8 - La poliarquía uruguaya
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as primeras décadas de nuevo siglo deparó al Uruguay un cambio en la
conducción política como lo hemos visto en las páginas anteriores.
En el orden político se aprecia una mayor participación de la población,
por un lado determinado por nuevos grupos sociales que comenzarán a interesarse
por el quehacer político, siendo las elecciones para la Asamblea General Constituyente
de 1916 donde se apreciarán los nuevos síntomas del sistema político.
La indiferencia o mejor dicho las medidas impuestas por la Constitución
de 1830 dejaban muy limitado el accionar de la población.
Esta situación en gran medida se debió a que en el siglo XIX los
partidos tradicionales estaban más preocupados por sus luchas por el poder que
por los problemas económico-sociales.
A principios de siglo la situación comienza a cambiar, y entre esos
cambios se destacan:
-la población industrial y los inmigrantes comienzan a ascender
socialmente, deseosos de un cambio
rápido que les permitiera nivelar las oportunidades de todos;
-el fin de la lucha armada en 1904, el abandono de abstencionismo del
Partido Nacional en 1913 determinaron cierta seguridad a los sectores medios y
populares, los cuales no serían castigados por su militancia en los partidos o
en el caso de los inmigrantes el poder obtener la carta de ciudadanía -a 25
centésimos-, los que no se verían enrolados por levas forzosas de los colorados
o de los blancos;
-el hecho de pronunciarse la diferencia entre los grupos más
desamparados y "la clase rica",
traba al sistema político y le impide lograr soluciones, ya sea por intermedio
del movimiento gremial obrero, o los partidos contestatarios como el batllismo.
Un paso decisivo del sistema que logró un incremento en el electorado
del 22% fue el dejar sin efecto en 1912
lo establecido por la Constitución de 1830 referido a quién podía votar.
Todos podrían suponer que los beneficiarios en su gran mayoría estaban
en la ciudad de Montevideo, por ende beneficiando al batllismo, pero los
números no darán esta tendencia.
Ese 22% representaba 41.610 electores, de los cuales solo 3.788 (9,10%)
eran de Montevideo, casi todos de la zona rural a la Capital. El resto, es
decir 37.812, corresponde al medio rural. Si los discriminamos por su
profesión tenemos: 30,40% jornaleros
(peones de estancia o chacras), un 35,44%, agricultores o labradores.
Podemos establecer con todos estos elementos que a partir de 1916
Uruguay entra a conformar un sistema competitivo de partidos. "A partir de 1916 una serie de acuerdos
políticos permitieron reestructurar las reglas de juego electoral, se abrió el
"mercado político" y se
"inventó" la ciudadanía con el sufragio universal. El sistema se hizo
un poco más competitivo, lo que dividió en parte a la élite política y la hizo
relativamente permeable al abrirse a nuevos miembros".[1]
Por las pautas que fue adoptando el país se aprecia la búsqueda de
democratizar la política, siendo oportuno establecer qué entendemos por
democracia, para ello es que nos plegamos a la definición dada por Dahl[2]
cuando maneja el termino de poliarquía y sus principales dimensiones:
participación y oposición.
Es decir por un lado la presencia de una participación política
significativa y por el otro la posibilidad de organización de la oposición
pública contra quienes gobiernan y contra sus programas políticos.
Por su parte Luis Eduardo González establece: "La poliarquía uruguaya nació en 1918, o quizás antes, en 1916
(Barrán). Y aun cuando fue interrumpida dos veces -"suspendida"
entre 1933 y 1942, y directamente reemplazada por un régimen autoritario desde
1973 hasta 1984- Uruguay es aún el país latinoamericano que ha vivido más
tiempo bajo regímenes democráticos".[3]
Ahora nos detendremos en ver ese funcionamiento a partir de 1910, fecha
en la cual la convención del Partido Nacional comenzó a dejar de lado la lanza
para encauzarse por caminos pacíficos, la lucha cívica de los comicios,
definiendo su participación en la elección presidencial ya sea en contra o en
favor de determinados candidatos, pero siempre dentro de los medios legales.
