutralización de las desigualdades sociales, o bien la monarquía social.
La formación de la idea del Estado social, o más concretamente de la
idea del Estado social de Derecho, se le debe a Hermann Helles, quien a su militancia socialdemocrática unía la de
ser uno de los más destacados tratadistas de teoría política y del Estado
entre los veinte y treinta.
Por su parte García Pelayo
establece que, el Estado social significa históricamente el intento de
adaptación del Estado tradicional -por el que entendemos en este caso el Estado
liberal burgués- a las cuestiones sociales de la civilización industrial y
postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus
grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para enfrentarles.
En el último tercio del siglo XIX se desarrolla en los países más
adelantados una "política social"
cuyo objetivo inmediato era remediar las pésimas condiciones vitales de los
estratos más desamparados y menesterosos de la población. Se trataba así, de
una política sectorial, no tanto destinada a transformar la estructura social,
cuanto a remediar algunos de sus peores efectos y que no precedía, sino que
seguía a los acontecimientos.
Lo propio sucede en el campo económico. Si bien el Estado decimonónico
debía obedecer al famoso principio del laissez faire, lo cierto es que en todos
los países se establecieron medidas arancelarias destinadas a defender ramos
económicos específicos de la competencia exterior, al menos se dice hasta que
tuvieron en disposición de enfrentarla por sí solas; tampoco dejó de
manifestar su presencia el subsidio estatal a esta o aquella actividad que
convenía desarrollar por razones de interés nacional, ni de promoverse la
educación tecnológica creando las correspondientes escuelas técnicas y, en
general, de desplegarse una política de fomento, destinada a actualizar
directa o indirectamente el potencial económico del país. Ahora, en cambio, se
tiende a una política estatal de dirección permanente y propaganda del
conjunto, aunque no se dé los detalles del sistema económico global, y sin
perjuicio del poder de decisión de las empresas privadas, dirección que no se limita
a actuar bajo la coerción de una estructura del sistema económico tal como el
conductor maneja un automóvil cuyo
mecanismo puede orientar en una dirección pero no modificarlo, sino que aquí el
Estado puede promover el cambio de ciertos límites, de la estructura misma del
sistema económico frente al cual ha de operar.
Podemos establecer que el Estado, antes de Batlle, era visto como una
organización racional orientada hacia ciertos objetivos y valores, y dotada de
una estructura vertical o jerárquica. Sus objetivos y valores eran la garantía
de la libertad, de la convivencia pacífica, de la seguridad, de la propiedad y
la ejecución de los servicios públicos.
La sociedad, en cambio, era considerada como una ordenación, es decir,
como un orden espontáneo dotado de racionalidad, una racionalidad expresada en
leyes económicas.
El Estado social, por el contrario, parte de la experiencia de que la
sociedad dejada total o parcialmente a sus mecanismos autorreguladores,
conducen a la pura irracionalidad, y que sólo la acción del Estado hecho
posible por el desarrollo de las técnicas administrativas, económicas, de
programación de decisiones, etc., puede neutralizar los efectos disfuncionales
de un desarrollo económico y social no controlado. Por consiguiente, el Estado
no puede limitarse a asegurar las condiciones ambientales de un supuesto orden
social inmanente, ha de ser el regulador decisivo del sistema social y ha de
disponerse a la tarea de estructurar la sociedad a través de medidas directas o
indirectas.
En resumen, Estado y sociedad ya no son sistemas autónomos,
autorregulados, unidos por un número limitado de relaciones y que reciben y
envían insumos y productos definidos. Son dos sistemas fuertemente
interrelacionados entre sí a través de relaciones complejas; con factores
reguladores que están fuera de los respectivos sistemas y con un conjunto de
subsistemas interseccionados; dando muestra del cumplimiento de funciones
estatales a través de empresas de constitución jurídica privada; la realización
de importantes funciones públicas por vía de contrato; la presencia de
representantes del sector privado en las comisiones estatales y en las tomas de
decisiones, etc.
Si el Estado social significa un proceso de estructuración de la sociedad
por el Estado, hay que preguntarse sobre los valores y fines que lo orientan.
