C - EL MODELO ECONOMICO
Al iniciar el capítulo hemos hablado de la modernización, la cual llega
por intermedio de una serie de medidas políticas que en su gran mayoría tienen
su repercusión en el plano económico. Por ello hemos entendido útil, para lograr
una mayor claridad en la exposición del tema, dividirlo en cuatro áreas.
1 - La industria
La tendencia al desarrollo de las empresas industriales del Estado,
según dice un "ilustre economista" de la época era una
característica de esos tiempos.
Sus motivaciones estarían en:
-una causa fiscal, que radica en la necesidad de hallar nuevos recursos,
por ver en los gastos cada vez crecientes el progreso de la nación;
-una causa social, que tiende a poner freno a las ganancias sin tasa del
capitalismo, cuyos dividendos y beneficios se obtienen a base del dinero del
pueblo;
-una causa política, que consiste en la necesidad, ineludible en las
organizaciones democráticas, de vincular lo más estrechamente posible, en todos
los aspectos de la actividad social, al Estado con la masa de la nación de que
es aquél expresión jurídica.
Sin duda el batllismo tuvo un gran emprendimiento en esta área, buscando
un adecuado desarrollo de la misma, utilizando diferentes caminos:
-la nacionalización: Banco de Seguro del Estado.
-la estatización: Banco
República (1911)
Banco Hipotecario (1912)
Usinas Eléctricas del Estado
(1912)
Ferrocarriles y Tranvías del
Estado (1914).
Otros intentos se vieron frustrados, como el monopolio del alcohol, una
marina mercante estatal, monopolio de teléfonos.
Comencemos por aclarar que la industria nacional de principios de siglo,
en su gran mayoría, estaba conformada por talleres o pequeñas empresas de corte
artesanal.
La buena relación que va a haber entre Batlle y los industriales queda
establecida desde su primera presidencia. Así lo deja claro el discurso del
presidente de la Unión Industrial Uruguaya, a los pocos meses de la
asunción de Batlle en 1903; "...Inclinado en el yunque, elaborando el
progreso que ha de traernos los ansiados días de la paz sin recelos y de la
prosperidad sin nubes. En los brazos robustos del obrero vendrán también los
días luminosos de la libertad perdurable en la sucesión de los gobiernos
regulares, porque el obrero representa el trabajo, la virtud, la riqueza, la
vida nueva que trae la emancipación de las últimas servidumbres que posan
todavía en los destinos de la humanidad.
Estáis en los comienzos de vuestro gobierno, como nosotros en la
infancia de la industria fabril, y sin embargo, podemos celebrar ya espléndidas
victorias. En poco tiempo habéis pacificado el país, inspirando confianza y en
vuestro haber se anotan iniciativas útiles y fecundas, que cambiarán la faz
económica de la República, acelerando sus adelantos y la era de sus grandes
florecimientos.
No necesitamos más que la protección nacional de las leyes para coronar
esta obra de progreso y civilización, la única que puede poblar, educar y aumentar
el patrimonio nacional, libertarnos de la tutela extranjera, convirtiéndonos
en una nación fuerte y dueña de sus destinos, capaz de sobreponerse por sus
energías productoras en las luchas económicas y defenderse de extrañas
agresiones con la pujanza de su brazo.
Para realizar estas conquistas es forzoso abrir a nuestras industrias el
camino de la exportación. Nuestro mercado es demasiado pequeño para consumir
sus productos. A fin de [...] sus fuerzas y formando una idea de sus adelantos
y de lo que convendría hacer para impulsarlos con más vigor, desenvolviéndolos
en mayor escala...".[1]
Como vemos son los propios industriales los que piden la protección a la
industria nacional, no es capricho o modismo de sector político alguno, era una
necesidad urgente dicha medida. Por otro lado esta iniciativa debía de ir
acompañada con un entorno de paz en el país, sin ella no había prosperidad
alguna.
Otro punto que se aprecia es ya la visión del mercado externo, la
necesidad de crecimiento que padecía la industria nacional.
Batlle se dirigirá a los industriales ese mismo día estableciendo: "Las industrias del
país tienen todas mis simpatías. Pienso que el verdadero ahorro, la verdadera
economía nacional, se efectuó produciendo dentro de fronteras los artículos
que antes se adquiría fuera de ellas.
La riqueza, el bienestar y el poderío de un pueblo son la consecuencia
directa e inmediata del desarrollo de sus industrias".[2]
Para lograr que las industrias progresen, los industriales deben
interesarse por la política. "Ahora bien si para el desarrollo
industrial es menester la buena política, fácilmente se comprende que el
gremio se interese por ella y haga de su parte todos los esfuerzos para que sea
bien encaminada, ya sea retirando su concurso a los malos gobiernos, como
prestando su adhesión a aquellos que respondan eficazmente a sus aspiraciones.
Pero se diverge en cuanto a los medios en que ese concurso ha de ser aportado.
¿Debe consistir él en el simple apoyo moral? ¿Por qué no ha de ser también una
cooperación más eficaz y positiva? ¿Por qué, dentro de lo lícito, no han de
intervenir también en las políticas desde que les interesa la marcha de ellas
como ciudadanos y como hombres de empresa?"[3]
La protección a la industria estaba destinada a las denominadas
industrias naturales, siendo aquellas que ofrecen fácil arraigo en el país.
En 1911 El Día establecía: "...el propósito del Ministro
de Industrias, doctor Acevedo, respecto a un estudio de las materias primas
para industrias que se utilizan en el país a fin de contemplar en un proyecto
de ley la situación arancelaria de todas aquellas cuya importancia rentística
no pueda, por disminución de la recaudación aduanera, producir una sensible
depresión en los derechos.
Responde además tal móvil al programa del Poder Ejecutivo en materia de
industrias, que es de franca y decidida protección. Las industrias comprenden
en su más amplia significación, el capital y el trabajo. El amparo del capital,
en el sentido de fomentar o estimular su giro en el país, es el único medio
positivo de crear trabajo, fuentes nuevas de producción y de vida, y al crear
trabajo se protege al obrero, cuya más grave amenaza en los tiempos modernos es
la desocupación forzosa. La protección a la industria en cuanto pueda afectar
al capital, es doblemente necesaria cuando los nuevos conceptos morales y
jurídicos de los deberes del Estado con respecto a los obreros, van imponiendo
una serie de cargas sobre los capitalistas que no pueden decretarse impunemente
para todas las industrias, porque sería insensato desafiar la competencia
mundial en determinado producto con absoluta despreocupación respecto al precio
de costo, en el que influyen fatalmente todas las circunstancias en que trabaja
el obrero.
El Estado protege la industria y se entiende que bajo este concepto
abarca la protección al trabajo y al capital. En el criterio de gobierno sobre
este punto no cabe el concepto unilateral: se protege la industria en general;
se ampara con leyes especiales la situación del obrero, se le defiende contra
la explotación exagerada del más fuerte,
y, al mismo tiempo, se favorece al capitalista para que pueda sin perjuicio
conciliar su intereses legítimos con los intereses legítimos de los obreros que
emplea. Se protege la industria también porque en las múltiples formas de
inversión reproductiva del dinero no hay ninguna más peligrosa en sus
iniciaciones sobre todo en países nuevos como el nuestro. Cualquier industria
exige un gran capital que empieza por intervenir en forma de fondo perdido.
Ningún banco le da crédito a un industrial en nuestro país, a menos de que
llegue a ser un coloso y no necesita crédito. Y como los banqueros son los
mejores buzos en el secreto de los negocios que prometen, pueden preguntarles
por qué no tienen confianza en empresas industriales, por qué consideran a las
máquinas como hierro sin valor, etc. Apenas admiten como garantía hipotecaria
el terreno en que se halla ubicada la fábrica y prestan algo sobre la póliza de
seguros contra incendio".[4]
El propio Eduardo Acevedo entendía que no se podía ir contra la
corriente, donde predominaba en el mundo el proteccionismo.
El fomento de la industria no solo es llevado adelante desde la esfera
del Estado, sino también en el área particular. Permitiendo dotar al país de
una capacidad industrial que lo coloque en condiciones de estimular y acrecentar
la independencia económica.
Era necesaria la instrumentación de un plan completo de fomento
industrial, el cual permitiera al país independizarse económicamente y poder vivir de sus propios
recursos, que es el ideal de todas las naciones fuertes y progresistas.
Por tal motivo se buscaba estimular el desarrollo de ciertas industrias
incipientes. La primera guerra mundial había demostrado la conveniencia de
proveer nuestra propia subsistencia sin necesidad de esperarlo todo de la
contribución extranjera.
Esta prédica del batllismo por la
industrialización fue ganando terreno más allá del círculo de las fábricas, de
los empresarios y de los propios obreros, transformándose en un modelo
económico necesario para el Uruguay.
Cambiando el modelo de los sectores conservadores ganaderos del siglo
pasado, el nuevo siglo tendrá ante sí una nueva imagen: el impulso industrial,
basado en los principios de estatización, monopolio y proteccionismo, los
cuales han sido vistos en las diferentes corrientes del capítulo anterior.
Esto fue posible en gran medida por la constante prédica de la prensa y
por los numerosos discursos parlamentarios que, y en especial entre 1911 y
1913, fueron creando la nueva mentalidad, donde la convicción del cambio era
posible y éste traería el bienestar para todos los habitantes.
Podemos resumir en los siguientes objetivos la política industrial
emprendida por el batllismo:
-rebajar el precio de los servicios;
-mejorar los servicios: "...el fin del Gobierno no puede ser
amasar dividendos, ni para él, ni para la Empresa. El fin del Gobierno debe
ser mejorar los servicios... Hacer una empresa de tranvías que llegue a todos
los ámbitos de la ciudad, aún donde no ofrezcan rendimientos inmediatos.
Rebajar los pasajes, poner tranvías para obreros... con frecuencia... para que
puedan utilizar el tranvía barato, no sólo los obreros sino todos los pobres
que lo necesitan"[5], así lo
establecía Domingo Arena.
-la instrumentación del monopolio de los seguros permite una rebaja de
los impuestos porque "...crea una nueva fuente de recursos para el
tesoro nacional...
...el Uruguay sería el primer país que había incorporado a su
legislación positiva esta nueva fuente de recursos fiscales, y sería de los
primeros en dar un impulso poderoso a las instituciones de previsión de todas
las desgracias que sufre la humanidad, y que pueden conjugarse o aminorarse
por medio del seguro.
...Hasta hace muy poco tiempo se descubrían dos fuentes de recursos
fiscales: el empréstito y el impuesto. La ciencia financiera ha descubierto
una nueva fuente de entradas en la explotación por el Estado de ciertas
industrias...".[6]
-frenar la salida de oro: establecido en el Mensaje y Proyecto de ley de
creación del Banco de Seguros en 1911; "...no puede mirarse con
indiferencia la extracción anual de las fuertes cantidades de dinero por un
concepto como el del seguro. Hay que defender nuestra riqueza que forma la vida
del organismo nacional, como la defienden todos los países".[7]
-la defensa de la soberanía y el desarrollo nacional; "...entre
nosotros... las Compañías de Seguros están lejos de contribuir a aumentar la
riqueza nacional y tienden por el contrario a disminuirla. No existen compañías
nacionales que atraigan capitales por operaciones relacionadas en el
extranjero; y en cambio, existen compañías extranjeras, la casi totalidad, que
extraen del país importantes sumas de dinero por concepto de primas...".[8]
CUADRO Nº 12
GANANCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS EN MILES DE
PESOS
Años B.República
B.Seguros B.Hipotecario Usinas
Puerto TOTAL
1913 1570 200
301 935 3006
1914 1211 253 397 972 2833
1915 1404 257 401 911 2973
1916 1282 263 467 820 2832
1917 1629 529 404 943 12 3517
1918 1944 551 424 429 39 3387
1919 3049 913 451 74 24 4511
1920 3312 930 409 1082 25 5758
1921 2810 902 430 1025 62 5229
1922 1172 642 485 1021 246 3566
1923 2218 765 595 1695 299 5572
1924 3133 1002 749
1607 315 6806
1925 2606 804 807 1723 326 6266
1926 2372 774 813 2006 257 6222
1927 2275 924 852 2338 265 6654
1928 2167 951 812
2469 471 6870
1929 1414 876 862 2975 607 6734
1930 1304 767 853
3517 660 7101
TOTALES 36872 12303 10512
26542 3608 89837
Fuente-
Acevedo, Eduardo- Anales. Op. Cit. Tomo VI. págs. 536-537.
a - Nacionalizaciones
El año 1911 marcó un rumbo importante en la política económica del nuevo
gobierno, el 26 de abril se presenta a las Cámaras el proyecto de ley referente
al monopolio del Estado de los seguros: "...la instalación de un Banco
de Seguros del Estado. Prescindiendo por hoy del temor que asalta a un colega
esta idea considerándola erróneamente fruto de un socialismo que va a
arrollarlo todo, es indudable que desde hace mucho tiempo se venía haciendo
notar la necesidad de que nuestros Poderes Públicos se preocuparan de ofrecer
una garantía cierta a todo el mundo contra eventualidades tan posibles como
deplorables, el ahorro nacional ... La intervención del Estado en esas empresas
es y ha sido precaria, deficiente o ineficaz, desde que no se ha asegurado la
estabilidad y responsabilidad de los aseguradores dentro del país...".[9]
La cuestión del monopolio por parte del Estado encerraba un compromiso
moral: "...La ciencia económica tiene, como la filosofía general, su
metafísica. El principio de la libre concurrencia que teóricamente no ha podido
menos de sugestionar a todos los espíritus animados de idealidades altruistas,
que lo examinan perfectamente depurado en el crisol de las creaciones
imaginarias o de los hechos que se plantean en fórmulas abstractas, ha tenido
su reacción en la mala fe de los intereses egoístas, que se apodera de los
hombres con la intensidad impulsiva de un instinto de conservación.