Ya no son los caudillos los que se encargan de resolver los problemas
políticos por intermedio de la amenaza violenta.
La misma Convención ataca al Partido Colorado, el cual, entendían, se
oponía a la rotación de los partidos en el poder. Es así que El Día respondía: "La rotación de los partidos no es un
principio, la rotación de los partidos no es una ley obligatoria; es pura y
simplemente una consecuencia de los resultados de los comicios. Para que un
partido conquiste el poder es necesario que venza a sus adversarios políticos.
Y los comicios, decidiendo quien tiene mayoría deciden también quien debe
gobernar".[4] Esto
implicaba que los partidos tuvieran una organización estable, programas de
gobierno. "Y dentro de ese marco
regular cabe el gobierno de un partido como cabe la rotación de los partidos en
el gobierno, que no son dos cosas que no se excluyen y, por el contrario, se
identifican. Los partidos deben desear sólo que se les abra de par en par las
puertas de la lucha legítima, que sean tan libres en sus derechos como en sus
deberes, dentro del orden de una ley que sea igual para todos. Entonces bregan
por sus respectivos ideales y el que triunfe debe tanto respeto al vencido como
el vencido acatamiento institucional al vencedor".[5]
El único camino que quedaba era la evolución de los partidos hacia la
práctica genuina de la propaganda de ideas y del comicio popular bajo la
garantía única de la ley y del derecho.
Sin duda las medidas adoptadas en 1910 referentes a la reforma electoral
en su mayoría estuvieron influenciadas por el pensamiento de Mr. Borely sobre el sistema electoral
del doble voto simultáneo, forma por la cual se logra alcanzar un régimen de
gobierno representativo. De esa manera se iría perfeccionado el sistema, el
cual en los primeros años del siglo XX había comenzado a cambiar: "La ley de 1898, la primera que concedió
representación a las minorías, tenía el defecto de su evidente arbitrariedad,
pues aparte de conceder a las minorías el tercio de la representación con solo
el cuarto de los votantes, reposaba sobre el absurdo de una pésima perecuación
de las bancas legislativas, la que daba lugar a que el voto de un ciudadano
radicado en Flores valiera veinte veces más que el de uno residente en
Montevideo, dado el número de diputados que proporcionalmente a la población
elegía cada departamento.
Esos defectos fueron fundamentalmente corregidos por
la ley de 1904, que dio la base del criterio de representación y distribución
seguidos por las leyes posteriores. Dentro de ese criterio, la reforma de 1907,
y la actualmente en trámite, supone concesiones de suma importancia; la representación
de las minorías, hasta el punto de poder afirmarse que después de esta nueva
reforma, el único progreso racional que podría incorporarse a la legislación de
la materia, sería la adopción del sistema de la representación proporcional."[6]
Así lo veían también los integrantes nacionalistas de la comisión de la
Cámara, doctores Rodríguez Larreta y Diego Martínez. "...la Comisión de legislación adoptando el sistema del doble voto
simultáneo. Los nacionalistas, moderados o radicales, conservadores o
revolucionarios podrán votar todos sin excepción por su partido. Y sus
cuestiones personales o intereses se resolverán en la segunda parte del
escrutinio en favor de los que hayan obtenido mayoría dentro de su partido.
Este sistema tiene también la ventaja de evitar en lo
sucesivo que se reproduzcan ciertos manejos electorales que dieron resultados
en los últimos comicios. Se recordará que en varios departamentos los
nacionalistas disidentes concurrieron a las urnas votando por candidatos
propios con el fin de disminuir el contingente de sus correligionarios
disciplinados y sabiendo que el triunfo de estos últimos sería imposible si los
votos disidentes elevaban el total de
votos emitidos y por consiguiente el cociente electoral necesario para que la
minoría obtuviera representación.