Además de los valores básicos del Estado democrático-liberal, pretende hacer
esa estructuración desde el supuesto de que el individuo y sociedad no son
categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación
recíproca de tal modo que no puede realizarse el uno sin el otro.
La realización de una serie de prestaciones sociales preferiblemente
debe estar no sólo proclamada, sino también garantizada por los textos
constitucionales. Entre tales prestaciones cabe contar:
-la fijación de un salario vital mínimo con independencia de la clases
de ocupación y destinada a ser revisado de acuerdo con la coyuntura económica
nacional;
-la preocupación de un puesto de trabajo para todo ciudadano útil, para
lo cual ha de desarrollar una política de pleno empleo;
-la atención de los que estén incapacitados para el trabajo temporario o
permanente: obreros de industrias decaídas, paro coyuntural, ancianos, niños,
deficientes mentales, etc., función tanto más importante en estos tiempos de
crisis de las estructuras tradicionales de la familia y de las formas
comunitarias que antes cuidaban de los agentes desvalidos;
-el acrecentamiento de las posibilidades vitales de la población y
especialmente de las masas de empleadas y obreros, acrecentamientos que se
actualiza;
-mediante una justa distribución de ingreso a todos los niveles de
acuerdo con la coyuntura económica;
-mediante el creciente acceso a los bienes culturales, lo que, por otra
parte, es un requisito para la reproducción de un sistema sustentado sobre la
innovación o al menos sobre la posesión de los conocimientos, tecnológicos;
-mediante la expresión y el perfeccionamiento de los servicios sociales
a través, principalmente, de sistema de seguros.
Se ha establecido que entre 1903-1933 se desarrolló, en nuestro país, el
Estado empresario, siendo su objetivo estatizador el siguiente:
-lograr un funcionamiento correcto de los servicios públicos, no regidos
por una acción estatal en beneficio de la sociedad;
-sustituir ciertos monopolios privados de hecho por una acción estatal
en beneficio de la sociedad;
-asumir la explotación de ciertas actividades económicas que el capital
privado, por lo natural aleatorio de sus resultados, se negaba a realizar;
-sustituir la ausencia de un empresario pujante;
-asegurar la autonomía económica del país;
-absorber, en épocas de crisis, la mano de obra desocupada, oficiando
como árbitro del conflicto social;
-generar recursos fiscales.
Recordemos que el militarismo, sobre todo su expresión más cabal y
definida, el latorrismo, fue el
aparato de poder a través del cual pudo canalizar una cierta orientación que
zafara a la comarca de su aislamiento.
El latorrismo debilitó pero no liquidó en forma total las fuerzas que
atacó; sus resabios, sus restos, sus últimas expresiones anémicas y
descoloridas fueron el saldo al cual José Batlle y Ordóñez debió apuntar para
darles el tiro de gracia.
El batllismo apostó a que el Estado jugaba un rol protagónico en el
campo económico, abandonando su habitual papel moderador y operar como agente
de progreso.
Sostuvo que era necesario que los Poderes Públicos cumplieran no sólo
ese rol arbitral en el conflicto social, sino que abandonaran una indiferencia
que, a su entender, había provocado la agudización de la conflictividad social.
El Estado debía intervenir en las relaciones privadas que se generalizaba en la
sociedad, con el fin de garantizar el bienestar de todo el cuerpo social. Esto
provocó el surgimiento de una normativa novedosa -la legislación social y
laboral- que superaba el vacío existente en el país en dicha materia.
García Pelayo comentó que una de las características del Estado de
nuestro tiempo -más o menos presente
según los países- es su conversión en empresario, sea mediante la
estatización de las empresas, sea participando con el capital privado en
empresas mixtas, sea poseyéndolas exclusivamente, pero bajo forma jurídica. Las
motivaciones para la asunción de la función empresarial por parte del Estado
han podido ser de índole muy distinta.