La libre competencia empieza en una lucha despiadada del fuerte contra
el débil. Durante la lucha el público se beneficia de los resultados sin
preocuparse de la moralidad de los hechos que transitoriamente se producen a su
favor. Supóngase una gran empresa de navegación que domina el intercambio entre
dos puertos, cobrando unos precios excesivos de transporte. Otro armador de
pequeño capital empieza a explorar con un buque aquella misma travesía a
precio más reducido. El primero rebaja a la mitad los fletes y pasajes, y aun a
menos, para eliminar al intruso. Como el capital del segundo no resiste a la
presión de un largo período de pérdidas, desaparece en cualquier forma de la
"libre" concurrencia, dejando al poderoso en libertad de cobrar
nuevamente lo que quiera. Pero si la empresa competidora es fuerte y ambas
resisten por algún tiempo los perjuicios de la competencia, llega un momento en
que se impone la entente; se armonizan las conveniencias y se establece la
tarifa con la que tratarán de compensar, a costa del público, los perjuicios
que a su favor sufrieron en el período, nunca prolongado, de la libre
concurrencia.
Los mismos economistas de la escuela clásica, que no quieran transar con
la sustitución del monopolio del Estado, inspirado en fines morales de
beneficio social, a cambio de los monopolios privados de las sociedades anónimas,
constituidos para la explotación del público, concluyen por quedarse perplejos
ante la contemplación abrumadora de los hechos y confiesan alguna vez que no
será sorprendente una futura extensión del dominio del Estado como única
fórmula de manumisión para la sociedad contra las expoliaciones del monopolio
privado...".[10]
Se entendía que el seguro de accidentes del trabajo, enfermedades,
desocupación forzosa, pensiones a la vejez de los trabajadores incapacitados y
pobres, son instituciones complementarías de los seguros contra incendios,
sobre la vida y otros, preferentemente explotados como industrias lucrativas
por el interés privado. La sociedad reclamará una organización completa de las
instituciones de previsión y exigirá al Estado moderno que no sea indiferente a
la situación de gran número de personas que se encuentran sometidas a la dura
ley del régimen económico de la lucha desigual por la existencia.
Otro aspecto fundamental fueron los ferrocarriles del Estado. La
tendencia universal del momento era establecer las líneas de ferrocarriles a
cuenta del Estado, como elemento poderoso de desenvolvimiento productor e industrial.[11] "Para
tener ferrocarriles era necesario hasta aceptar los trazados concebidos por las
empresas, en muchos casos con un desacierto que sólo se concibe en quien invierte
su dinero teniendo garantido un mínimum de interés; trazados cuyo fundamento no
parece haber reposado en los más elementales principios que deben determinar
estas empresas. Ramales de vía que en veinte años no alcanzan a cubrir el
mínimum de interés con los fletes de cargas y rendimientos de pasajeros,
revelan un grave error en los cálculos y en los estudios de los iniciadores y
actores de la obra. Trazados de líneas que buscando la frontera del Brasil han
dado preferencia a la dirección de más extenso recorrido y hacia donde el
territorio limítrofe es más pobre y considerablemente menos poblado, demuestran
haber prescindido del punto de orientación más exacto: los elementos de la
geografía económica...
El proyecto de ferrocarriles del Estado es ya una iniciativa propia del
momento en que iniciamos resueltamente una reacción contra el sistema de las
holgadas concesiones. Cuando la construcción de una línea sea necesaria a los
intereses económicos de una región, no habremos de buscar a toda costa quien
realice la obra por su cuenta bajo el estímulo de compensaciones
extraordinarias, o no estaremos expuestos a aplazar indefinidamente una obra de
conveniencia nacional a mérito de que
no hay empresas privada que se resuelvan a abordarla bajo las condiciones
normales de las concesiones. El Estado, que en épocas de penuria financiera ha
tenido rentas para responder escrupulosamente a los intereses garantidos en
favor de los ferrocarriles de empresas extranjeras, tendrá recursos para
construir y mantener en excelente pie las líneas de ferrocarriles nacionales.
La nacionalización de los ferrocarriles es un ideal en todos los países
del mundo que, como una de las tantas aspiraciones económicas, no se realiza
rápidamente por la imposición financiera...".[12]
MAPA Nº 2
Red ferroviaria en 1900
CUADRO Nº 13
CRONOLOGIA DE LA EXTENSION FERROVIARIA URUGUAYA
(1869 - 1930)
1869-Bella
Vista a Las Piedras.
1871-Bella
Vista a Central.
1871-Las
Piedras a Canelones.
1872-Canelones
a 25 de Agosto.
1874-25
de Agosto a Durazno.
1876-25
de Agosto a San José.
1876-Salto
a Yacuy.
1879-Durazno
al Yi.
1882-Cordón
a Pando.
1886-Yi a
margen Sur del Río Negro.
1887-Margen
Sur del Río Negro a Paso de los Toros.
1889-Pando
a Minas.
1890-Paso
de los Toros a Achar.
1890-Sayago
a Manga.
1890-Toledo
a San Ramón.
1890-Paso
de los Toros a Paysandú y Salto.
1891-Achard
a Tacuarembó.
1891-Cabellos
(Baltasar Brum) a Artigas.
1891-San
Ramón a Nico Pérez.
1892-Tacuarembó
a Rivera.
|
1895-Empalme
Olmos (Ing. V. Sudriers) a La Sierra.
1899-San
José a Rosario y Puerto del Sauce.
1900-Pto.
del Sauce a Puntas de San Juan(desaparecido).
1901-Rosario
a Colonia.
1902-Mal
Abrigo a Mercedes.
1908-Nico
Pérez a Cerro Chato.
1909-Cerro
Chato a Melo.
1910-Nico Peréz a Retamosa.
1910-Verdún a Fuente Salus.
1910-San
Carlos (km 144) a Maldonado.
1911-Retamosa a Treinta y Tres.
1911-Algorta
a Fray Bentos.
1913-Rivera
a Frontera (Empalme con el Brasil).
1913-Tres
Arboles a Piedra Sola.
1914-Pan
de Azúcar a Piriápolis (desaparecido).
1914-Durazno
a Trinidad.
1915-Puente
Internacional Río Cuareim (empalme con el Brasil).
1917-La Paloma a Rocha.
1918-Empalme Tablada.
1928-San Carlos a Rocha.
1930-Maldonado a Punta del Este.
|
Fuente- Martínez Díaz, Nelson-
Los ferrocarriles británicos en Uruguay. Cuadernos Uruguayos Nº 4.
Ediciones del Nuevo Mundo. Montevideo. 1977. pág. 68.
b - Estatizaciones
Llevar adelante los procesos de estatización deparó fuertes
resistencias, la nacionalización era entendida, pero esta medida se veía como
"amenazante" de la actividad económica.
Todo parecía estatizable, en 1930 Eduardo Acevedo establecía:
"Podríamos monopolizar el alcohol, las bebidas alcohólicas, el vino, la
cerveza, el tabaco, los fósforos, la pesca, las aguas corrientes, los tranvías
eléctricos, los ferrocarriles, el ahorro nacional...".[13]
Los primeros pasos de estatización fueron el Banco República, Banco
Hipotecario y la creación de las Usinas Eléctricas.
En noviembre de 1911 el Ejecutivo envía el proyecto por el cual
establecía el monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica
en todo el país, haciendo la excepción con las compañías extranjeras de
tranvías ya que éstas tenían su propia usina.
Otras formas se dieron con la creación del Instituto de Pesca (1911),
Instituto de Geología y Perforaciones (1912) y el Instituto de Química
Industrial (1912).
c - Proteccionismo
El proteccionismo es iniciado en 1875 con fines fiscales, ampliándose
en 1888, para tomar a comienzos del siglo un carácter más general.
En 1875 por decreto ley del 22 de octubre, se dio el "...primer
impulso serio en favor de las industrias manufactureras o fabriles, bajo forma
de una suba moderada de las tarifas de aduana sobre todos los productos que las
industrias nacionales podían producir y de la supresión o rebaja de los
derechos sobre las materias primas que era necesario importar para el fomento
de las mismas industrias".[14]
Por otra parte en 1888 se aprobó una ley por la cual se aumentó la
protección, estableciendo un porcentaje general de recargo a las importaciones
del 31% que en algunos casos aumentaba al 51%.
La Ley de protección a los molinos de arroz de 1900; a la introducción
de maquinaria textil para Campomar
del mismo año; en 1902 favoreciendo a la industria frigorífica; en 1903
amparando a las fábricas de helados, tejidos y fósforo así como a las bodegas
de vinos; en 1906 a la industria azucarera; en 1908 a la industrialización del
lino; en 1910 a la carne preparada por la Frigorífica Uruguaya.
Batlle lo entendía: "...La
riqueza, el bienestar y el poderío de un pueblo son las consecuencias directas
e inmediatas del desarrollo de sus industrias.
A las legiones imperiales que, en la antigüedad, llevaban
la desolación y la muerte a los pueblos vecinos y prósperos, para arrebatarles
sus riquezas, se sustituyen los tiempos modernos por los ejércitos de obreros,
con sus geniales caudillos, conquistadores pacíficos y pacientes de los bienes
que ofrece a sus esfuerzos la naturaleza.
Y marchan a la cabeza de la civilización los pueblos
que han sabido proteger y desarrollar más activa e inteligentemente sus
industrias.
Sin duda alguna, esta protección tiene sus impugnadores.
Sería un régimen perfecto el de la libertad comercial sin límites, la lucha
entre los industriales de todas las regiones y el triunfo de los más aptos.
Pero este régimen no se constituirá mientras existan fronteras y naciones
distintas con intereses antagónicos. Entretanto el deber y la previsión
juiciosa de los pueblos nuevos consisten siempre en robustecer sus industrias,
en hacerlas alcanzar los mayores adelantos y en habilitarlas, así no sólo para
crear de inmediato la riqueza pública, sino que también para entrar sin
desventajas, cuando suene la hora, en el régimen de la libertad comercial sin
restricciones, que será el régimen del porvenir".[15]
Se justificará el proteccionismo viendo la realidad mundial. Recordemos
que en el capítulo anterior, en el Socialismo, hicimos mención al economista
List, al que también se tendrá en cuenta en este aspecto; "Si se quiere
considerar el proteccionismo como un mal, es preciso reconocer que es al único
precio a que se conquista el progreso económico, fuente de todos los progresos
morales y políticos ... el costo de la protección industrial es el precio con
que el país paga su engrandecimiento, acreciendo su población a base de crear
trabajo, que es como quien dice aumentando sus habitantes con la incorporación
del elemento de positiva utilidad, que es el "productor-consumidor" y
no el simple consumidor parásito, como resulta el intermediario.
El referido economista en su obra, "Sistema nacional de economía política", dice que una nación debe
pasar normalmente por cinco estados: 1º salvaje; 2º pastoril; 3º agrícola; 4º
manufacturero; 5º comercial. Y sobre estas transiciones históricas que casi
todos los economistas creen ineludibles, aunque no concuerdan en la duración de
los períodos respectivos, la impaciencia de los enamorados del principio
absoluto de la libertad de comercio pretende a cada paso apoyarse para pedir
que se rebajen pronto los derechos de aduana establecidos con carácter de
protección a algunas industrias. Pero para que se vea qué criterio se tiene a
este respecto en el pueblo mejor dotado de la intuición patriótica que da
impulso al progreso nacional es oportuno recordar un episodio histórico. En
1879 llegó a Manchester el general Grant, que había sido presidente de la
República de Estados Unidos. En una recepción a que concurrió trataron los
librecambista de la celebre Liga, de convertirlo a su escuela... les contestó: "Señores:
Durante dos siglos, Inglaterra ha empleado el sistema protector; lo ha llevado
hasta sus últimos límites, y le ha ido bien: sin asomo de duda, a este sistema
debe ella su poderío industrial...".[16]
d - Monopolio
"Si hay una tendencia que se
afirme en todos los países civilizados del mundo, con prescindencia de toda
subordinación a fórmulas de doctrinas o escuelas económicas, es la de asumir
en monopolio oficial las industrias de carácter municipal. Las ciudades
europeas y norteamericanas han ido sucesivamente aumentando el patrimonio de
sus dominios industriales, ya con la instalación directa de ciertos servicios,
ya por medio del rescate o explotación de las industrias edilicias explotadas
por empresas privadas, a favor de concesiones, como las de nuestros tranvías,
aguas corrientes, gas, teléfonos, alcantarillado, etc.".[17]
Justificaban el monopolio municipal ya que debe de cumplir estos servicios, o
los hace con elementos propios o delega su desempeño en empresas privadas que
explotan las diversas necesidades de la población sujetándose a ciertas
condiciones.
La Primera Guerra Mundial le permitió al país ver la
necesidad de fomentar la industria nacional y lograr su independencia en esta
materia: "Nos hemos referido en distintas oportunidades a la necesidad de
organizar un plan completo de fomento industrial que permita al país independizarse
económicamente y vivir de sus propios recursos, que es el ideal de todas las
naciones fuertes y progresistas...