Con la nueva ley estos juegos no darán resultados. Los
disidentes, sean blancos o colorados, tendrán que votar por su partido y no podrán causar a sus correligionarios
ningún perjuicio con su disidencia...".[7]
La adopción del sistema del doble voto simultáneo establece que todos
los electores deberán votar a la vez por el partido de sus simpatías y por los
candidatos que deben elegirse en la circunscripción en que votan. Este
procedimiento les permitirá expresar conjuntamente sus preferencias de partido
y sus preferencias personales. Por otra parte el Senado incorporará la
necesidad de determinar el cociente electoral para la representación de las
minorías, para ello se sumarán únicamente las dos listas más votadas,
eliminándose las demás.
Dicho acontecimiento fue visto por la prensa de la siguiente manera:
"Además de la buena voluntad puesta
por los legisladores para dar a las funciones electorales la mayor pureza
posible -buena voluntad que todos reconocen lealmente- media el hecho de que en
la Cámara la reforma electoral no ha encontrado opositores, y que los
diputados, blancos y colorados, la han votado por unanimidad.
Es la primera vez que una ley obtiene tanta unanimidad
de sufragios.
Y ahora observamos: ¿cuál es el significado de esta
votación? Porque ciertamente una votación tan importante que afecta la más
íntima y sensible fibra de la vida política, debe haber sido sugerida por
alguna idea dominante en el actual momento, por un concepto anticipado y
previsor de los acontecimientos futuros.
¿Y cuál puede ser este concepto si no el de garantizar
al país la pacífica resolución al problema presidencial?
Pensad: desde hace mucho tiempo, y aun desde hace
demasiado tiempo, se han hecho pesar sobre la opinión pública oscuras amenazas
de conmoción, siempre que las elecciones del próximo Noviembre -preludio de la
elección presidencial de Marzo de 1911- resultasen favorables a la candidatura
del señor Batlle y Ordóñez. Un partido entero, se decía, se levantará en armas,
justificando su rebelión con la deficiencia de la ley electoral, que permite al
partido del poder manejar a su modo las urnas.
Ahora, este argumento, que podría primar en las masas
prontas a alzarse, ha desaparecido. La
nueva ley electoral, aprobada por unanimidad, por los diputados colorados y
blancos, constituye el deseado "equo" razonable, posible de alcanzar
por los dos partidos en lucha. Puesto que si así no fuese, los diputados
nacionalistas no la hubiesen votado y habrían levantado la voz en son de
protesta.
Esto no ha ocurrido; por el contrario, ha sucedido lo
contrario, y desde el momento que el partido nacionalista hace converger sus
votos sobre la ley, el partido nacionalista declara desde ahora,
implícitamente, que acepta el resultado de las elecciones de noviembre. Lo que
significa que el argumento de las armas es repudiado.
Y era ya tiempo de que se llegase a eso; era tiempo de
que el país oyese de los representantes directos del nacionalismo la palabra
de paz; la palabra que reduce a sus verdaderos términos, civiles, la lucha
electoral.
Y esta palabra la escuchamos al producirse la votación
unánime del sábado último".[8]
En Francia también se estaba buscando soluciones al problema de la
representación de las minorías, otra muestra que en el Uruguay de esos tiempos preocupaban los
mismos más que concitaban la atención mundial.
Por su parte en el editorial de El
País, transcripto en El Día, establecía:
"Para el país no puede menos de ser
honroso incorporar a sus leyes los más avanzados preceptos, que darán prestigio a nuestra democracia y pondrán de relieve el alto grado de cultura
y organización política que hemos conquistado a través de una existencia
agitada y tumultuosa.
Para el partido dominante le representa la
demostración ante propios y extraños de las tendencias innovadoras que lo
mueven en el sentido de magnificar nuestras prácticas republicanas,
propendiendo al mismo tiempo a establecer y consolidar un ambiente de
tranquilidad, de paz real y fecunda, cuyo corolario forzoso será el reinado
irrevocable del derecho, sin reservas, rindiéndose, además, así, un homenaje a
los grandes postulados de la democracia y elevando la conciencia cívica de la
nación y el prestigio moral de la República.