Podemos considerar al Estado social como la forma histórica superior de
la función distribuidora que siempre ha sido una de las características
esenciales del Estado, pues ahora no se trata sólo de distribuir potestades o
derechos formales, o premios y castigos, ni tampoco de crear el marco general
de la distribución de los medios de producción, sino que se trata también de un
Estado de prestaciones que asume la responsabilidad de la distribución y
redistribución de bienes y servicios
económicos.
El Estado debía de transformarse en el agente privilegiado, motor del
desarrollo nacional.
En el caso del batllismo, debía promover la industrialización y el
desarrollo sostenido de la agricultura, así como una política social
asistencialista.
La "cuestión social"
emergió entonces, como tema de especulación ideológica y de confrontación
político-social, exigiendo de la sociedad toda -y en especial de sus sectores
hegemónicos- una respuesta acorde con la
gravedad de la problemática que ponía de manifiesto. De ahí en más, la sociedad
uruguaya debería reconocer en su seno una nueva modalidad de conflicto, la que
tendría su epicentro en el "mundo
del trabajo".
Viendo esta realidad patrones y obreros se organizaron y ensayaron
formas de acción gremial reuniendo fuerzas y disciplinado sus conductas para
mejor defender sus respectivos intereses en pugna.
Ante estas circunstancias, la intervención del Estado en el conflicto
obrero-patronal fue exigida cada vez con mayor énfasis por los sectores más
poderosos económicamente.
Pero el incremento de los conflictos laborales en áreas vitales para la
economía del país; los avances organizativos de los trabajadores; la prédica
radicalizada ("revolucionaria")
de algunos sectores ideológicos; así como los repetidos actos de violencia que
comenzaron a producirse cada vez con mayor frecuencia entre huelguistas, "carneros" y fuerzas policiales,
obligaron al Estado a prestar una mayor atención al conflicto social asumiendo
un rol protagónico en su resolución o al menos, en su control.
Batlle buscó el equilibrio de los factores económico-sociales (capital y
trabajo) arbitrándolos desde el poder político. La clave de la concepción
solidaria del batllismo estribó en un tratamiento igualitario del empresario y
del proletario.
Veamos ahora un poco la bibliografía más reciente sobre el tema. La
conceptualización del Estado de Bienestar
está ligada muy de cerca con la política convencional de progreso social;
y en segundo lugar Esping-Andersen pretende demostrar "cómo dichas políticas influyen en el empleo y en la estructura social
general. Hablar de un régimen denota el hecho de que la relación entre el
Estado y la economía están entremezclados sistemáticamente en un complejo de
rasgos legales y organizativos".[2]
Dicho autor toma las cuestiones vinculadas con la desmercantilización,
la estratificación social y el empleo como las claves para la identificación
del Estado de Bienestar.
Abordemos la visión que establece Niklas Luhmann: "El Estado de Bienestar que se ha
desarrollado en las zonas más altamente industrializadas del mundo no puede ser
suficientemente comprendido cuando se concibe como Estado Social; es decir,
como un Estado que reacciona frente a las consecuencias de la
industrialización con medidas de prevención social... el bienestar significa y
exige algo más que la mera asistencia social, y algo más que la pura
compensación de las desventajas...".[3]
El autor establece que hay una lógica al hablar de Estado de Bienestar,
la misma es por intermedio del principio de compensación. Es decir "compensación de aquellas desventajas que
recaen sobre cada cual como consecuencia de un determinado sistema de vida".[4] Pero
este concepto tiende a universalizarse: de acuerdo a cómo se formulen los
problemas, todos pueden ser compensados.
"Una vez que el concepto de
la compensación es reconocido y practicado como fundamento de las
pretensiones, se pone en marcha esa particular dinámica que conduce del Estado
Social al Estado de Bienestar; aquella que en último término no deja nada fuera
y se consume a sí misma".[5]
Suele caracterizarse al Estado de Bienestar "como un Estado que dota de extensas prestaciones sociales a determinadas capas de la población,
y que a estos efectos ha de hacer frente a nuevos costes a un ritmo cada vez
más elevado".[6]
Hace referencia al concepto de inclusión, también manejado por T. H.
Marshall, lo que significa la incorporación de la población global a
las prestaciones de los distintos sistemas funcionales de la sociedad.