Fuera de eso, es indispensable estimular el desarrollo
de ciertas industrias incipientes, que pueden ser factores nada desdeñables de
nuestro engrandecimiento material. La guerra nos ha aleccionado en este punto,
demostrándonos la conveniencia de proveer a nuestra propia subsistencia sin
necesidad de esperarlo todo de la contribución extranjera. Lo que falta en este
país, tan generosamente dotado por la naturaleza, no es la materia prima, sino
el impulso creador y la perseverancia en el esfuerzo. Nuestros capitales yacen,
por lo general, en una inmovilidad estéril y contraproducente. Sus poseedores
no los aplican sino excepcionalmente a empresas útiles y, de seguro,
remuneradoras, pues prefieren depositar en los bancos, en un retraimiento que
no se justifica, pues si él apareja la ausencia de todo riesgo, representa
también la privación de ganancias legítimas que podrían ser y serían casi
siempre muy superiores al interés que produce habitualmente el dinero".[18]
2 - El mundo agropecuario
El proyecto batllista de modernización urbano-industrial no dejaba de
lado el agro. Se buscaba asociar éste con la ganadería, la mejora de las
técnicas, subdividir la tierra, lo que permitiría consolidar el mercado
interno.
Llevar adelante tales iniciativas significaba desplazar el dominio de la
ganadería extensiva, para permitir el asentamiento de las corrientes
inmigratorias.
Este sistema debería de estar acompasado por la pacificación de la
campaña, y la asunción del rol de árbitro por parte del Estado en los
conflictos sociales, dado que se habilitaba la creación de grupos medianos y
pequeños de productores rurales, los cuales podrían funcionar como contrapeso
con respecto a los grandes estancieros.
A partir de la segunda presidencia Batlle pretendió lograr un cambio en
la ganadería, que ésta pasara del sistema de explotación extensiva al
intensivo, colaborando en la alimentación del vacuno con forrajes artificiales.
En 1911 se presenta tres proyectos de ley tendientes a fomentar y
perfeccionar la industria rural: "...Por
uno de ellos se establece la obligación para los propietarios de campos de pastoreo
de plantar como mínimo determinado número de árboles en cada hectárea y de
formar a la vez prados de forrajes en relación con la superficie del campo.
Otro de los proyectos iniciados por el Poder Ejecutivo
es el que se refiere a la colonización y fomento de las industrias
agropecuarias por medio de concursos de ganaderos y propietarios de campos que
más se hayan destacado por el mejoramiento de las industrias que explotan...
Por último, el tercer proyecto que, con los
anteriores, pondrían constituir capítulos de uno mismo, pues tienden al mismo
objeto fundamental, es el que crea seis estaciones agronómicas en la República
para difundir la enseñanza de las industrias rurales, preparar personal idóneo
sin mayores sacrificios para las estancias y propender con sus consejos a la
más rápida transformación de la ganadería y de la agricultura en beneficio
público y particular".[19]
a - La colonización
A principio de siglo se manejaban con frecuencia los términos de
agricultura y colonización: "El gran
mal de que sufre el país es sin duda alguna, la escasez de habitantes; la mayor
parte de las dificultades que pesan sobre la hacienda pública, la paralización
de que se queja continuamente el comercio entero, provienen del corto número
de los que deben repartirse las cargas de un pesado presupuesto. Es necesario
poblar, aumentar el número de los productores y de los consumidores, y esta
necesidad apremiante está en la conciencia de todos cuantos reflexionan un poco
sobre el tópico.
...ya queda demostrado para todos, que es mayor población
lo que necesitamos, ¿cuáles son los medios más aparentes para conseguir esto
rápidamente?
No puede haber dos contestaciones: fomentar la agricultura.
Se ha dicho y repetido al infinito que la ganadería es
la riqueza verdadera del país. Pero pretender que quede para siempre nuestra
única riqueza, es condenar el país a la inmovilidad. En efecto, hoy día,
nuestra ganadería ha alcanzado todo su desarrollo, ha cumplido su misión, a tal
punto que su tendencia actual es la despoblación. Cada día emplea una mano de
obra más reducida, creando la vagancia de centenares de familias, antes
empleadas por ella ... Una nación no es rica porque cuente entre sus hijos
algunos millonarios, pero sí cuando la riqueza se generaliza entre todos, o,
por lo menos, entre la mayor parte de los ciudadanos...
La condición única de nuestros futuros progresos está
estrictamente encerrada en estas palabras: aumento de población, aumento de
producción y mejor repartición de la riqueza pública.
Muchos piensan en las industrias fabriles como medio
de alcanzar ese resultado, pero olvidan de que carecemos de carbón y de hierro,
mientras tenemos dilatadas zonas rurales, extensiones inmensas de tierras
fértiles en las que hay 1/4, escaso, de habitantes por kilómetro cuadrado.
La industria agrícola es, pues, la única que nos puede
dar la solución del problema que a todos nos preocupa".[20]
El censo de 1908 determinaba el despoblamiento de la campaña; eran
necesarias nuevas modalidades que permitieran un incremento vigoroso de la
población rural.
Es así que se presentan ante el Presidente Williman delegados de los
agricultores de San José buscando el apoyo oficial para el impulso a la
colonización. La respuesta fue: "...sus
anhelos son los anhelos generales del país; que teniendo conocimiento de las
dificultades con que tropezaban los hombres de trabajo para adquirir campos
había tomado dos importantes iniciativas: una, estimulando a los grandes propietarios
a subdividir sus tierras a fin de obtener de las mismas mayores resultados; y
otro destinando una gran parte del superávit del último ejercicio a la compra
de estancias que se dividirán en chacras a fin de entregarlas a los colonos
aptos que se encuentren sin tierras para cultivar".[21]
Por su parte el señor Mario R. Pérez ha sometido a la consideración del
Ministro de Industria, doctor Giribaldi un proyecto de colonización: "...tiene un fundamento bien sencillo. El
Estado, con arreglo a él, tomaría a su cargo la colocación de la tierra entre
los que aspiraran a ser colonos. Se obtendría la tierra apropiada por el
sistema de la expropiación. Los latifundios expropiados se dividirían en
chacras de dimensiones razonables que podrían oscilar alrededor de las cien
hectáreas. Las chacras serían entregadas a los aspirantes a precio de costo,
sin más recargo que los intereses consiguientes y serían pagas en anualidades
modestas. Para garantir al Estado las chacras le serían hipotecadas, hasta la
extinción total de la deuda...
...Siempre que se ha fraccionado tierra se ha colocado
inmediatamente, poniéndose en evidencia una vez más el hambre que por la
pequeña propiedad existe en toda la República, hambre que si fuera en gran
parte satisfecha redundaría en gran bien para los intereses generales. Luego,
nunca se podría temer que el Estado fracasase si abordara el fraccionamiento de
un latifundio y la mejor prueba de que no se abriga aquel temor es que el
actual gobierno, que mira con positiva simpatía la evolución industrial de
nuestra campaña, tramita ante la Asamblea un proyecto de ensayo de colonización
basado en aquel principio y para el cual se han destinado unos setecientos mil
pesos de uno de los últimos superávit".[22]
A fines de 1909, el Ejecutivo envía un proyecto de ley sobre el fomento
de la colonización: "...por primera vez se presentan entre nosotros,
porque hasta ahora cada vez que se ha hablado de colonización sólo se ha
pensado en el reparto de tierras fiscales (de discutida ubicación) o en la expropiación
de campos de pastoreo por el Estado, para entregarlos a los colonos.
Jamás se ha pensado en fomentar la agricultura por los procedimientos
naturales que son los verdaderamente racionales, jamás se ha formulado un plan
tendiente a hacer del cultivo de la tierra una fuente de provechos y ganancias
indiscutibles.
...A mejorar las condiciones de los agricultores del punto de vista
tributario y del punto de vista de su situación económica. Una cosa completa
la otra. Reformar la ley de contribución inmobiliaria es una necesidad. No es
posible imponer el mismo tributo al que cultiva la tierra haciéndole producir
el máximum de su rendimiento, como al que la dedica al pastoreo sin preocuparse
mayormente ni del beneficio social, ni de sus propias conveniencias. Pero, no
basta...
El Poder Ejecutivo anuncia que ha llegado el momento de que la acción
del Banco República se haga sentir en favor de los campesinos, facilitando las
operaciones de crédito de los agricultores. Es tiempo ya de que nuestro Banco
de Estado haga sentir su influencia benefactora protegiendo, ayudando a los que
más necesitan de su concurso económico. Los Bancos de Estado no deben ser pura
y simplemente Bancos de préstamos a los ricos, a los poderosos. Su misión debe
ser más amplia y sus operaciones deben extenderse a todos aquellos que siendo
aptos para el trabajo, necesitan de auxilios de dinero para desenvolver mejor
sus actividades".[23]
En 1910, Domingo Arena defenderá el proyecto del Ejecutivo: "Nadie negará entre nosotros que hace falta
población, que hace falta brazos, que nuestra producción debe diversificarse y
multiplicarse con arreglo a un anhelo superior de engrandecimiento. Nadie
negará tampoco que el latifundio yermo, desierto, que peculiariza nuestra
propiedad rural, es la rémora más formidable que se opone a ese aumento de
población y de producción...
...No se planta nada; los prados forrajeros son raros;
los bosques artificiales casi brillan por su ausencia. Cuando mucho, saliendo
de ciertas zonas se planta un poco de maíz y de trigo, a la buena de dios, para
tener pan durante el año y alimento abundante para las gallinas...
...Así, entre nosotros, siendo la ganadería la industria
fundamental, necesariamente debe auxiliarse de la agricultura lo que en esta
época produce... La agricultura es una industria poblativa por excelencia,
mientras que no lo es por sí sola, la industria ganadera.
He ahí uno de los fines principales del proyecto del
Poder Ejecutivo, que ofrece toda clase de ventajas a la colonización
particular, a la más amplia y fecunda, que pueda hacer cada propietario en su
estancia, cultivando una parte de sus tierras, siquiera sea para asegurar la
alimentación eficaz de sus ganados; y que grava esas mismas tierras con
recargos de impuestos cuando se mantienen improductivas, vacías, solitarias,
con perjuicio de la comunidad. Al fin y al cabo la tierra, en sí misma, no
pertenece a nadie y pertenece a todos. Lo que es respetable, lo que no debe
gravarse, lo que corresponde al que lo realiza, es el fruto del trabajo, es la
mejora del esfuerzo, es el cultivo, es la hacienda, es el árbol, es el
producto capitalizado por la labor del cerebro y del brazo. El Proyecto del Poder
Ejecutivo, gravando la tierra que no produce con doble tributo inmobiliario,
propende sabiamente a que en todas nuestras estancias se aplique el trabajo del
hombre en una obra ampliamente reproductora, haciéndose así necesaria la
inmigración que, a su vez, representa para la comunidad riqueza y progreso. El
día en que solo por cada cien hectáreas de campo haya cultivadas cinco, ya
habremos dado un paso gigantesco hacia nuevos y fecundos destinos".[24]
La colonización será tenida en cuenta por el gobierno; en 1911 se pretendía emitir un empréstito de
$ 500.000 con la finalidad de comprar y fraccionar tierras para la colonización
agropecuaria. Entre sus objetivos se encuentra: "Su intención estaría limitada a ofrecer facilidades a los agricultores,
y al nombramiento de una comisión de alta competencia que se encargaría de
examinar la condición de las familias agrícolas destinadas a los centros de
colonización...
Recibirían así solución muchos de nuestros problemas
rurales. Por ejemplo, el del pauperismo de los ejidos de los pueblos... En cada centro de colonización se procuraría
efectivamente dar entrada a las familias pobres dotadas de propósitos de
trabajo, a la par de las familias obreras extranjeras. Y hasta podría
promoverse, bajo el halago de las facilidades territoriales, la repartición de
muchos de los orientales que han ido a los países limítrofes en busca de
colocaciones más permanentes y remuneradoras".[25]
Varias tentativas se han hecho, en diversas épocas en el sentido de
desarrollar la colonización agrícola en el país, como un medio de alcanzar
mayor aprovechamiento de las grandes zonas aptas para cultivos y que persistían
todavía semiutilizadas por la explotación rudimentaria de la ganadería en forma
extensiva. "Las colonias futuras
serán no exclusivamente destinadas al cultivo de la tierra, que es lo único que
se consideraba agricultura en nuestro empirismo criollo, sino a la verdadera
agricultura que comprende la asociación racional del pastoreo y la labranza,
de la cosecha de productos vegetales por una parte y la cría y engorde de
animales por otra. Deberá seguirse simplemente el ejemplo dado con sus éxitos
de largos años por la Colonia Suiza, colonias agro-pecuarias, que cifran sus
grandes resultados en la diversidad combinada de múltiples industrias".[26]
Recién sobre fines de 1912 comienza a tratarse el tema en la Cámara. Por
su parte el diputado José Massera propone no dar la propiedad de la tierra sino
aplicar el sistema de enfiteusis, principio georgista, siendo rechazado.
El 22 de enero de 1913 se aprueba la ley de colonización: "...la colonización agrícola mediante la
vinculación del trabajador a la propiedad de la tierra que cultiva, por
operaciones hipotecarias con amortizaciones hasta treinta años...".[27]
A mediados de 1913 llegan a nuestro país colonos rusos, los cuales se
asentarían en el departamento de Río Negro, en el campo de San Javier de la
Sucesión Espalter.
Estos inmigrantes se encontraron con algunas dificultades al no haber
tenido facilidades en el crédito que les
permitiera adquirir en propiedad las tierras así como también debieron afrontar
las exigencias de los propietarios poco dispuestos a vender sus tierras. El no
tener en propiedad las tierras es lo que impedía, según Lubcow, representante
de los colonos, que se "...establecieran en forma definitiva como es el deseo de todos los que hemos
venido, decididos a incorporarnos a la vida del país, estando hasta dispuestos
a solicitar la ciudadanía...".[28]
Sus primeros trabajos estarían destinados a arar las tierras, las cuales
la dividían en cinco grupos de diez arados cada uno, de modo que se puede
roturar en el menor tiempo posible la mayor extensión y así proceder rápidamente
a la siembra.