El partido dominante ha hecho, pues, obra meritoria:
ha evidenciado sus propósitos generosos; ha procedido consultando las
conveniencias del país, prescindiendo de las ventajas materiales que podría
significar el mantenimiento del régimen en vigencia. Cumple, ahora, que los
demás se conduzcan con igual rectitud, con la misma lealtad, en la tarea común,
impuesta por el patriotismo, de mejorar nuestros hábitos, suavizando asperezas
y corrigiendo pasiones, restos de los extravíos de otrora. La nueva ley ha sido
recibida con general aplauso, hecho sintomático que prueba su prestigio. En
cuanto a su aplicación, pueden, desde luego, los ciudadanos sentirse garantidos
por la corrección de los procedimientos gubernativos. El régimen de libertad
electoral está, por suerte, incorporado en la actualidad y desde hace algunos
años a nuestras prácticas.
El ambiente y los hombres dominantes concurren a inspirar
confianza en todos los espíritus. Falta, ahora, que el país presencie una gran
jornada cívica, en la que los ciudadanos demuestren su interés por la cosa
pública del comicio, el factor supremo para la realización de los anhelos
populares".[9]
El Ministro de Francia Aristides
Briand soluciona el problema de las minorías: "...La comisión de escrutinio general de votos constatará el número
total de los electores y determinará dividiendo ese número por el de los
diputados a elegir en la circunscripción, el cociente electoral. La comisión
sumará los sufragios obtenidos por los candidatos de cada lista y dividirá ese
total por el número de asientos a repartir a fin de establecer el término
medio de los votos obtenidos por cada lista.
La comisión atribuirá a cada lista cuya media llegue
al cociente electoral tantos votos como veces esa media contiene el cociente.
La Comisión proclamará elegidos hasta la concurrencia de los asientos así
atribuidos los candidatos más favorecidos de cada lista. Si según dichas
atribuciones de asientos, quedan diputados por elegir se proclamarán elegidos
los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios cualquiera que sea
la lista en que ellos figuren".[10]
En este ambiente comienza a verse la política de otra forma: "Durante mucho tiempo, en efecto, la
política no ha tenido más que un fin:
conquistar y conservar el poder, sin más objeto que el poder mismo.
Arrellanados en sus puestos los vencedores, no abrigaban, después, más que una
preocupación: la de sacar de sus posiciones el mayor jugo posible de provechos
personales.
Los tiempos han cambiado. La política no es ni puede
ser un mero reparto [...] La conquista de los puestos públicos tiene otro fin
más generoso: la realización del ideal. Lo que vincula a los hombres de un
mismo partido no es el interés personal común, sino la comunidad del pensamiento".[11]
No fueron solamente estos los mecanismos políticos que vivió el país,
debemos de sumarle la integración de los sectores empresariales al ámbito
político.
Por un lado tenemos la Federación Rural, fundada en diciembre de 1915;
las fuerzas opositoras al colegiado, que suscriben un acuerdo el 16 de
diciembre de 1916 (Partido Nacional, Partido Colorado General Rivera y la Unión
Cívica), donde presentan listas comunes en varios departamentos con el fin de
obtener la mayoría anticolegialista en la Convención Constituyente; por 1919 se
intentó fundar un partido conservador, la Unión Democrática.
"...la representación del
país en el Parlamento no está clasificada, en general, con subordinación a
conceptos diferenciales en lo económico, en lo social o en lo cultural; su
único aspecto de variedad es el político y aun éste reducido a los
tradicionales términos de lucha entre dos partidos cuyas doctrinas difieren en
accidentes más que en esencias ... En nuestra vida pública falta la representación
de la economía nacional; y es tanto más sensibles su ausencia en las funciones
de Gobierno, cuanto que ello se traduce en algo peor que desamparo, pues más
nocivo que el abandono es el apoyo inexperto de los incompetentes".[12]
Se buscó marcar las diferencias con los partidos tradicionales: "En la nueva agrupación no figuran políticos
profesionales y menos aún aquellos que hayan podido actuar en política
afiliados a otros partidos ... ha de intentarse la autonomía de las energías
nuevas para que ellos puedan llegar al fin que se persigue y se intenta ... lo
primero que se desea es que en el recinto donde se hacen las leyes, puedan
tener entrada, pero verdaderos representantes ... cuya voz pueda servir de
oportuno y razonado asesoramiento al debatirse las leyes que puedan afectar
directa o indirectamente a los productores".[13]
Entre sus integrantes se destacan: Ramón Alvarez Lista, Juan Carlos
Granara, Numa Pesquera, Carlos Forteza, Angel Bervejillo, Pedro Gil, Cristiano
Manocci, Pedro F. Suárez, Fernando de Lodrón y Vicente Cerizola.