Teniendo, por un lado, el acceso a estas prestaciones y, por el otro, la dependencia que de éstas van a tener los
distintos modos de vida individual.
En la medida que se va avanzando en el proceso de la inclusión, se
producirá el proceso por el cual irán desapareciendo aquellos grupos que no
participan de la vida social.
La instancia de inclusión es un principio abierto, ya que establece que
todos merecen la atención política, pero es ahí donde se presenta el problema
porque no dice cómo, siendo por ello una tarea que sólo el sistema político
puede llevar adelante.
Pero la interrogante clave es ¿hubo un Estado de Bienestar en el Uruguay?
"Un ilustre miembro de la élite política
colorada, José Batlle y Ordóñez, recibió el desafío mayor de hacer entrar al
país por carriles democráticos, sustituyendo las guerras civiles por contiendas
electorales... Para ello, esta apertura se prepararía largamente desde el
poder, y sería precedida de una gran ofensiva de seducción hacia las clases
medias y populares, construyendo un welfare state que condicionaría las
peripecias posteriores de la sociedad uruguaya.
Varios factores coincidieron para generar este welfare
state prematuro. En principio grandes masas de inmigrantes europeos llegaban al
país, construyendo un vasto contingente de potenciales electores disponibles
políticamente. Pero más allá de estas multitudes clientelizables existían otras
circunstancias que favorecían la construcción del estado de bienestar
batllista. A la expansión del Estado, que se había iniciado en las últimas
décadas del siglo XIX, se sumó un período de auge económico notable, fruto de
la venta de las carnes congeladas. Por otra parte, saliendo de un período de
guerra civil, pudo mantenerse una importante presión fiscal que antes se
dedicaba a gastos militares y que pasaba, sin mayor resistencia, a financiar
políticas sociales. Como insumos ideológicos, además, el batllismo recibía los
principios solidaristas del radicalismo francés, de la socialdemocracia
europea y hasta de las corrientes anarquistas.
...Batlle iba creando las demandas antes de poner en
circulación en el mercado sus ofertas... fomentó en la sociedad un alto nivel
de exigencias de bienestar social y de consumo. La conciencia de sus derechos
sociales, que rápidamente incorporaron los uruguayos como adquisición
definitiva...".[7]
Otra visión, la de Henry
Finch establece: "Es un
hecho largamente reconocido que Uruguay posee una notable historia de leyes
reformistas en el área de políticas laborales y sociales. El fundamento para
este logro quedó asentado durante las tres primeras décadas del siglo XX, en
las que fue dominante la influencia de José Batlle y Ordóñez; y aunque de 1930
también hubo avances en Argentina, Chile y Brasil en el área específica de
seguridad social, el fenómeno del batllismo tuvo paralelos pero no
equivalentes en el resto de América Latina. Después de 1940 volvió a surgir el
interés por el área de bienestar social, luego de los años de consolidación y
represión de la clase obrera que siguieron a la depresión...".[8]
Las dimensiones que podemos utilizar para establecer la existencia de un
Estado de Bienestar en nuestro país serán:
-estructura social: en ella tendremos en cuenta las medidas tomadas por
el Estado en beneficio de los más necesitados.
-estructura política: debemos de atender al relacionamiento entre el
Estado y la sociedad civil y los partidos.
-la restructuración económica.
Dentro de la estructura social el aporte del batllismo es amplio e
importante.
Por un lado tenemos las medidas que están relacionadas con el retiro de
la fuerza de trabajo. Desde 1896 existía una Caja de jubilaciones para
maestros, y en 1904 se creó la Caja Civil para abarcar el retiro de los
funcionarios públicos; quedando aun innegablemente un importante número de
personas sin ningún amparo.
Por Ley en 1919 se estableció la obligatoriedad de la cobertura estatal
por causa de vejez, invalidez y muerte, a aquellas personas que entraran en la
categoría de indigentes. Un año antes se dispuso que en todas las comisarías
del país dieran comida a todo habitante que se encontrase sin trabajo y no
poseyera los medios necesarios para su subsistencia.