Los cultivos preferentemente son el trigo, maíz, lino, avena, papas, hortalizas
y legumbres. También ensayarían la siembra de algodón.
Otras medidas propuestas que encontraron buena receptividad en otros
grupos políticos:
-22 de enero de 1913 se aprueba por ley el empréstito de colonización
para compra y fraccionamiento de tierras
con destino a la colonización;
-13 de junio de 1921 por ley se faculta al Banco Hipotecario el otorgar
préstamos hasta el 85% del valor de cada lote de las operaciones de
colonización; el colono corría con el 15% restante;
-10 de setiembre de 1923 se crea la sección Fomento Rural y Colonización
del Banco Hipotecario;
-10 de mayo de 1929 se amplió el capital de la Sección Fomento Rural.
LAMINA Nº 7
COLONIAS RUSAS
EL DIA. Julio, 25 de 1913.
CUADRO Nº 14
INICIATIVAS PARA EL AGRO
Objetivos de los proyectos Convertido o no en ley Aplicación
o no
-Empréstito de colonización Ley del 22/I/1913 No
hubo fondos
por $ 500.000
-Recargo de 25% de la C. No fue ley No
hubo fondos
Inmobiliaria a quien no
hiciera agricultura
forrajera.
-Premios a quien colonizara Ley 15/VII/1911
estancias.
-Exoneración C. Inmobiliaria No fue ley
y medios comunicación a quien
colonizara 15.000 hás.
-Faculta expropiación por No fue ley
particulares de 5.000 hás.
cerca de los pueblos.
-Premios a buenos reproduc- Ley 13/X/1911 Se
aplicó
tores y estancias productoras
de forrajes.
-Creación Inspección de Ley 30/X/1912 Se
aplicó
Inmigración y Colonización.
-Elevación derechos aduaneros Ley 4/VI/1913 Se
aplicó
a manteca y cremas.
-Premios a mejores tambos y No fue ley
lecherías.
Fuente- Barrán, José
Pedro- Nahum, Benjamín- Batlle, los
estancieros y el Imperio Británico. Tomo IV. Las primeras reformas 1911-1913.
Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo. 1983. pág. 98.
b - La Federación Rural
La formación de esta agremiación rural, que data de 1915, no es vista
con malos ojos por parte de El Día: "La
idea de federar todas las fuerzas rurales hace camino de día en día... sería
raro encontrar un elemento rural que no acompañara el postulado de esta reunión y donde quiera que
se reúnen los meritorios pioneers
de nuestra campaña la palabra que viene
a los labios de todos es la
necesidad de constituir la Federación Rural. No son sueños de conquista ni
visiones de próximos peligros los factores que acicatean los espíritus rurales
en favor de la realización de esta idea, sino un lógico pensar común que hace
ver a todos la necesidad de aunar fuerzas todas, fundir todas las voluntades en
una entidad poderosa que marque rumbos, riquezas madres, ... capacitada ...
para conjurar los males que puedan amenazarlas ... El movimiento rural del
momento presente cuenta con el invalorable apoyo de los Poderes Públicos,
compenetrados de su alcance y de lo mucho que gobernantes y gobernados pueden
hacer solidarizándose en una acción de conjunto ... Un esfuerzo no más y el
triunfo coronará las esperanzas de todos; un esfuerzo más y la Federación Rural
surgirá gigante de entre los elementos hoy dispersos, marchando con paso de
triunfo entre los cánticos jubilosos de una campaña que mucho espera de ella".[29]
Si ninguna duda los proyectos de Batlle encontraron resistencia en la
Federación Rural. Su objetivo al fundarse buscaba profundizar los estudios
sobre la tierra, mejorar los métodos de crianza de ganado, prestigiar las
industrias establecidas y fomentar otras nuevas, estimular el cooperativismo,
gestionar el aumento de vías de comunicación. Es de destacar que entre los
objetivos mencionados no se hace alusión al tema del latifundio, el cual era
visto como el "gran mal" de nuestra campaña.
Sin duda el tema de la Contribución Inmobiliaria de 1915 fue un
catalizador para su creación, donde el proyecto del Presidente Viera y del
Ministro Pedro Cosio instrumentaban una nueva fórmula de avalúos para la
propiedad rural.
Se veía a la ganadería como el eje de la economía nacional: "El pilar en que descansa nuestra economía nacional
es la ganadería; sin industrias diversificadas que compensen con los mejores
productos de los unos los fracasos de los otros, depende exclusivamente de
aquélla, la prosperidad general. El país se enriquece o empobrece en movimiento
isócrono con la multiplicación de los
rodeos o con el azote de las epizootias. Somos, por lo tanto acreedores de la
mayor protección y el mayor estímulo ya que sobre nuestros hombros gravita el
presente y futuro de la nación...".[30]
Dejaban entrever a los poderes públicos la necesidad y aspiración de
privilegiar y proteger la actividad ganadera. Se sentían castigados, víctimas
de la política fiscal aplicada por el batllismo.
No ignoraron la agricultura, ésta fue vista como una actividad
subordinada a la ganadería. Su idea era alcanzar la agricultura forrajera, o la
granja que combinase a ésta con la ganadería.
c - La agricultura
Desde el punto de vista económico la debemos ver como la diversificación
de la producción: "Un pueblo que
aspire a figurar entre las naciones civilizadas debe tratar de colocarse entre
los países que elaboran una parte de su materia prima, que se cree para ella un
mercado interno de importancia, que esté libre de las contingencias del mercado
exterior, y que exporte sus excedentes.
El batllismo quiere llevar al Uruguay a este rango
internacional, y el medio más apropiado para ello es el de defender la
producción nacional contra la competencia extranjera, que le impide su
desarrollo industrial y que le extrae sus ahorros".[31]
La propaganda por la agricultura se veía como medio seguro de poblar y
hacer progresar el país, así lo veía el presidente del Centro de Frutos, el
señor Mario R. Pérez: "Hacer
propaganda en el exterior a favor de nuestros productos en la mayor parte de
los casos es perder lastimosamente el tiempo, porque las materias que produce
el país, son tan imperiosamente exigidas por el consumo universal, que no hay
ejemplo que haya en realidad sobrado una bolsa de trigo, de lino o de maíz, ni
un fardo de lana, ni un solo cuero, siempre que nuestros productores no hayan
sido especuladores.
El ejemplo típico, que demuestra la capacidad respectiva
de los mercados universales de consumo lo presenta la República Argentina, que
inició su explotación de trigo con 20 toneladas, durante todo el año 1876,
contra "dos millones" de toneladas del mismo producto, exportadas en
los cinco meses transcurridos del presente año.
Esto quiere decir, que nuestra producción no tiene
límites en los mercados de consumo, porque su demanda es inmensamente
expansiva.
Afortunadamente no precisamos abrir mercados -todos
están abiertos- la producción agrícola no tiene ninguna dificultad, derivada de
las condiciones impuestas por los mercados de consumo, y por lo tanto, es
inútil toda propaganda en ese sentido y toda preocupación a ese respecto, y no
sólo es inútil sino que debe considerarse perjudicial, porque desvía la
atención del punto de vista, donde constantemente debía estar fijada, y es, la
deficiencia de nuestra producción exportable -y en efecto- es realmente
asombroso que nos ocupemos de buscar mercados externos para la colocación de
productos que escasamente producimos para cubrir las necesidades del consumo
interno.
...toda la inmensa riqueza que se pierde en nuestro
país, por falta de explotación de los subproductos de la ganadería, y la no
asociación de ésta con la agricultura...".[32]
Al lograrse la asociación de la agricultura a la ganadería, por
intermedio del mejoramiento de las técnicas aplicadas hasta el momento, además
de subdividir el latifundio, se desembocaría en un mayor desarrollo
industrial.
Por otra parte el desarrollo de la agricultura tiene una consecuencia de
orden social, al extender la pacificación en la campaña. Eliminaría las
tensiones sociales, se podría crear un grupo de pequeños y medianos
propietarios, que jugarían un papel de contrapeso a las posturas de la alta clase rural.
El latifundio se veía como un enemigo social y un freno para lograr el
progreso que se necesitaba.
"El latifundio es el mayor
enemigo del progreso social. El hombre rico que tiene a su disposición millares
de hectáreas, no se preocupa por intensificar sus beneficios...
Además es necesario poblar nuestro territorio. Y nunca
alcanzaremos esa aspiración si no marchamos a la subdivisión de la tierra que
abra horizontes promisorios a los hombres de la campaña que hoy solo son, por
la fuerza de las cosas, peones rurales, y despierte, al propio tiempo, el
atractivo de la gente laboriosa de otras comarcas que desee venir a trabajar al
Uruguay".[33]
De esta manera la agricultura tiene una doble finalidad, bajar la
desocupación y frenar el éxodo rural. Es algo más complejo el tema; así lo
establecía el diputado Buero en 1915: "La
agricultura en nuestro país es algo más que un problema económico, es un
problema social y un problema político. La naturaleza pastoril o agraria de los
países está en conexión directa con el progreso de las instituciones
políticas. A la era pastoril, nómade e inquieta, corresponde, en la sucesión
de los siglos, el ciclo de las revoluciones y la inestabilidad de las
instituciones políticas; a la era agraria, permanente y duradera, corresponde
en el mismo ciclo, la estabilidad de las instituciones nacionales".[34]
La zona donde la agricultura se sentó con más fuerza, fue el sur del
país. El departamento de Canelones llegaba al 55% la explotación agrícola,
superando a la porción dedicada a la ganadería. Montevideo, San José, Colonia y
Canelones conforman el 54,8% de las tierras agrícolas en 1908 (836.000 hás), lo
que da un 4,25% de la superficie nacional.
MAPA Nº 3
EXPLOTACION AGRICOLA
En 1908 se suman Soriano, Florida y Lavalleja. Entre todos llegan a las
3/4 partes de la superficie nacional dedicada a la agricultura, el resto se lo
repartían los demás departamentos.
El censo de 1908 nos permite ver la explotación agrícola, estando
576.942 hectáreas dedicada a los cereales (trigo, maíz y cebada); las praderas
artificiales y cultivo de forrajes (avena y alfalfa) ocupaban 126.000
hectáreas. Por su parte las huertas (legumbres y frutales) insumían 69.036
hectáreas, y los cultivos industriales (lino, remolacha y maní) 27.614
hectáreas.
En 1911, la defensa agrícola está
presentada por un proyecto por el cual se instrumentaba:
-instrucción en primer término;
-protección aduanera a los productores agrícolas y a la industria
agropecuaria;
-premios a las iniciativas que se realicen en una forma que pueda servir
de ejemplo en cuanto a la combinación de las mismas industrias;
-liberalización de derechos a los elementos utilizables en agricultura
(arados, máquinas, etc.);
-distribución de semillas;
-defensa organizada contra las plagas;
-ampliación de los beneficios del crédito por medio de las cajas
rurales.
Para lograr tal objetivo, se buscarán los instrumentos necesarios de
modo que se concreten:
-creación de organismos de investigación, Facultades y luego Escuela de
Agronomía y Veterinaria, Estaciones Agronómicas y el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional
"La Estanzuela".
-la Inspección de Ganadería y Agricultura, la Sanitaria Animal y la
Inspección de Inmigración y Colonización.
-la Comisión Oficial de Semillas.
-el nombramiento de una Cátedra Ambulante de Agronomía.
-la Sección de Crédito Rural en el Banco de la República (1912), entre
sus cometidos estaba la de fomentar la creación de Cajas Rurales.
-una política proteccionista frente a la competencia de productos
extranjeros.
-el aforo, tema que abordaremos por separado.
En mayo de 1911, la Asamblea General acuerda el siguiente decreto, el
cual tiene como finalidad la protección de la agricultura:
"Artículo 1: El importador
que quiera introducir libre de derechos las máquinas agrícolas y repuestos de
las mismas, se presentará a la División de Agricultura para el examen técnico
de los objetos de la referencia...
Artículo 2: El que desee introducir libre de derechos
semillas forrajeras con destino a sus propios cultivos, se presentará a la
División de Agricultura...
Artículo 3: Los importadores que introduzcan semillas
con destino a la venta solicitarán el despacho en la misma forma indicada...
Artículo 4: En los departamentos que estén habilitados
para la importación, se seguirán para la introducción de semillas y maquinarias
igual procedimiento...
Artículo 5: El que introduzca nafta para uso propio
justificará ante la División de Agricultura su calidad de poseedor del motor
agrícola a que vaya destinada dicha sustancia...".[35]
En 1917 se incentivó desde esferas del gobierno la agricultura
intensiva, distribuyendo dinero, semillas, y elementos de trabajo, "...para obtener esos deseables resultados de
la producción agrícola, es preciso que los poderes públicos y los capitales
privados, continúen dispensando su ayuda eficaz y positiva a los colonos pobres,
que lo son en su inmensa mayoría".[36]
GRAFICO Nº 1
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS
POR DESTINO Y SUPERFICIE DE LOS MISMOS
(EN PORCENTAJE) AÑO 1916
Fuente- Frega, A.-
Maronna, M.- Trochón, Y.- La propuesta agrícola del batllismo. Impulso
y limitaciones (1911-1933). En El primer batllismo. Cinco enfoques polémicos.
Montevideo. 1985. pág. 61.
Cuando se analiza este tema que da la impresión que para el batllismo está
en la columna del debe, pero seamos objetivos, que muchas de las propuestas se
vieron frenadas, hasta por sectores del mismo Partido Colorado. Hubo un pequeño
aumento de la superficie cultivada, no se pudo diversificar la producción,
siendo el trigo el que ocupó el 50% de ésta. La distribución de la tierra no
sufrió grandes transformaciones. Sí un leve aumento de los volúmenes de
exportación de la agricultura.