"No ha podido escapar nuestro
país a la influencia de las tendencias sociales que dividen la oposición
pública en todo el mundo. Y como ha ocurrido en la generalidad de las naciones,
esas tendencias empiezan a perturbar la organización de los partidos políticos
tradicionales, en cuyo seno se nota ya visiblemente una disparidad de ideas que
amenaza destruirlos. El fenómeno no tiene nada de sorprendente. Constituidos
con fines exclusivamente políticos, su organización no responde ya a las
necesidades de la época moderna, en la que más que cuestiones de índole
política se debaten las de carácter económico y social. Forzoso es en
consecuencia que los organismos partidarios se pronuncien en esta clase de
asuntos, propiciando el triunfo de esas u otras de las doctrinas que aspiran a
predominar en la vida de los pueblos. Y como no cabe que en las viejas
agrupaciones compartan todos sus miembros las mismas ideas, necesario es se
rompan los antiguos modelos y se constituyan otras nuevas en concordancia cada
una con los principios sociales que sus componentes profesan... Los partidos
políticos están obligados a mantener principios definidos y tener soluciones
claras para los conflictos obreros y cuantos problemas el antagonismo creciente
entre el capital y el trabajo...".[14]
También en estos momentos de principios de siglo la política comienza a
transformarse en profesional. Si lo pensamos tranquilamente vemos la
importancia de estos años para el Uruguay, pues se trata mucho más que del
simple pasaje de una persona: es el inicio de un rumbo, de una conducción
política que marcará a fuego al Uruguay del siglo XX. "El poder y el tamaño creciente del Estado
fueron apuntalados por una élite política que se profesionalizó en su manejo.
Esa élite, por tener base económica sólida y duradera en los puestos públicos,
diferente origen social y nacional que los de las clases conservadoras, y
dominar mediante el Partido Colorado y el gobierno desde 1865 al diminuto
cuerpo electoral, pudo concebir y crear un modelo de Estado no representativo
de -y a veces hasta hostil a- las clases conservadoras.
A la vez, el aumento de los roles y el espacio
estatal, consolidaron el poder de la élite política y facilitaron su
independencia, ampliando, entre otras cosas, el electorado burocrático que era
aquel sobre el cual esa élite tenía un control directo, y también su influencia
sobre la sociedad y sus actividades, fuesen éstas culturales o económicas".[15]
CUADRO Nº 11
PROFESIONALIZACION DEL ELENCO BATLLISTA
GOBERNANTE
Nº total políticos entrados 163
Promedio en años de actividad por titular 8,55
Nº políticos con 9 o más años de actividad 70
% dentro del total políticos entra dos en el período 42,94
% de sus años en actividad dentro del total de años de
todos los entrados en el período 70,66
Promedio en años de actividad por titular de los con 9
o más años 14,07
Nº políticos con 15 o más años de actividad 32
% dentro del total políticos entrados en el
período 19,63
% de sus años en actividad dentro del total de años de
todos los entrados en el período 40,96
Promedio en años de actividad por titular de los con 15
o más años 17,84
Fuente: Barrán,
José Pedro - Nahum, Benjamín- Op. Cit. Tomo III. Pág. 66.
[3] González, Luis Eduardo- Estructuras políticas y democracia en
Uruguay. Montevideo. 1993. pág. 15.
[8] La sanción de la ley electoral. Su significación.
Comentarios de "L'Italia al Plata". El Día. Junio, 9 de 1910.
[10] La reforma
electoral. El proyecto francés y nuestra ley. Comparaciones oportunas. El Día.
Agosto, 24 de 1910.
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