Podemos establecer entre 1919 y 1930 esta forma de seguridad social al
punto de otorgar un beneficio a aquellos grupos sociales que se veían
desamparados y no podían por sí solos alcanzar un bienestar acorde a los
tiempos que se vivían.
Dentro de esta preocupación se incluye el tema de la vivienda para los
obreros. "En medio de la prosperidad
en que vivimos, oyendo hablar diariamente de avenidas, ramblas y proyectos
grandiosos de edificación, no se nos ocurre que a nuestro rededor exista, en realidad, gente
que viva mal, en cuartos pequeños, antihigiénicos y verdaderamente hacinados.
Realmente, entre nosotros, el problema de la
habitación obrera no ha sido puesto en tela de juicio, con todo el interés que
el asunto merece.
Si por razón de salud del cuerpo y del espíritu se
habilita a Montevideo con anchas calles y avenidas y plazas y edificios y
pavimentaciones costosas, ¿de qué sirve el sacrificio real que importa el
desarrollo de tan vastos planes, para aquella parte de la población que se ve
reducida a vivir poco menos que amontonadas en casas reducidas y sucias, ya
que no en cuartos pequeños, oscuros, insalubres y asfixiantes?
La gente de trabajo, la gente pobre, vive mal. Y no
hay derecho, nos parece, de gastar tantos millones en obras importantes y
necesarias, todo lo que se quiera, sin atender como es debido a solucionar la
cuestión de la casa obrera, como vivienda higiénica y como vivienda barata,
cosas que hoy no existen dentro de la fórmula colonial, extenuadora y
apremiante de nuestro actual conventillo, cuya definición no tiene más que las
características de la vivienda mala y cara.
Cabe esperar que la flamante institución municipal
dedicará a este interesante y fundamental asunto de bienestar social, atención
digna de la importancia del asunto".[9]
Se debió de esperar hasta 1921 para que se aprobara la ley, por la cual
se otorgaban préstamos a largo plazo para la construcción de viviendas.
Un segundo punto se establece por lo que conocemos tradicionalmente como
las "leyes obreras". Fueron
aquellas que estaban destinadas a regular el funcionamiento del mercado de trabajo,
destacándose:
-la jornada de ocho horas;
-la semana laboral de seis días en la industria;
-la semana inglesa (cinco días y medio) en el comercio;
-la reglamentación del trabajo femenino y del menor;
-descanso semanal;
-la ley de las sillas;
-sobre accidentes de trabajo;
-salarios mínimos a los trabajadores rurales;
-salario mínimo a los empleados públicos.
Recordemos el mensaje presidencial del 26 de diciembre de 1906 sobre la
cuestión obrera, a partir del cual se irán concretando las pautas para su mejoramiento.
Por último deberíamos mencionar dos factores más que contribuyen para
poder decir de la existencia de un Estado de Bienestar, (o como otros autores
hablan de Estado Asistencial): ellos son el acceso de la población a la
instrucción, tema que hemos abordado en diferentes etapas en el capítulo
anterior y, finalmente, el grado de
participación política que posee la población.
A partir de estas variables con sus correspondientes mediciones
entendemos que se puede llegar a establecer en qué medida el batllismo de
principios de siglo colaboró para montar un Estado de Bienestar, que para
muchos autores fue prematuro centro del Continente americano y que no lo hemos
valorado en su verdadera dimensión.
Nuestras referencias se basan en la obra de Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado Contemporáneo.
Espig-Andersen, G.- Los tres mundos del estado del bienestar.
València. 1993. pág. 18.
Luhmann, Niklas- Teorías políticas en el Estado de Bienestar.
Madrid. 1993. pág. 31.
Costa Bonino, Luis- La crisis del sistema político uruguayo.
Partidos y democracia hasta 1973. Montevideo. 1995. pág. 265.
Finch, Henry- Redefinición de la utopía en Uruguay: la
política de bienestar social posterior a 1940. En Cuadernos del CLAEH. Nº
52. 1989. pág. 7.
Casas para obreros. El Día. Enero, 13 de 1911.