3 - Las zonas francas
En 1894 se promulgó la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a proceder
al estudio definitivo del puerto de Montevideo.
A principios de siglo los hechos a destacar en esta materia son:
1901- Cuestas dio por iniciadas las obras;
1904- se entregó la primera sección del muelle Maciel;
1909- inauguración del puerto;
1920- la Comisión Financiera de las Obras del Puerto de Montevideo
presentó un programa de ampliaciones para ser realizado en 12 años, que incluía
el Mercado de Frutas, la Dársena Fluvial, la construcción de una amplia zona
franca para el comercio de tránsito con Brasil, Bolivia y Paraguay.
Uruguay veía como una necesidad la creación de un Zollverein con Brasil,
para de esta manera poder evitar que su producción buscase, vía Uruguayana, el
puerto de Buenos Aires.
Se reflotarán antiguos proyectos como la construcción de un puerto de
aguas profundas en zonas aptas (La Paloma, La Coronilla); se lograría así
quebrar el centralismo de Montevideo.
Francisco Ros entendía que al realizarse dicha obra el frente marítimo
del país se habría construido definitivamente sobre el Océano Atlántico siendo La Coronilla, la metrópolis.
Los planos del puerto de la Coronilla fueron realizados por los
ingenieros norteamericanos Burr y Bond. Los estudios dan una prueba
concluyente de que en La Coronilla podía construirse el puerto, cediendo a las exigencias cada vez
mayores del comercio; un puerto marítimo capaz de recibir a los "titanes" de la flota comercial del
mundo en un lugar privilegiado de las costas atlánticas y ubicado en un punto
conveniente y señalado, dentro de una vasta longitud de riberas oceánicas que
dará una fácil salida a los productos de zonas extensas y distantes. Se debería
de recorrer el trayecto dilatado que media entre Santa Catalina y Bahía Blanca
para adquirir el convencimiento exacto de que las condiciones físicas de todas
esas zonas reclamaban la obra portuaria de La Coronilla como una necesidad de
las expansiones del intercambio, reflejando para el Uruguay una fuente de
progreso creciente y sólido.
Los estudios que se realizarán y el proyecto correspondiente fueron
elevados en 1915, aunque las obras no se concretaron por considerarse elevado
el presupuesto.
Anteriormente en 1906, durante la presidencia de Batlle, se había
decidido la construcción de un puerto en La Paloma que podría servir para el
embarque de ganado en pie y para depósito de mercaderías y carbón, destinados a
los vapores que hacían la carrera del Pacífico.
Se plantean dos tendencias: la de un puerto de cabotaje de 4 metros de
profundidad, de refugio y cargas por ahora; y la de un puerto de aguas
profundas capaz de atraer el comercio de trámite del Cono Sur, con una zona
franca que revivía a Paraguay y Bolivia.
Es así que en 1921, Pablo María Minelli establecía: "En la actualidad gran parte del comercio de
exportación e importación de Río Grande del Sud se efectúa a través de la vía
Argentina con resultado, sin duda, no siempre beneficioso para aquel Estado de
Brasil, pues las largas distancias que deben recorrerse encarecen los fletes
de manera extraordinaria.
Cuando el Puerto de La Paloma esté definitivamente
habilitado y cuando se haya construido la línea ferroviaria que debe unir a
Rocha con la red fluvial de la Laguna Merín, la zona del Este será el lugar de
pasaje obligado para gran parte del comercio de tránsito que actualmente se
efectúa por vías extranjeras".[37]
LAMINA Nº 8
PUERTO DE LA CORONILLA
EL DIA. Marzo, 29 de 1915.
En la primera presidencia Batlle le encargo al Ing. Eduardo de Zúñiga el
estudio del régimen portuario de los EE.UU. y algunos países del viejo mundo. A
su vez, en 1905, el Dr. Juan Carlos Blanco Acevedo parte con el mismo cometido. Dichos estudios
proponían la idea de establecer zonas francas en Montevideo, Colonia y Nueva Palmira.
Es así que en 1908, el Dr. Juan Blanco (h) presentó el proyecto para la
creación de una zona franca en el puerto de Montevideo.
El gobierno argentino en el mismo año establece una zona franca en el
puerto de La Plata. El Dr. Blanco sugería que el Uruguay y en especial el
puerto de Montevideo por su posición geográfica, nos daba una mejor ubicación
que los vecinos: "...Ella, en esa
forma, atrae capitales y brazos, siendo un actor poderosísimo de fomento del
trabajo y de riqueza orgánica. Nadie ignora, en efecto, que en esa zona,
manipula se reenvasa, se mezcla, se transforma o se completa el artículo que
viene del extranjero, destinado a ropa, alimentación, vivienda, confort,
trabajo o artes. Luego sale para proveer los mercados de consumo que comprende
la zona de influencia del puerto en que está establecida dicha zona, venciendo
toda competencia con el artículo importado directamente, a causa de la baratura
de la industria complementaría en el recinto franco".[38] De
concretarse tal iniciativa Montevideo se vería favorecida.
Se presenta en 1910 en el Senado un proyecto de zona franca para
Montevideo, Nueva Palmira y Bella Unión, quedando en el olvido; en ese tiempo
el gobierno argentino establecía en Concordia una zona franca.
En 1915 un grupo de comerciantes mayoritarios se nucleaban para crear
la "Liga de Defensa Comercial",
que en el artículo 3 inciso A de sus estatutos establecía el compromiso de
propiciar la creación de una zona dentro del perímetro de la capital como medio
de abrir nuevos mercados al comercio y a la industria.
En 1922 Ricardo Cosio
emprenderá una campaña por la zona franca de Colonia, destacando las ventajas
de la misma. "...la zona franca de
Colonia que era extraordinario que siguiendo nuestro país una política
económica proteccionista no hubiera abordado la creación de alguna zona franca
en el país ya que a eso nos convida el régimen económico de nuestra tarifas. Es
más, las zonas francas no son en realidad sino una consecuencia de la política
proteccionista y eso es comprensible fácilmente. El país que cierra sus
fronteras a la competencia exterior lo hace para asegurar al trabajo nacional
el mercado interior teniendo en cuenta la alta finalidad que con ello se
obtiene de que cada uno se baste a sí mismo. Pero la producción nacional no
alcanza nunca a satisfacer el consumo, señalando, según los países, las
deficiencias o el exceso que los hace acudir a otras fuentes de producción para
completar el abastecimiento nacional. Por otra parte, como el trabajo
industrial y mercantil -decía la Cámara de Comercio de Barcelona cuando empezaba
a pugnarse allí por una zona franca- es la transformación y el transporte de
los productos, aumenta la riqueza de los pueblos, dándoles no poca
superioridad sobre los países puramente agrícolas, que apelan a toda clase de
recursos para ensanchar la esfera de esas actividades y de la producción. De
ahí la guerra de tarifas, las admisiones temporales, las primas a la exportación
y a la navegación, las zonas francas, los entrepots, y todas las demás medidas
encaminadas al fomento de las industrias y del comercio.
Nosotros, por nuestra parte, damos mercado a la producción
del país, sin preocuparnos fuera de eso, gran cosa, en ensanchar esa órbita en
que el trabajo se desarrolla actualmente, y sin darnos cuenta de que no es lo
que nosotros practicamos solamente lo que da carácter al régimen proteccionista
por el cual vamos, y vamos triunfando.
Esta cuestión del proteccionismo de nuestra tarifas
nos ha llevado a establecer de paso las dos clases de operaciones que deben
permitirse dentro de la zona neutral: manipulación y embarque libre de las
materias extranjeras y operaciones comerciales e industriales, éstas a
realizarse sin limitación y cierto contralor para el establecimiento de
industrias que elaboran materia primas".[39]
Es así que se llegó en 1923, a la aprobación y la habilitación de zonas
francas en Colonia, Nueva Palmira y Bella Unión. En ellas se permitía la
transformación y fraccionamiento de materia prima importada libre de todo
impuesto, con la intención de aumentar el comercio de tránsito y el desarrollo
industrial. En 1925 se comenzarán las obras en Colonia: "La colocación de la piedra fundamental del
Puerto y de la Zona Franca no puede ser considerado como un hecho corriente,
que da lugar a ceremonias consagratorias de carácter local. No. Tiene un
significado mucho más elevado. Significa el resurgimiento, por obra del
progreso, de la prosperidad que otrora hiciera famosa, en América, a la Colonia
del Sacramento...".[40]
A fines de 1928 fueron habilitados por decreto los puertos francos de
Colonia y Nueva Palmira.
4 - La política fiscal
En este aspecto podemos ver la preocupación del batllismo por tratar de
lograr un equilibrio social, que habrá de buscarse con una fuerte
racionalización del sistema para lograr el necesario balance para proteger a
los más débiles. Esa herramienta estuvo en el impuesto, que era entendido,
además, como el mecanismo para recaudar dinero y volcarlo en obras de justicia
social y de promoción para el desarrollo del país.
Este proceso tributario que se procesará en el Uruguay de principios de
siglo no es nuevo en el mundo, ya se venía concretando desde fines del siglo
pasado en países como Gran Bretaña, Alemania, Francia y EE.UU.
El llevar adelante esta política fiscal se vio motivado por:
-la situación del Uruguay de principios de siglo. Las fricciones con
Argentina referente a la jurisdicción de las aguas del Río de la Plata, esto
llevo a los gobiernos de turno entre 1909 y 1910 a las primeras compras de
cruceros. Por otro lado el latente y posible levantamiento de los
nacionalistas, por lo menos hasta 1913, impulsó a los gobiernos al
fortalecimiento del ejército. En 10 años se llegó a duplicar el número de sus
integrantes y modernizar su armamento;
-las nuevas funciones que adopta el Estado -económicas, sociales,
culturales, educacionales;
-otro de los factores tomado como herramienta tanto para el cambio social como el
económico, es el hecho que la riqueza estuviera en pocas personas. Se debía de
realizar una redistribución de la misma,
contemplando una mayor justicia y
velando por las clases más desamparadas.
La instrumentación de la política fiscal en el batllismo está basado en
el georgismo. La misma tenía como objetivo: "Hemos dicho y repetido que somos partidarios de la supresión de los
impuestos al trabajo...
Pero no podemos exclamar como lo hacen los diarios
oribistas y como lo ha hecho recientemente La Razón, siguiendo a éste:
"¡No más impuestos!" Tal exclamación denota que no se sabe lo que es
el impuesto. Exclaman "no más impuestos" es lo mismo que exclamar
"no más progreso".
No hay progreso sin impuestos. Día a día el
crecimiento de las poblaciones y las conquistas de la ciencia señalan la
necesidad o conveniencia de mejorar las condiciones de la vida. Pero esta
mejoría no puede efectuarse sin trabajo que es necesario remunerar,
remuneración cuyo importe no se puede cubrir sino con dinero, dinero que no se
puede obtener sino por medio del impuesto.
El impuesto es un bien. Es la agrupación de los
hombres para realizar obras necesarias o útiles y mejorar las condiciones de la
vida, que aisladamente no podría llevar a cabo...".[41]
El tema de los impuestos siempre tendrá su polémica, el gobierno
entenderá una cosa y la oposición verá otra. En 1927 en el Consejo Nacional de
Administración se establecía: "Dijo
el Dr. Herrera que el Dr. Hugo Antuña, hombre de pensamiento y parlamentario
distinguido, acababa de plantear, en acto público, un asunto de tanta
importancia y de tanta actividad como era la reforma juiciosa del régimen
tributario en vigencia. -La creación de impuestos a través de los años, ha sido
dispersa y demasiado dispersa.- Hay diez impuestos territoriales de origen
nacional; hay más de diez de carácter municipal; hay más de veinte impuestos
directos. -Estos datos numéricos bastan para convencer del desorden y de la
contradicción reinante en la materia y de la urgente necesidad de proceder a
una reforma de fondo, de acuerdo a un plan racional. -Habría que reducir las
cargas tributarias y repartirlas con más equidad. -En este sentido, propone el
Dr. Antuña la creación, como sustitutiva, del impuesto a la renta que ya ha
proyectado el Dr. Martín C. Martínez. Se trata de una iniciativa interesante
del autorizado conferencista sobre la cual llama la atención del Ministerio,
pues es evidente que hay urgencia en dar carácter orgánico y razonable al
sistema tributario. El Ministro (Dr. Pablo María Minelli) manifestó que había
leído con especial interés el proyecto y los comentarios del propio Dr. Antuña
y también se mostró partidario de una revisión total del sistema impositivo, a
realizar oportunamente. Agregó que el Dr. Antuña propone -la creación del
impuesto a la renta lo que, a su juicio, es equivocado, por cuanto dicho
sistema tributario sería de perjudicial aplicación en el país, toda vez que
tiende a gravar el trabajo, cuando el Estado debe encaminar su política en el
sentido de fomentar la producción y proporcionar las mayores facilidades
posibles a los trabajadores. Hizo una exposición sintética sobre la diferencia
de ambiente para dicho régimen entre nuestro medio y de los países europeos
donde se aplica, analizando los diversos factores que en éstos lo hacen viable
como ser en primer término su distinta organización económica. Sostuvo que en
lugar del referido impuesto debieran aplicarse gravámenes de ausentismo a los
artículos del consumo indeseable, a los nocivos para la salud como el tabaco,
etc. a los de carácter suntuario, y a los que se importan, similares a los de
fabricación nacional como así mismo a las herencias. Manifestó que en esta
materia no debían tomarse como ejemplo, según lo dijo ya, los sistemas de las
naciones, europeas, por cuanto nuestra economía y capacidad productiva son
completamente distintas, y terminó señalando los perjuicios que se
ocasionarían con la implantación del impuesto a la renta, pues nuestros
economistas deben partir de la base de que el Estado ha de propender a que cada
hombre, cualesquiera sean las actividades a que se les consagre, debe ser un
factor de creación de la mayor riqueza posible. Observó luego, el Dr. Herrera
que su propósito se había limitado a subrayar la iniciativa parlamentaria del
Dr. Antuña, sin adelantar opinión definitiva sobre cual sería el procedimiento
mejor para abordar la reforma del impuesto, en la actualidad muy desordenado,
excesivo y mal distribuido. Desde luego, consideraba que el impuesto a la renta
ofrecía aspectos muy interesantes y de justicia social, por cuanto se repartía
proporcionalmente al caudal de cada uno, y gravitando con mayor peso sobre las
clases más ricas de la sociedad. Es pues, un gravamen esencialmente
democrático, conque se da en armonía con el rendimiento y correspondiendo, en
consecuencia, más a los que más tienen; siendo muy justo que las grandes fortunas
concurran, en primera línea, al fomento del tesoro público. Insiste en la
oportunidad de proyecto del doctor Martínez cuya autoridad y experiencia
aseguran el sentido práctico y cordura de su proyecto. Por su parte el señor
Presidente Batlle y Ordóñez subrayó, concordando con el Ministro, que el
impuesto a la renta no alcanza solo a los ricos, como se pretende, sino también
a los trabajadores entre los cuales existe una clase numerosa de pequeños
productores e industriales que obtienen beneficios de acuerdo con sus escasos
capitales y que por lo tanto la aplicación de esos gravámenes perturbaría el
equilibrio de su situación económica".[42]
a - Contribución inmobiliaria
Este aspecto era una deuda del siglo pasado, el que la legislación había
favorecido a los ganaderos, porque éstos pagaban entre 6 y 7 veces menos que
los agricultores de las tierras del Sur. Además por diferentes mecanismos los
estancieros lograban trabar y obstruir todos los intentos de elevar los aforos.
Ya en el primer año se nota la preocupación de Batlle sobre la
contribución inmobiliaria, aumentando los aforos establecidos en algunos
departamentos, con arreglo a un método más equitativo. "El proyecto no era fundado por el simple
deseo de hacer mayores los recursos del Estado. Se basaba en un estudio prolijo
y completo, en datos ciertos obtenidos de fuentes de rigurosa verdad, y en
claros guarismos estadísticos...
...Pero también es verdad que las necesidades públicas
crecen, que las obras de vialidad son cada vez con más urgencia requeridas, y
que si bien el gobierno dispondrá del millón de pesos autorizados
primitivamente para gastos de guerra, esa suma será apenas bastante para
ejecutar algunos trabajos considerados como indispensables. Y esto no basta.
¿Con qué se cuenta en efecto para completar eficazmente esas obras? ¿Con qué se
atiende al gasto permanente de conservarlas? Es indudable que esta última
necesidad trae como correlativa la necesidad de recursos estables, anuales,
que, a medida que las citadas obras se desarrollen, serán más exigidos. Por
otra parte, vemos todos los días que los departamentos contraen empréstitos,
que los vecinos se cotizan a voluntad con gruesas sumas de dinero para la
ejecución de aquellos trabajos que la vialidad exige premiosamente. ¿No es más
racional que la cuota voluntaria, arbitraria de los propietarios, el pago de
más alto impuesto, a proporción del valor de sus bienes? ¿No vendrán a
valorizar a éstos las obras a efectuarse, y a beneficiarlos en consecuencia de
una manera directa?"[43]
Se pretendió darle al impuesto un
carácter igualitario, tratando de fijarlo en lo posible sobre el valor real de
la propiedad afectada. El tema se divide en dos, por un lado el interior y por
el otro la capital. "Pues, la saludable
reforma que se ha llevado a la práctica en la Contribución Inmobiliaria de la
Campaña la acaba de iniciar el gobierno, aunque de una manera parcial, por
falta material de tiempo, para el respectivo impuesto, que han de pagar las
propiedades del departamento de la Capital. El Gobierno desea, tanto para
aumentar el poder rentístico de la nación como para conseguir que los
gravámenes se distribuyan de una manera equitativa, que cada propietario de Montevideo
pague la Contribución Inmobiliaria con arreglo al verdadero valor de lo que
posee y no en la forma empírica que lo ha hecho hasta ahora, y para ese fin ha
dispuesto el empadronamiento de todas las propiedades o sea el examen
minucioso y la avaluación correspondiente de cada una de ellas, llevados a cabo
por una comisión especial que ofrece plenas garantías de competencia, para
establecer en cada caso el aforo real sobre el cual debe recaer el impuesto".[44] El
empadronamiento propuesto no llega a ser un catastro, es una operación que se
acerca bastante a ella: "...Las propiedades
no sólo se miden una a una y se avalúan científicamente, sino que se levantan
de todas ellas los respectivos planos, de manera que uno de los resultados
inmediatos del empadronamiento será el conocimiento exacto del número de
propiedades que hay en cada manzana, en cada sección, en toda la capital...
...y gracias al empadronamiento en marcha no sólo
pagarán el impuesto todos los propietarios, sino que cada uno de ellos pagará
por lo que precisamente debe pagar. Y no se crea que la obra del gobierno dará
siempre por resultado un aumento en el impuesto. En muchos casos la obra del
empadronamiento se traducirá en un alivio para contribuyentes injustamente
recargados.
...El gobierno lo único que desea es que no se de
fraude al Fisco. Su mente es que nadie pague sino con arreglo a lo que
realmente tiene".[45]
En su segunda presidencia Batlle será más enérgico en este tema.
El Ministro Serrato elaborará un proyecto de ley para atender la
injusticia sobre el valor de la propiedad: "...establece que los propietarios tendrán derecho de reclamar dentro de
un término prudencial de los aforos que haga la Oficina de Avaluaciones.
Si consideran bajos esos aforos deben apresurarse a
manifestarlo así antes del pago de la contribución inmobiliaria. De lo
contrario, se presumirá que consienten dichos aforos, que los consideran
razonables, que los estiman como representativos del valor real de los bienes
de sus propiedades, y esta presentación del legislador tiene un serio
fundamento; no se puede suponer que los propietarios acepten a sabiendas
aforos bajos para no pagar las contribuciones que verdaderamente están
obligados a entregar al tesoro nacional...
La justicia del principio que inspira el proyecto del
Poder Ejecutivo no puede discutirse. Es absurdo que una propiedad pueda tener
dos valores: uno extraordinario, enormísimo para el caso en que el Estado la
necesite para destinarla a algún fin de utilidad general; y otro insignificante
para el pago de la contribución inmobiliaria.
...se estafa al Estado en los casos de expropiación y
se burlan descaradamente las disposiciones de las leyes de impuestos.
Es forzoso reconocer que en la actualidad no son los
propietarios los únicos culpables de lo que ocurre. El mal tiene su origen en
la ley, y sobre todo en el avalúo por zonas. El proyecto del Ejecutivo resuelve
fácilmente esta dificultad suprimiendo el avalúo por zonas y estableciendo el
aforo individual de cada propiedad. Cada propietario determinará, entonces,
cada vez que pague la contribución territorial, cuál es el valor que atribuye a
su propiedad, sabiendo que el Estado tiene el derecho de adquirirla por el
valor expresado más una bonificación acordada por motivos de equidad...".[46]
La propuesta del Ejecutivo pretendía establecer un solo impuesto de los
tres que regían en la propiedad rural: estaba el 6 y 1/2 por mil de
contribución general, el 1/2 por mil para servicios de empréstito de vialidad y
obras públicas y 1/2 por mil para fondos de defensa agrícola.
En 1914 la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representante expresa
respecto al proyecto del Ejecutivo sobre Contribución Inmobiliaria para
1914-15, que se apreciaba un cambio en la base del impuesto, radicándolo exclusivamente
sobre el valor de la tierra y desgravando por completo, en consecuencia, las
construcciones y mejoras. "En su
origen, la propiedad privada de la tierra no fue evidentemente más que una
usurpación, que ni siquiera tuvo en su favor la teoría del primer ocupante ni
la atención del trabajo, que es la justificación de todo capital... Es
presumible, en efecto, que el primer desbrozador del suelo no fue hombre, sino
una tribu, o cuando menos, un grupo de familias. Andando el tiempo vino la
usurpación, fundada acaso en motivos religiosos y sancionados más tarde por la
ley romana, por esa misma bárbara ley que daba derechos de vida o muerte sobre
los hijos. De esa usurpación que vino a ser el talón de Aquiles del imperio
romano, destrozado más que por los Hunos y los Francos por el latifundio y la
despoblación de sus campiñas, han derivado incalculables males para el hombre,
esclavo en los tiempos antiguos, siervo de la gleba en los tiempos medios, y
acaso más que siervo en los tiempos actuales, obligado como está a regar con
su sudor una tierra que no es suya y cuyos frutos tampoco le pertenecerán,
pues irán a enriquecer incesantemente el patrimonio de un señor ocioso e
implacable...
Pero no está en nuestro propósito el considerar aquí
la mayor o menor legitimidad del derecho de propiedad de la tierra, consagrado
por las leyes y que es un hecho hoy por hoy indiscutible, pues si injusticia
existe en el acaparamiento del suelo por unos pocos, injusticia y grave sería,
no del punto de vista de las ideas puras, pero sí del punto de vista del
derecho, todo lo que tendiera a arrebatarle a los poseedores actuales un bien
legalmente adquirido y que representa una suma indudable del trabajo...".[47]
Por intermedio de dicho impuesto se buscaba ir más allá de una justicia
social: "...tiene más vastas
proyecciones, esto que va a herir en pleno corazón al latifundio, que es un mal
de todas las épocas, que es un mal esencialmente moderno, y que era, en nuestro
país, una desgracia hasta ahora irreparable. El desgravamen de la tierra
tiende, con otras causas, en efecto, a concentrar, esta última en pocas y
afortunadas manos, procesos que se efectúa inevitablemente en todas partes;
que se ha operado con éxito conocido en Inglaterra [George]...
Ahora bien: el latifundio que es ociosidad, lujo y
placer de los terratenientes, es despoblación para las naciones y miseria y
hambre para el suelo, porque substrae al cultivo, aun dentro de los países de
población más densa, inmensa extensiones de territorios y porque sustrae del trabajo
de la tierra a la mayoría de los propietarios, limitados a ese innoble
usufructo de la renta, que hoy constituye el único privilegio dentro de las
democracias modernas...
Es elemental que un impuesto que caiga con el mismo
rigor sobre la tierra inculta que sobre la tierra cultivada (entiéndase bien,
sobre el valor de la tierra y no sobre los cultivos, sobre los olivares, sobre
los viñedos), producirá este primer resultado: obligará a los propietarios de
terrenos baldíos a cultivarlos o a enajenarlos, con lo cual se producirá un
aumento apreciable en la oferta y una
disminución en los arriendos que paga el agricultor; el parcelamiento de los
grandes fundos entregará grandes extensiones al cultivo y, por consiguiente, a
la producción, con el abaratamiento consiguiente en las subsistencias, y un
aumento general de riqueza, que no irá a parar íntegramente, esta vez, a las
arcas insaciables de los terratenientes...
...el nuevo impuesto favorecerá, sin duda, al capital
reproductivo que busca emplearse, que se atarea para multiplicar sus utilidades, hermoseando, de paso, a la
ciudad con suntuosas construcciones. ¿Y acaso no conviene estimular al
capitalismo, poco emprendedor y perezoso, que hoy se satisface con las fáciles ganancias
de la especulación o el arrendamiento, a emplearse en la tierra, y sobre todo
en la construcción de edificios?".[48]
Meses antes el órgano de prensa El Socialista establecía: "El gobierno se ha decidido por fin a
implantar el impuesto inmobiliario de la capital en la forma que el diputado
socialista vino preconizando constantemente durante los tres años de su
actuación parlamentaria.
Una diferencia tenía ese proyecto con el que ahora
está siendo motivo de tantos comentarios. El impuesto en vez de ser
proporcional, era progresivo, y en vez de representar un producido equivalente
al de la actual contribución, constituirá un ingreso muchísimo mayor para que
el Estado quedase en condiciones de suprimir o reducir los impuestos a los
consumos.
Es injusto que el propietario sin iniciativa disfrute,
por la valorización de su predio abandonado, del progreso a que contribuyen los
otros propietarios progresistas, que invierten sus capitales en edificaciones y
mejoras...
Somos partidarios de la nueva forma de contribución.
Nuestro partido por boca de su representante en la Cámara y en su plataforma
electoral, ha proclamado antes que nadie en el país la necesidad de esa
reforma.
Pero reprochamos al Proyecto del Poder Ejecutivo la
tasa proporcional, en vez de la escala progresiva, y la obstinación de no
querer hacer de este impuesto un sustitutivo de los que gravan el estómago y
el músculo de los productores.
También somos la primera agrupación política que reclama
el impuesto al incremento del valor del suelo".[49]
"Nunca hubiéramos imaginado
que fuera necesario ventilar desde el estadio de la prensa la cuestión de la
propiedad privada de la tierra, ya que, a pesar de su trascendental
importancia, no ha logrado cobrar un interés inmediato, ni aún ante las
prédicas fogosas de quienes, guiados sin duda por un propósito altruista,
desean concluir, a todo trance, con lo que George llamara "la gran
iniquidad"...
Los colectivistas agrarios, y entre ellos los devotos
del pensador americano, incurren en descomunal incongruencia. Lidiar contra la
"gran iniquidad", pero a fin de librar de ella al género humano no
titubean en sancionar iniquidades mayores. El despojo que implica la
sustitución de los actuales terratenientes por el Estado, mediante la
confiscación de la renta...
...El impuesto único sobre la tierra, sobre todo si se
llega a él por una elevación lenta y progresiva de las tasas actuales, nos
conducirá, fatalmente y sin tropiezos, a la solución que se ambiciona...".[50]
Por su parte la minoría presentará en la Cámara un proyecto sobre este
problema: "...Hay que dejar las
cosas como están; no hay que reformar nada; hay que dejar a los pobladores
rurales entregados a las más primitivas e infecundas despreocupaciones del
interés nacional; hay que conservar la integridad del latifundio despoblado e
improductivo; no se puede suprimir la estancia de corte tradicional porque el
país es ganadero, los ganados necesitan espacio para pastar y recrearse y no
hay nada que pueda sustituir la delicia de ese estado de cosas; nuestra tierra
es inapropiada para el cultivo, para la agricultura, para las plantaciones, a
diferencias de la tierra argentina, feraz y rica en producción; la ganadería
progresa y eso basta; no hay otro problema por resolver: cerremos las escuelas,
el Instituto de Agronomía, las estaciones agronómicas, las oficinas de defensa
agrícola, todo lo que puede representar un estímulo al estudio; el
profesionalismo técnico aplicado a los medios de producción rural; no
castiguemos con una distribución equitativa del impuesto a los que se cruzan de
brazos esperando que la valorización automática les redondeé fortunas caídas
del cielo. Disminuyamos los derechos aduaneros y los impuestos a los consumos
y dejemos de lado, por modernistas, el tributo al valor territorial que crea el
esfuerzo común, no el esfuerzo de los propietarios, y habremos realizado el
ideal de las finanzas con gran satisfacción de los latifundistas, que se
horripilan de las nuevas orientaciones económicas liberadoras y justicieras".[51]
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la contribución
inmobiliaria tanto en Montevideo como en el Interior del país entre 1902 y
1916.
GRAFICO Nº 2
EVOLUCION DE LA CONTRIBUCION INMOBILIARIA
1902-1916
La misma Comisión presenta un resumen comparativo de ambos sistemas:
CUADRO Nº 15
RESUMEN COMPARATIVO DE AMBOS SISTEMAS
-Es una técnica complicada por las dificultades evidentes que ofrece la
avaluación de las mejoras y los inconvenientes de la percepción.
-Es de una técnica sencilla, pues aparte de que la tasa es igual para
todos, no ofrece dificultades para la avaluación y percepción.
-Es de una injusticia evidente, pues no persigue al capital ocioso, y
grava, en cambio, al capital que se emplea.
-Tiende a un ideal de justicia, al gravar al capital y al liberar, en
forma progresiva, al capital activo.
-Grava más al propietario cuanto más costosas son las mejoras que
realiza.
-Grava menos al propietario cuanto más y mejor edifica.
-Persigue de una manera empírica un fin puramente fiscal: el de allegar
recursos al Estado.
-Persigue un fin eminentemente social, sin olvidar las exigencias
fiscales.
-Es anticientífico, pues presciende de la equidad en la distribución de
las cargas.
-Es científico, porque realiza una perfecta igualdad y una perfecta distribución
de cargas.
-Es poco flexible, pues si se le quiere acomodar a la capacidad
económica del contribuyente, produce males irreparables.
-Es de gran flexibilidad, puesto que puede seguir sin perjuicio, el desarrollo
del valor territorial.
-Tiene evidente repercusión, pues al gravar las construcciones, grava al
locatario.
-No tiene repercusión posible, ni para el inquilino ni para el
arrendatario rural. Grava solamente a quien se quiere que grave.
-Desmoraliza al capital, de suyo lento y poco emprendedor entre
nosotros.
-Obra como un poderos estímulo sobre el capitalismo, animándolo a
emplearse en mejorar la tierra, con todas las ventajas inherentes.
-Encarece los alquileres al encarecer la tierra y al gravar las mejoras.
-Abarata los alquileres al abaratar la tierra y desgravar las mejoras.
-Es un factor importantísimo en la carestía de la subsistencia.
-Actuará poderosamente en el sentido de abaratar la vida al abaratar los
alquileres y aumentar la producción.
-Es una rémora a la producción.
-Es un acicate a la producción, que hace fácil la vida y aumenta la
riqueza.
-Estimula la especulación y valoriza la tierra de modo artificial.
-Pone un límite a la especulación, sin obstaculizar el crecimiento
razonable y natural del valor de la tierra.
-Es un obstáculo al aumento de la población, que es en nuestro país el
problema de los problemas.
-Es un poblador por excelencia.
-Conduce fatalmente a la temible cuestión de la propiedad colectiva de
la tierra.
-Solucionar indirectamente, sin herir interés adquirido, la cuestión de
la socialización de la tierra.
-No Solucionar ninguna cuestión social.
-Resuelve la cuestión social en muchos de sus más graves aspectos.
-Abandona casi a la sola acción del Estado el embellecimiento de la
Capital, que es, por nuestra situación topográfica, un modo de industria
colectiva.
-Haría que el esfuerzo individual compita con el del Estado, en la obra
de embellecimiento de la Capital de la República.
-Al gravar las construcciones, obliga a las clases no poseedoras a pagar
por partida doble el valor de la tierra.
-Realiza un acto de suprema justicia al tomar para la comunidad, una
pequeña parte del valor que adquiere la tierra por la capitalización de la
renta u sin esfuerzo ninguno por parte del que la posee.
-Tiene a mantener en las puertas mismas de la Capital los latifundios,
con todas sus consecuencias de estancamiento y escasez de producción.
-Tiende a solucionar las crisis y evitarlas a reducirlas en sus efectos
para lo sucesivo.
-Tiende a la conservación en los barrios centrales, de edificios
vetustos, que dan excelente renta, pero imprimen un marco carácter de fealdad a
la parte de la ciudad llamada “Ciudad Vieja”.
-Destruye los latifundios y abre con el nuevas perspectivas a la
agricultura intensiva que abarata la vida y aumenta en forma prodigiosa la
producción.
-Deja a la acción del tiempo y del capricho la obra, ya necesaria, de
levantar la altura de los edificios.
-Estimula la reconstrucción que transforma y embellece.
-Al mantener indivisa la gran propiedad territorial, aleja la
agricultura hacia regiones menos favorables por los medios de comunicación y la
baratura de los transportes, lo que da por resultado el hecho bien conocido de
que sea necesario importar a la Capital fruta y hortalizas que produce el país
con facilidad y en abundancia.
-Será un factor decisivo en el sentido de intensificar la población
urbana aumentando el número de pisos y la altura de las construcciones.
-Aparta al propietario del cultivo de sus tierras, con lo cual
desaparece el concepto de utilidad, único fundamento serio, según S. Smill, de
la propiedad privada de al tierra.
-Tiende a aproximar al propietario a sus tierras, estimulándole a
trabajarlas personalmente, enajenándolas a quien pueda trabajarlas.
Fuente:
D.S.C.R. Tomo 231. Junio, 3 de 1914. Págs. 136-137.
Si analizamos los números podemos afirmar el crecimiento de recaudación
por este impuesto desde 1903 hasta 1915, en un 132%.
CUADRO Nº 16
LA CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL
Años C.Inmobiliaria Indice
T. de Rentas Indice
1902-3 2068 100 19292 100
1903-4 2023 98 18019 93
1904-5 2505 121 17342 90
1905-6 2690 130 20721 107
1906-7 2730 132 21727 113
1907-8 2741 133
22673 117
1908-9 2818 136 23608 122
1909-10 2887 140 25441 131
1910-11 2979 144 26230 136
1911-12 4312 208 29174 151
1912-13 4542 220 31808 165
1913-14 4713 228 28193 146
1914-15 4805 232 22783 119
1915-16 4405 213 26927 140
1916-17 4151 201 25468 132
Fuente: Anuario Estadístico.
CUADRO Nº 17
LA CONTRIBUCION INMOBILIARIA DE LA CAPITAL
Años C.Inmobiliaria Indice
T. de Rentas
1902-3 876 100 19292
1903-4
887 100 18019
1904-5
916 105 17342
1905-6 962 110 20721
1906-7 988 113 21727
1907-8 22673
1908-9 1094 125 23608
1909-10 1144 131 25441
1910-11 1243 142 26230
1911-12 1564 176 29174
1912-13 1804 206 31808
1913-14 1999 228 28193
1914-15 2164 270 22783
1915-16 2081 237 26927
1916-17 2138 244 25468
Fuente: Anuario Estadístico.
"Desde hace cuarenta años el
impuesto inmobiliario de campaña se percibe, exclusivamente, sobre el valor de
la tierra con prescindencia absoluta de las mejoras que contenga y que quedan
libres de gravamen.
El objetivo de esta disposición no es otro que el
contribuir al progreso rural estimulando a los propietarios a construir
viviendas higiénicas, a fomentar la agricultura, a invertir sus ahorros en
maquinarias, alambrados, instalaciones, etc., que aumenten, en resumen, la
capacidad productiva de sus tierras.
De acuerdo con este régimen pagaban el mismo impuesto
los inmuebles extraordinariamente mejorados de Aarón Anchorena en Colonia, de
Antonio Lussich en Maldonado o la Granja Modelo de Vicente Silva en San José,
que las tierras destinadas simplemente al pastoreo que no hubiesen sido
beneficiadas en forma alguna por el capital o por el esfuerzo del
propietario...
El Presidente Batlle y Ordóñez creyó que debía aplicarse
a la propiedad urbana el mismo criterio que regía para la campaña, es decir, de
gravar con el impuesto sólo la tierra y exonerar de todo gravamen a las mejoras
que contuviera; y, al efecto, así lo propuso el 18 de marzo de 1914 a la Cámara,
en un proyecto que lleva la firma del Ministro don Pedro Cosio, diciendo en el
mensaje respectivo que: "El régimen actual, originado en el ejemplo de
otros países de organización más antigua, -régimen cuyo fundamento es la
imposición global sobre la propiedad inmueble- implica una injustificable
contradicción entre los fines económicos y entre los propósitos sociales
generalmente exteriorizados y la acción fiscal ejercida por medio del impuesto.
En efecto, se desea que la tierra se
explote, se cultive; pero como para cualquier industria agrícola se requiere
instalaciones que representan importantes valores, se amenaza a éstas con el
impuesto en cuanto se materialicen en forma de mejoras sobre el terreno. Se
quiere que los capitalistas construyan núcleos de casas higiénicas para
alquilar a bajos precios a los obreros, pero al mismo tiempo se les impone un
fuerte tributo sobre el capital que inviertan para realizar ese ideal. Se desea
que los propietarios hermoseen las grandes avenidas con edificios de mérito
arquitectónico o con casas de gran altura, pero al propio tiempo se les detiene
con el criterio fiscal de exigirles tanto mayor tributo cuanto más sea lo que
destinen a dar importancia y realce a la construcción urbana. En cambio se
protesta unánimemente contra esos edificios vetustos, chatos, ubicados en
situaciones privilegiadas de la ciudad, que se eternizan en mérito a la renta
fabulosa que producen los alquileres en relación al valor de la obra, pero el
impuesto se convierte para ella en regresivo, como si se quisiera estimular la
permanencia inalterable de esas rémoras del progreso".[52]
b - Impuesto progresivo
Apunta a una justicia social: "...el
principio del impuesto progresivo, porque no puede menos que aceptarlo, porque
es un principio que constituye ya hoy el a. b. c. de la ciencia económica,
después de haberlo limitado durante mucho tiempo; pero si lo acepta quiere por
todos los medios a su alcance limitar la eficacia de su aplicación, y reducirlo
en la ley a su más mínima expresión.
Se reconoce que no es justo que si el individuo que tiene una renta de cien pesos paga un
impuesto de diez pesos, el que tiene una renta de mil pesos pague cien, que tal
es el principio del impuesto estrictamente proporcional; se reconoce que
sacándole diez pesos al individuo que gana cien, se le perjudica mucho más que
sacándole cien al individuo que gana mil; se reconoce que los diez pesos que se
sacan al primero es pan que se quita a la alimentación de su familia mientras
que los cien pesos que se sacan al segundo en nada obstaculizan su bienestar y
su felicidad pues le queda todavía una cantidad suficiente para satisfacer
todas sus necesidades, todos sus placeres, pudiendo aun reservar cantidades
importantes para formar su fondo de ahorro; se reconoce todo eso, se reconoce
toda la injusticia de la proporcionalidad del impuesto, pero se quiere que el
principio del impuesto progresivo se aplique con la mayor mesura y no con toda
la amplitud con que debe ser aplicado tratándose sobre todo como se trata de imponerlo
a las herencias y no a la renta o a la riqueza territorial. Es que entre
nosotros y también en muchas partes, los principios de verdadera justicia
social, de ecuanimidad y equidad no han penetrado lo bastante la gruesa corteza
conservadora; tenemos el espíritu incrustado en el viejo molde heredado de la
época medieval; por eso ciertas verdades pueden parecer todavía ideas
subversivas, destructoras del orden social, actualmente establecido, al que se
toma como tipo ideal ya definitivamente cristalizado, cuando en realidad no es
más que una forma en evolución y sujeta por lo tanto a sufrir muchos cambios,
integraciones y descomposiciones, que han de llevarla poco a poco a un estado
de mayor perfeccionamiento y de mayor consolidación".[53]
En 1905 Gabriel Terra presenta un proyecto de ley para gravar con
impuestos las herencias y donaciones. Tres años después se le realizarán
algunas modificaciones: "Se trata de
una reforma importantísima destinada en su principio a asentar sobre nuevas
bases una contribución que reposaba antes en mucho sobre lo arbitrario y lo
injusto; y en su finalidad a obtener nuevos y más fecundos recursos para el
tesoro de la instrucción primaria.
El principio y el objeto de esa reforma son pues de
los más atrayentes y justificados. Por una parte se tiende a restablecer la
equidad en el impuesto, por otra a dotar de nuevos recursos a uno de los
servicios del Estado más importantes, más trascendentales -si no al más
trascendental de todos por sus consecuencias finales- como es la causa de la
educación popular".[54] Con la
reforma propuesta por la Cámara de
Representante se realizaba el primer intento de ensayo de impuesto
verdaderamente progresivo, gravándose cada monto sucesorio según su capital,
desde los menores de mil pesos exentos de impuestos, y los que llegan de mil a
diez mil gravados con 1%, hasta los mayores de doscientos cincuenta mil a los
que se imponen cuotas que oscilan entre
3 y 1/2% y 13 y 1/2% según se trate de descendientes directos o colaterales
hasta más allá del 4º grado.
c - Impuesto proporcional
Al crearse las Intendencia se tuvo que contemplar la situación en la
cual se estaba llevando a cabo el cobro de los impuestos.
En 1909 una de las primeras tareas a que debería de hacer frente el
nuevo Intendente de Montevideo, es la revisión de los impuestos municipales. Se
buscaba que fueran proporcionales: "...Tal
como se pagan hoy aquellos impuestos, no solo producen poco, sino que arriban a
conclusiones irritantes e injustas. Esa injusticia trató de remediarla en gran
parte el señor Fermín Silveira con su proyecto de unificación de impuestos
municipales, en el cual se rendía serio tributo al principio de la proporcionalidad,
gravando más al que posee más y por consiguiente usufructúa mayor cantidad de
servicios. Pero desgraciadamente el proyecto no ha sido transformado en ley,
de ahí que no haya sido posible ensayar siquiera disposiciones que podrían
tener sus defectos como todas las cosas nuevas, pero que indudablemente nos
encaminaban por la verdadera senda en que han de encauzarse al fin los
impuestos municipales".[55]
Por su parte Daniel Muñoz entendía el impuesto proporcional de otra
forma: "...cada propietario
contribuye a costear los servicios del municipio, teniendo en cuenta los metros
lineales que su propiedad ocupara sobre la calle".[56]
De esta forma se podría evitar que grandes predios urbanos paguen impuestos, si
no iguales por lo menos parecidos a los que pagan las viviendas más modestas.
d - Impuesto al ausentismo
El diputado Buero establecía: "...cuando
la propiedad no está ocupada por el propietario; cuando éste se encuentra
lejos de ella, no cumple de una manera eficiente su misión social. La propiedad
abandonada puede dar el rédito, pero nunca da un progreso. El individuo que
reside en Europa, que no ve la tierra, que está ajeno a todas sus necesidades,
jamas dará un centésimo para hacerla progresiva: lo único que le preocupa es
la renta, la remisión fiel de esa renta que él espera en los bulevares;
mientras que el propietario residente, el propietario que se identifica con su
herencia, ése, señor Presidente, la sigue amorosamente, la cultiva, y sino no
la cultiva, por lo menos propende a su progreso, y propendiendo a su progreso,
colabora de una manera eficiente en el bien social, y realiza lo que podemos
llamar con Bourgeois "la función social de la propiedad". Y la
función social de la propiedad no se realiza normalmente cuando el propietario
está ausente de sus tierras...".[57]
Este impuesto produjo un fuerte rechazo, fundamentalmente de la
Federación Rural, que se dirigió al Ministerio de Hacienda con el fin de lograr
la derogación de la ley que grava con impuestos especiales los bienes cuyos
propietarios están domiciliados fuera del país: "...La derogación del impuesto al ausentismo sería, en efecto, de una
inoportunidad y de una injusticia evidente.
Resulta de una pésima política económica suprimir un
impuesto ya establecido, que se percibe sin ningún trastorno, y cuyo producido
es necesario para atender a los gastos del Presupuesto. Es un axioma de la
ciencia de las finanzas que todo gravamen viejo es soportado por el
contribuyente con relativa facilidad, pues ya entra en sus cálculos el
desembolso que debe hacer por aquel concepto, y, por otra parte, trata de
indemnizárselo, ya haciéndolo repercutir, si esto es posible, o buscando
compensaciones en otros rubros de su presupuesto particular. El gravamen, que
al principio hiere directamente la bolsa del primer contribuyente, se difunde
poco a poco entre todos los que con él tienen vinculaciones económicas, hasta
que se llega a una nivelación, a un estado de normalidad perfecta. Suprimir
entonces el gravamen no es aliviar de una carga insoportable, sino hacer un
acto de verdadera liberalidad. Y si esto se justifica cuando el Estado lleva
una vida económicamente desahogada, y cuando se trata, además de impuestos que
agobian a las clases menos pudientes, no se justifica, de ningún modo, en el
momento actual, en que los ejercicios anuales se cierran con déficit, en que
las rentas dan mucho menos de lo calculado y en que ha sido necesario diversificar
y aumentar las cargas para poder cumplir con las obligaciones del país".[58]
Durante 1915 se recaudó aproximadamente $ 200.000 por el impuesto al
ausentismo. De suprimirse se debería de crear uno nuevo, lo cual traería
resistencia del sector que se viera afectado por él. El impuesto al ausentismo
fue creado en sustitución de impuesto a los estudiantes de Enseñanza Secundaria
y de los Liceos Departamentales.
La Federación Rural entendía que dicho impuesto atacaba directamente al
capital extranjero. El fin de la ley es gravar a los propietarios no a las
propiedades, los cuales periódicamente extraen sus rentas del país para
gastarlos fuera de él. "...En
realidad, el impuesto al ausentismo no grava el capital extranjero que se
radica en el país, sino el otro, el que todos los años salva las fronteras
nacionales, y que está constituido por las rentas del capital establecido,
pero que no se moviliza en beneficio de la comunidad nacional".[59]
No se castiga a los capitales que se encuentran en el país, éstos
trabajan, producen y obtienen rentas, a su vez invierten en el país.
En 1921 en el seno del Consejo Nacional de Administración, respecto a la
Sociedad Molinos Harineros del Uruguay, por el cobro del impuesto de
ausentismo. "El Sr. Consejero Batlle
y Ordóñez se extiende en consideraciones sobre los capitales que deben ser
atraídos al país y los que deben ser alejados, conceptúa que los primeros deben
ser aquellos que vienen al país y quedan y dejan sus rendimiento o los que
vienen a ganar un interés normal sobre ellos. En cambio opina que son
inconvenientes aquellos capitales que vienen a apoderarse de una industria, a
extraerle todos sus rendimientos y llevan éstos fuera del país. En este último
caso no debemos declarar buenos esos capitales, sino cuando nosotros somos
impotentes para implantar la industria y cuando ésta deja intereses considerables
en el país. Cree el Sr. Batlle y Ordóñez que, cuando no existen concesiones no
hay por qué agasajar el capital extranjero, y que debemos precavernos mucho
cada vez que hacemos una concesión, para ver si conviene realmente al país.
Agrega el señor Batlle y Ordóñez que a su juicio hay que impedir esas grandes
salidas anuales de rendimientos de capitales extranjeros, basados en los cuales
fue que se proyectó el Impuesto de que trata. Refiriéndose a la resolución que
exoneró de ese Impuesto a la Compañía Liebig's, expresa que ésta obtuvo esa
concesión ante la amenaza de retirarse del país, y cree que esa resolución debe
ser derogada porque no está ajustada a la Ley. Termina el señor Batlle y
Ordóñez opinando que en este caso no se puede considerar a la Sociedad
reclamante, excepcionada por la Ley, y debe aplicarse el impuesto confirmándose
el proceder de la Dirección de Impuestos. Opina también que no hay conveniencia
en modificar la Ley, pues cuando se quiera hacer alguna excepción se dan las
concesiones...
El señor Consejero Batlle y Ordóñez advierte que está
de acuerdo con el señor Cosio, en que algunas empresas extranjeras prestan
servicios al país. El señor Consejero Dr. Areco, expresa que bajo el punto de
vista de la economía pura, tiene razón el señor Cosio, pero si bien es cierto
que esta Sociedad abre un mercado nuevo de colocación de la harina, hace la
concurrencia a sus similares nacionales en otros mercados como ser el Brasil, y
así en vez de ser factor de riqueza viene a entablar competencias a los
industriales establecidos en el país. Por ello y porque la Ley es clara al
respecto opina que debe pagar el Impuesto de que reclama...
...la cuestión planteada por el Ferro-Carril Central,
sobre el pago del mismo Impuesto. Puesto a consideración este asunto, el señor
Consejero Batlle y Ordóñez expresa que el abogado de la Empresa para sostener
que aquélla está exceptuada del pago del Impuesto al Ausentismo se funda en que
la Ley establece que están exceptuadas de ese pago las sociedades extranjeras
que se hubiesen establecido en el país por concesión del Estado, y dice que el
artículo 13 del Contrato de reorganización del Ferro-Carril Central establece
que la concesión del mismo es de carácter perpetuo al determinar que la línea
queda siempre de la propiedad de Compañía concesionaria. Expresa el señor
Batlle y Ordóñez que la parte del artículo citado lo único que establece es que
la línea quedará de propiedad de la Empresa. Pero lo que no ha citado el
referido Abogado, es la parte que falta de ese artículo 13, que dice:
"pero los privilegios y exenciones que por esta concesión acuerda el
Estado sólo durarán por el término de cuarenta años, contados desde la fecha
en que se aprueben estas modificaciones, y aprobado que sea este Contrato
quedan anuladas todas las concesiones anteriores a la presente". En su consecuencia habiendo transcurrido ya los
cuarenta años la línea permanece siempre en poder de la Empresa, pero ésta
queda sin ningún privilegio y sin ninguna excepción, estando así la cuestión
claramente resuelta con arreglo a la Ley, no existiendo por lo demás ningún
motivo para concederle el privilegio que reclama".[60]
Entre quienes se oponían estaba la Federación Rural y El Día le responderá: "Los defensores de la tesis de la Federación
Rural se esforzarán inútilmente en justificar la liberalización de los
propietarios ausentes. Todas sus razones están inspiradas en el deseo de
obtener privilegios para aquellos que menos contribuyen a sostener el presupuesto
del Estado. Pero aunque no fuera así, aunque el impuesto al ausentismo no
estuviera fundado en razones superiores de justicia y de conveniencia sociales,
no basta protestar contra él, sino que es preciso planear la forma de suprimir
ese gravamen sin que se altere el equilibrio del presupuesto. La Federación
Rural, el Ministro de Hacienda y su órgano
periodístico, deben decir de dónde sacarían los 200.000 pesos perdidos;
a quién van a gravar sin protestas; que nuevo impuesto levantarán". [61]
e - Impuesto al lujo
Las páginas de El Día se hacen
eco de los temas tratados en el Ejecutivo: "Con el objeto de procurar nuevos medios con que atender exigencias del
tesoro, se ha renovado en el Consejo N. de Administración la iniciativa de
acudir a un gravamen fácil y justo ya puesto en práctica en algunas partes del
mundo. Nos referimos al impuesto al lujo. Tanto es justo este impuesto que no
pueden ir contra él las fáciles impugnaciones con que se detienen muchas
iniciativas de este carácter, porque no agrega, al peso de las imposiciones que
va a gravitar sobre el pueblo, ninguna nueva carga. El impuesto se paga por el
que lo quiere pagar, por eso pertenece a la calificación que un autor francés
hacía llamando a esta clase de gravámenes impuestos voluntarios. El que no vive
en el lujo y el derroche no sufre la nueva carga ni existen para él tarifas
nuevas, pero en cambio el que tiene con que llevar una vida de esplendidez, en
todo lo que gaste de superfluo deberá contribuir proporcionalmente a las cargas
públicas.
La ley francesa de recursos especiales creados para
atender exigencias financieras, dictadas el 25 de junio de 1920, grava con un
impuesto de 10% 1º a las ventas de objetos clasificados como de lujo sea en
razón de su naturaleza o en razón de su precio; 2º a los gastos de bebidas o artículos
comestibles cuando se efectúan en un establecimiento clasificado como de lujo.
La misma ley ha
facultado al Poder Ejecutivo para hacer la clasificación en tablas especiales y
someterlas a ratificación del Cuerpo Legislativo. Rigen en consecuencia dos
tablas: 1º la de artículos de lujo en razón de su naturaleza, por ejemplo
automóviles, objetos de bronce, de arte, perfumería, brillantes, etc.: 2º
objetos clasificados de lujo por precio o sea artículos de uso común en cuanto
exceden de la calidad más corriente, servicios de mesa de lujo, medias de seda,
sombreros de hombre y de señora de determinado precio en adelante, etc. El
impuesto es de carácter interno y se aplica sobre venta adhiriendo valores
equivalentes del Estado en los boletos de compra. Inspirado en esta misma ley
existe en la H. Cámara un proyecto del Consejo N. Administración".[62]
[1] La fiesta de
los industriales. En honor del Presidente de la República. El Día.
Octubre, 16 de 1903.
[10] Monopolio de
seguros. El monopolio oficial contra el monopolio privado. El Día.
Junio, 7 de 1911.
[15] Faraone, Roque- De la prosperidad
a la ruina. Introducción a la historia económica del Uruguay. Montevideo.
1986. pág. 70.
[35] Protección a la agricultura. La exoneración de derechos.
El decreto reglamentario. El Día. Mayo,
17 de 1911.
[42] José Batlle y Ordóñez. Documentos para el estudio de su
vida y de su obra. Serie VIII 1919-1929. Consejo Nacional de
Administración. 1921-1927-1929. Tomo III. Montevideo. 1989. págs.270-271.
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